Ortega continúa despejando su camino hacia la reelección y detiene a otro precandidato opositor
El exdiplomático Arturo Cruz fue retenido a su llegada al aeropuerto de Managua procedente de EE.UU.
El precandidato a la presidencia de Nicaragua, Arturo Cruz, fue detenido este pasado sábado tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, tras realizar una gira por Estados Unidos. Según un comunicado emitido por la Fiscalía de Nicaragua, Cruz fue detenido por «contar con fuertes indicios de que ha atentando contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055», afirma. Dicha ley, bautizada como ‘Ley de defensa del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz‘, fue aprobada el pasado mes de diciembre por el Gobierno de Ortega con el fin de impedir que candidatos opositores se presentaran a las elecciones del próximo 7 de noviembre. Según el texto, dicha ley «prohíbe optar a cargos de elección popular a los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, alteren el orden constitucional, inciten la injerencia extranjera y fomenten actos terroristas».
Con ella, el líder sandinista elevaba a rango de ley un concepto político: «Los vendepatrias que denuncian a nivel internacional la represión en el país», explicaba a ABC el politólogo y periodista nicaragüense, Edgardo Pinell. Según dicha ley, quienes promuevan protestas o pidan sanciones internacionales contra el régimen sandinista serán considerados «golpistas», lo que les cerraría la puerta a presentarse a las elecciones. «Yo mismo al hacer estas declaraciones podría ser considerado un antipatriota», señalaba entonces Pinell. Esta norma tiene como fin desacreditar a los posibles candidatos opositores. «Es una ley que inhibe, que cierra la competencia, y que dinamita uno de los pilares para unas elecciones libres, justas y transparentes», subrayaba el politólogo.
Según recoge el medio ‘100%noticias’, la policía acusa a Cruz, precandidato por la plataforma Alianza Ciudadanos por la Libertad, (ACxL), de presuntamente de organizar, con financiamiento de «potencias extranjeras», «actos de terrorismo y desestabilización». Cruz sería el primer opositor al que se aplica esta ley aprobada en diciembre.
Esta la segunda detención que lleva a cabo el régimen nicaragüense de precandidatos a la Presidencia de Nicaragua, para la que Ortega se presenta a la tercer reelección consecutiva. El pasado jueves fue allanada la vivienda de la precandidata Cristiana Chamorro, que se encuentra en arresto domiciliario desde ese día acusada en una investigación por presunto lavado de dinero a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). Acusación por la que la precandidata, la rival mejor colocada según las encuestas para enfrentarse a Ortega, ha sido inhabilitada.
Esta inhabilitación no podría ser la única, pues varios de los precandidatos, que participaron en las protestas de 2018 -alguno, como Miguel Mora-, podrían seguir la misma suerte, o podrían ser excluidos por la propias formaciones por las que se presentan presionadas por el régimen, bajo la amenaza de ilegalizarlas como sucedió hace tres semanas con el PRD y el PC.
Denuncias de la comunidad internacional
La detención de Cruz se produce 24 horas después de que EE.UU. exigiera la «inmediata liberación» de Chamorro, y denunciara las irregularidades del proceso electoral: «El arresto de la señora Chamorro se produce en medio de implacables ataques contra candidatos presidenciales que están a favor de la democracia y medios independientes. El régimen de Ortega se ha comprometido a prohibir la participación de Chamorro en las elecciones de noviembre y, en mayo, canceló sin fundamento el estatus legal de dos partidos políticos de oposición. En lugar de implementar reformas electorales antes de la fecha límite de mayo establecida por la Organización de Estados Americanos, el presidente Ortega instituyó más restricciones y redujo la transparencia electoral», afirmaba en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
Unas denuncias a las que se han sumado también la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y también España, a través de un comunicado -bastante tibio- del Ministerio de Exteriores que manifestaba su «preocupación» por la detención e inhabilitación de Chamorro.
