Ordenar la transición para que el cambio sea posible
El primer desafío es comprender que la transición no es un acto fundacional ni una proclamación política. Es un proceso gradual, marcado por incertidumbres, tensiones internas y decisiones difíciles. En esta etapa inicial, el objetivo central no es todavía la democracia plena, sino evitar el colapso definitivo del Estado. Para completar este primer reto contener el conflicto, garantizar funcionamiento básico y reducir riesgos de violencia son condiciones previas para cualquier reconstrucción posterior.
Desde esa lógica, resulta inevitable que existan interlocuciones con sectores del poder que aún conservan capacidad de control. Negociar en este contexto no significa legitimar prácticas autoritarias, es saber administrar su deterioro. El error no está en dialogar, sino en perder de vista que esta fase es transitoria y que su propósito es abrir espacio al poder civil: no es una sustitución indefinida.
Superada la contención inicial, el proceso entra en su etapa más delicada, la que considero el segundo desafío: la reconstrucción del tejido político, social y económico. Aquí aparecen elementos que no admiten postergación. El primero es la liberación total de los presos políticos y el cese definitivo de la persecución. Sin este paso, no existe transición creíble, pues la democracia no se edifica sobre el miedo ni sobre la criminalización de la disidencia.
En paralelo, la transición debe ofrecer señales materiales claras a la sociedad. Esto implica que la reactivación del aparato productivo y la mejora progresiva del salario no pueden verse como concesiones populistas, sino como condiciones de estabilidad. Una población atrapada en la precariedad difícilmente sostendrá un proceso largo y exigente. En este punto, los ingresos que puedan derivarse de los acuerdos energéticos internacionales representan una oportunidad que no puede desperdiciarse. Su uso debe ser transparente, orientado a servicios esenciales, recuperación productiva y fortalecimiento del ingreso laboral, no a la reproducción de viejas prácticas rentistas.
Otro eje central es la reactivación plena de la política. La transición exige reglas mínimas que permitan la participación de todos los actores democráticos sin amenazas ni exclusiones. Partidos, liderazgos regionales, organizaciones sociales y ciudadanos deben poder actuar en un entorno donde la competencia no sea sinónimo de riesgo personal. Es esencial comprender que sin pluralismo político real, cualquier intento de normalización será apenas una simulación.
Finalmente, ningún proceso transitorio se consolida sin un actor democrático organizado capaz de asumir la reconstrucción institucional. La oposición democrática venezolana, con todas sus limitaciones y errores, ha sostenido durante años la demanda de cambio en condiciones adversas. Su inclusión no es un gesto simbólico, sino una necesidad estructural. No hay democracia futura sin quienes han defendido el voto, las libertades y la alternancia.
Integrados en una sola visión, estos elementos permiten entender la transición no como un salto al vacío, sino como un itinerario ordenado: primero, evitar el colapso; luego, restituir derechos y condiciones materiales; finalmente, reconstruir el poder civil y la legitimidad democrática. Por ende, la transición venezolana no será tan rápida ni cómoda como muchos esperan. Sabemos que exigirá paciencia, responsabilidad y renuncias tácticas, pero bien conducida, puede sentar las bases de una democracia más sólida, menos ingenua y más consciente de sus propios límites. El cambio no llegará por atajos, pero sigue siendo posible si se entiende que ordenar la transición es la única forma de que el futuro no vuelva a fracasar.
@freddyamarcano
