Ortega y Murillo extienden la represión más allá de las fronteras de Nicaragua
'El régimen de Ortega y Murillo ha convertido el exilio en una trampa: obliga a los opositores a huir para salvar sus vidas, pero luego los persigue en el extranjero'.
Salir de Nicaragua y encontrar refugio en otro país ya no es sinónimo de tranquilidad o seguridad para los exiliados nicaragüenses. La Organización de Naciones Unidas, a través de un grupo de expertos, ha documentado cómo elrégimen de Daniel Ortega y de su pareja y copresidenta, Rosario Murillo, ha extendido su maquinaria represiva más allá de las fronteras de Nicaragua.
La persecución y acoso contra los disidentes de Nicaragua en el exilio es el resultado de una red transnacional que combina vigilancia, hostigamiento y confiscaciones. En el informe se revela cómo la dictadura sandinista ha institucionalizado tácticas para silenciar a disidentes en países como Costa Rica, EEUU y España.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, que opera por mandato del alto comisionado de Naciones Unidas con sede en Ginebra, documentó la existencia y prácticas de este aparato de represión transnacional. Según el reporte, el régimen utiliza agentes estatales, redes de inteligencia y colaboradores en el extranjero para monitorear y acosar a exiliados.
Entre las tácticas identificadas están la vigilancia digital, las campañas de difamación en redes sociales, la persecución de familiares que permanecen en Nicaragua y la denegación de servicios consulares, como la emisión de pasaportes.
Además, está la confiscación de propiedades y la pérdida de nacionalidad decidida contra unas 400 voces críticas del régimen, incluyendo periodistas, académicos y activistas, que viven el exilio en una suerte de limbo, despojados de su identidad y también del patrimonio que dejaron dentro del país centroamericano.
«El largo brazo de Ortega y Murillo«, le califica el diario español El País. Desde 2018, cuando las protestas masivas contra el régimen fueron sofocadas con una violencia que dejó más de 350 muertos, según organizaciones de derechos humanos, el éxodo de nicaragüenses se ha disparado. Cerca de 100.000 personas han buscado refugio en países vecinos como Costa Rica o en destinos más lejanos como EEUU y España.
Empero, huir de Nicaragua e incluso encontrar acogida en otro país no les garantiza seguridad a los exiliados políticos. Casos documentados muestran a exiliados recibiendo amenazas telefónicas o enfrentando campañas de descrédito orquestadas desde Managua, lo que demuestra la determinación del régimen por neutralizar cualquier voz crítica, sin importar dónde se encuentre.
Carlos Fernando Chamorro, laureado periodista nicaragüense y director en el exilio del medio digital Confidencial, ha sido también víctima de este brazo represivo que no conoce fronteras. Exiliado en Costa Rica tras la confiscación de las oficinas de su medio en 2018, Chamorro ha denunciado incansablemente las tácticas del régimen.
«El régimen de Ortega no solo persigue a los opositores dentro de Nicaragua, sino que ha creado una maquinaria de represión que opera sin fronteras, atacando a quienes desde el exilio seguimos denunciando sus crímenes», sostiene Chamorro. El periodista, que fue despojado de su nacionalidad en 2023, enfrenta constantes amenazas, mientras su familia en Nicaragua sigue bajo presión.
Chamorro, consultado por DIARIO DE CUBA, ha subrayado que el objetivo del régimen es desmantelar las redes de resistencia en el exilio. La confiscación los bienes de medios de prensa independiente, como fue el caso de Confidencial o del histórico diario La Prensa, junto a la supresión de nacionalidad de figuras públicas son herramientas clave para generar miedo y desincentivar el activismo político.
Bianca Jagger, reconocida activista pro derechos humanos en Nicaragua, ha calificado estas prácticas como «una extensión del terrorismo de Estado«. En un comunicado reciente, Jagger afirmó que «el régimen no se conforma con controlar Nicaragua; su objetivo es aplastar cualquier voz disidente, sin importar dónde se encuentre. Esto incluye ciberataques, vigilancia y represalias contra familiares, lo que constituye una violación flagrante del derecho internacional».
Por su parte, Manuel Orozco, analista del Diálogo Interamericano, con sede en Washington, ha estudiado el impacto de la represión transnacional en las comunidades exiliadas. En un informe reciente, Orozco cuestionó que «el régimen de Ortega y Murillo ha convertido el exilio en una trampa: obliga a los opositores a huir para salvar sus vidas, pero luego los persigue en el extranjero».
Según el experto, la confiscación de bienes, especialmente viviendas u oficinas, no solo constituye una sanción política, ya que se le violan sus derechos, sino que también generan un impacto económico significativo, ya que muchos dependen de propiedades en Nicaragua, que pueden rentar, para su sustento en el exilio.
Orozco destaca el componente psicológico de esta estrategia, que busca mantener a los exiliados en un estado de miedo constante, limitando su capacidad para organizarse políticamente.
Según el grupo de trabajo de la ONU, la represión transnacional es solo una faceta de la consolidación autoritaria de Ortega y Murillo. Desde 2018 el régimen ha desmantelado cualquier vestigio de independencia institucional en Nicaragua. El Poder Judicial no tiene independencia y ha quedado subordinado a la Policía Nacional, que es dirigida por el consuegro de la pareja presidencial.
Entretanto, recientes reformas constitucionales han otorgado a Rosario Murillo un poder sin precedentes, incluyendo el control sobre el Ejército. Además, la legalización de grupos paramilitares, con un estimado de 76.800 miembros, ha fortalecido el aparato represivo, según un informe de marzo de 2025.
La red de represión transnacional de Ortega y Murillo constituye una grave violación de los derechos humanos y un desafío directo a las normas internacionales. Al perseguir a exiliados, el régimen no solo busca silenciar a sus críticos, sino también perpetuar un ciclo de miedo que desmovilice cualquier resistencia, coinciden Orozco y Chamorro.
Para los expertos de la ONU es indispensable que los gobiernos de acogida de los exiliados actúen, dentro de sus competencias, para garantizarle seguridad a los nicaragüenses que huyeron de la dictadura.
