Ortega y Murillo: crímenes de lesa humanidad, según informe de la ONU

Las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, el ensañamiento contra opositores políticos, activistas sociales y más recientemente contra figuras del clero católico, forman parte del expediente que comienza a sustanciarse para señalar al régimen de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, en Nicaragua, de ser responsables de crímenes de lesa humanidad.

Un grupo de expertos de alto nivel, enfocados en verificar los hechos denunciados a partir de 2018 dio a conocer en Ginebra su informe, luego de un año de trabajo. El documento será presentado en la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas este lunes 6 de marzo, pero los hallazgos y conclusiones han sido adelantados a la prensa.

«Desde 2018 hasta hoy, en Nicaragua se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, que incluyen asesinatos, torturas, encarcelamientos, violencia sexual, deportación forzosa, y han sido ordenados desde las más altas autoridades de la Presidencia y la Vicepresidencia, de forma intencional, y por lo tanto hay responsabilidad del Estado por el delito de persecución», sostiene una de las conclusiones más contundentes.

Como en elcaso de Venezuela,hace tres años, el Consejo de Derechos Humanos nombró una triada de expertos con la tarea minuciosa de verificar las denuncias, documentarlas y presentarlas bajo un formato cónsono con la Justicia Penal internacional.

Expertos venezolanos en derechos humanos corroboraron que los informes elaborados por la misión de la ONU en el caso de Venezuela han sido base fundamental para la activación del proceso de investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), aunque desde un punto de vista formal una cosa no está condicionada por la otra.

«Básicamente estas misiones de verificación de la ONU, con expertos de muy alto vuelo y experiencia con la CPI, terminan elaborando informes muy serios y documentados que son usados por el Tribunal de La Haya, así ocurrió con Venezuela», sostiene un abogado venezolano involucrado en este proceso y que prefiere sea omitida su identidad.

En el caso de Nicaragua, el grupo de expertos fue nombrado hace un año. Tenía por tarea determinar si existían indicios de que Ortega y Murillo, junto con su séquito, hubiesen cometido crímenes de lesa humanidad en 2018, cuando las protestas sociales fueron duramente reprimidas con balas de alto calibre por la Policía y grupos paramilitares.

Los expertos concluyeron que este esquema de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos, que constituyen delitos de lesa humanidad según la CPI, no solo se cometieron en el pasado, sino que desde 2018 ha existido una continuidad hasta el presente.

El jurista alemán Jan-Michael Simon, quien preside el grupo de expertos designados por la ONU, explicó al portal Confidencial que si bien se necesitan nuevas investigaciones para «individualizar las responsabilidades penales» y determinar las responsabilidades de los mandos medios de la Policía, el sistema penitenciario, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, en la comisión de estos crímenes, «hemos establecido la responsabilidad de la cúpula del Estado, con el umbral de pruebas que nosotros aplicamos, sobre la responsabilidad del señor Daniel Ortega y de la señora Rosario Murillo«.

El informe recomienda a la comunidad internacional «adoptar acciones para la rendición de cuentas de los responsables en materia de justicia; ampliar las sanciones individuales a los responsables de la cadena de mando; y condicionar cualquier cooperación económica con Nicaragua a una mejora en la  grave situación de derechos humanos».

Este lunes 6 de marzo, en la plenaria en Ginebra, los investigadores solicitaran les sea renovado su mandato, posiblemente por otro año más, para profundizar en la investigación y documentar los hechos, así como para establecer las respectivas cadenas de mando en los hechos violatorios de la dignidad humana.

Como ocurrió con Venezuela, la misión dedicada a Nicaragua no pudo visitar el país centroamericano. Mucho trabajo de campo se ha realizado en países limítrofes, entrevistando a víctimas que debieron exiliarse.

Los investigadores de la ONU encontraron «motivos razonables para creer que estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad».

La creación de esta misión de alto nivel dedicada a Nicaragua, que actúa de manera paralela al mandato que tiene el alto comisionado de derechos humanos de la ONU también para el país centroamericano, fue propuesta por Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay, y se aprobó el 31 de marzo de 2022.