Ortega está listo para reforzar su control sobre Nicaragua tras robarse las elecciones

La democracia ya estaba muriendo lentamente en Nicaragua, pero el 7 de noviembre Daniel Ortega le ha propinado la estocada final al declararse ganador de unas “elecciones” en las que no se le permitió participar a ningún candidato creíble de la oposición. Ahora, una cosa es clara: Ortega ha completado la transformación de Nicaragua de una democracia frágil a un Estado policial dictatorial.

El gobierno autocrático de Ortega en Nicaragua tiene años fortaleciéndose. Cuando surgieron las protestas masivas en abril de 2018, el régimen respondió con fuerza letal: asesinó a más de 300 personas, hirió a cientos más y obligó a muchos al exilio. Nadie fue responsabilizado por estos crímenes. A raíz de las protestas, Ortega intensificó su represión por medio del desmantelamiento sistemático de la prensa libre, la persecución de las organizaciones de la sociedad civil y la anulación legal de los partidos políticos de oposición.

Ortega intensificó su autoritarismo este verano, cuando la oposición democrática se unió en un acuerdo histórico para desafiarlo en noviembre. Para la segunda semana de junio, los siete principales candidatos de la oposición habían sido desaparecidos o detenidos por las fuerzas del régimen, entre ellos nuestros esposos, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. Durante esta ola de represión más reciente, el régimen de Ortega ha desaparecido o detenido al menos a 55 líderes de la oposición, incluyendo periodistas, activistas, estudiantes y empresarios.

Tras una semana de activismo en Washington en julio de este año, en la que nos reunimos con legisladores, entre ellos funcionarios del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el régimen nos calificó como “traidoras de la patria”, simplemente por abogar por la liberación de nuestros esposos y el resto de los prisioneros políticos. Estas fueron las circunstancias en las que se esperaba que el pueblo nicaragüense votara el domingo 7, con la oposición en la cárcel y fuera de la boleta de votación, la población aterrorizada y temerosa de las represalias, y el régimen envalentonado para hacer lo que sea para mantenerse en el poder.

Sin embargo, hay demasiado en juego como para perder la esperanza. Hemos regresado a Washington para abogar por la restauración de la democracia en nuestro país y pedirle al mundo que no permita que nuestro país se convierta en la próxima Venezuela, un Estado fallido donde las personas son sometidas a sufrir atrocidades masivas y una catástrofe humanitaria por un dictador corrupto.

Seguimos exigiendo la liberación inmediata de las más de 165 presos políticos en Nicaragua, entre ellos nuestros esposos. Todas estas personas enfrentan penas de prisión de 15 a 25 años por conspiración para socavar la soberanía e integridad de Nicaragua. Ahora el régimen ha suspendido sus juicios y ha prorrogado de manera indefinida su detención con orden de incomunicación. Ortega afirma que impulsará un diálogo nacional, pero no debe haber diálogo a menos de que la liberación de todas las personas presas políticas sea una condición previa. Simplemente no se le puede permitir tomar rehenes y luego utilizarlos para restaurar su posición política.

Las “elecciones” del domingo 7 de noviembre fueron ilegales e ilegítimas. No cumplieron con los estándares de la Constitución de Nicaragua o del derecho internacional para unas elecciones verdaderamente democráticas. Cuando el período de Ortega como presidente de Nicaragua expire el 10 de enero, nuestro país no tendrá un líder legítimo. Exigimos nuevas elecciones en las que la oposición pueda participar de forma libre y plena para que el pueblo nicaragüense pueda elegir a sus líderes.

También le hacemos un llamado a la comunidad internacional para que tome acciones coordinadas para confrontar al régimen dictatorial de Ortega. Los gobiernos democráticos en América y en todo el mundo deben actuar de forma multilateral para obligar a Ortega a cambiar de rumbo. Instamos al Consejo de Derechos Humanos y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que convoquen sesiones de emergencia para responder a la crisis. Además, alentamos a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos a exigir al régimen que rinda cuentas mediante acciones amparadas en la Carta Democrática Interamericana, como se estipula cuando hay una interrupción inconstitucional del orden democrático en cualquier Estado de la región.

A nuestros compatriotas nicaragüenses, y a todos los que han sido testigos del descenso de Nicaragua a la dictadura, les pedimos que no pierdan la esperanza. En este momento de oscuridad es cuando debemos tener una enorme solidaridad entre nosotros, y en el futuro brillante y democrático que sabemos es posible.