Organizaciones venezolanas repudiaron la orden de detención de una periodista de Infobae

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela repudió al pedido de arresto a una periodista de Infobae

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazaron este lunes la decisión de la dictadura de Venezuela que ordenó la detención de Sebastiana Barráez, periodista de Infobae.

“Fiscalía General de la República informó sobre emisión de orden de aprehensión en contra de la colega Sebastiana Barráez, por presuntas acciones terroristas. Se repite el libreto desde las altas esferas del poder para criminalizar el ejercicio periodístico”, escribió el CNP en su cuenta de X (antes Twitter).

Por su parte, el SNTP repudió la orden de arresto y dijo que “rechaza la criminalización contra la periodista Sebastiana Barráez y el sometimiento a la persecución judicial como medida para generar censura y atentar contra su libertad e integridad. Barráez es una reconocida periodista que ha investigado las fuentes de militar y frontera”.

En Argentina, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), manifestó su preocupación por la orden de detención de Barráez por parte del régimen. La organización señala que “la imputación se produce en un contexto en el que las autoridades venezolanas hostigan sistemáticamente al periodismo crítico y asfixian la libertad de expresión”.

El pedido de detención de Barráez se conoció este lunes, luego de que la Fiscalía General de Venezuela anunció la detención de 31 civiles y militares vinculados con cinco supuestos complots contra la dictadura chavista frustrados entre mayo del año pasado y los primeros días de 2024 e implicó a varios ex altos oficiales que se encuentran fuera del país.

En declaraciones al país, el fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, también mencionó a Tamara Sujú, Wender Villalobos, Norbey Marín, y a los militares retirados Mario Carratú Molina y José Colina, a quienes acusó de tener vínculos con “acciones terroristas y la operación Brazalete Blanco”.

“Los delitos por los cuales se les está investigando son: traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación” señaló el fiscal chavista.

Saab dijo a la prensa que todos los detenidos están “convictos, confesos y han develado información sobre los planes”, sin mostrar pruebas. “Todos los militares fueron captados desde Colombia”´, agregó.

El fiscal general sostuvo que durante el gobierno del ex presidente colombiano Iván Duque (2018-2022), “él estaba apoyando grupos mercenarios… ahora en la presidencia de (Gustavo) Petro”, el primer mandatario izquierdista del vecino país, “lo han hecho de manera encubierta, pero de igual manera lo hemos descubierto”.

Durante el mandato de más de diez años de Maduro se han denunciado decenas de supuestos complots y planes desestabilizadores por los que han sido detenidas numerosas personas, pero rara vez se ha informado sobre las conclusiones de los procesos.

El pasado mes de noviembre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que en Venezuela se mantiene “el constante y sistemático régimen de censura” que “genera autocensura entre los medios” independientes: “Los periodistas se ven asediados por el régimen, son acosados y amenazados cuando intentan cubrir protestas sociales o denuncian irregularidades y corrupción”.

En su informe, la SIP expuso al menos 22 casos concretos que dan cuenta de la persecución a la prensa, entre los que destacan el cierre de emisoras y espacios informativos dentro de ellas, la intimidación a periodistas y medios de comunicación por parte de funcionarios públicos y el bloqueo a portales digitales.

El dictador Maduro y la cúpula del régimen cuentan con decenas de denuncias por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de parte de diferentes organismos como la OEA y la ONU. Además, la Corte Penal Internacional (CPI) lleva adelante una investigación por esos delitos.