Pablo Mieres: No toquen nada. Sordos y agotados

«Este gobierno y su partido están agotados, encerrados, y hacen oídos sordos a los reclamos ciudadanos».

En los gobiernos democráticos, los que dependen del apoyo ciudadano y rinden cuentas ante la población como es el caso de nuestro país, existe una regla fundamental que lleva a que cuando una gestión de algún área del gobierno no funciona, fracasa, no cumple con los objetivos o actúa irregularmente cometiendo actos contrarios a las reglas de juego, se lo sustituye.

Justamente, por eso mismo, los ministros son Secretarios de Estado, es decir responsables por designación del presidente de la República, de un área de la gestión de gobierno. En cualquier gobierno serio, cuando una gestión ministerial no cumple con sus objetivos, el presidente lo sustituye y nombra un nuevo ministro o jerarca.

Pues en nuestro país esto no ocurre. Desde hace años el Frente Amplio y sus gobiernos han decidido sostener, contra toda evidencia, a todos sus jerarcas, con independencia de sus resultados.

Durante este período de gobierno, las interpelaciones, los pedidos de informes o las investigadoras parlamentarias, por más que hayan constatado o confirmado irregularidades, ilicitudes, mentiras, fracasos rotundos o incumplimientos irreversibles de promesas y objetivos formulados, han sido descartadas por el gobierno y el Frente Amplio que, aferrados a sus errores y horrores, han defendido «a capa y espada» a todos y cada uno de sus representantes.

¿Alguien en este país tiene alguna duda de que la inseguridad no ha hecho otra cosa que aumentar en los últimos años? ¿Alguien cree que la política del Ministerio del Interior ha sido exitosa? Las metas anunciadas por el presidente en marzo de 2015 están totalmente fuera del alcance de este gobierno. Dijeron que reducirían las rapiñas en un 30% y en el primer semestre de este año se incrementaron en más de un 50% con respecto a igual período del año anterior y los homicidios han superado este año un horrible récord histórico.

Sin embargo, el ministro del Interior y su equipo continúan en funciones desde hace ocho años y nueve meses, aunque no se pueda creer, con un fracaso constatado y reiterado desde hace largos años, toda la bancada del partido de gobierno levantó sus manos para defenderlo hace muy pocos días en el Senado.

Lo mismo pasa con la conducción de la educación. No importa que se haya reconocido que los indicadores educativos son muy malos y que las metas propuestas no se alcanzarán en prácticamente todas las áreas del sistema educativo. No importa que el Instituto de Evaluación Educativa esté sometido al control político de las autoridades para que no diga cosas inconvenientes, demostrando el fracaso de sus jerarcas.

Igual que en el caso de la seguridad, el principal jerarca de la educación lleva más de seis años al frente del CODICEN, fracasando en reiteración real e inventando justificaciones que, ni siquiera son inteligibles en su extensa y burocrática verborragia eterna y vacía. Todo el partido de gobierno defiende la pésima gestión educativa que condena al fracaso o a la deserción a miles y miles de niños y adolescentes de nuestro país.

Tampoco existe respuesta ante la comprobación definitiva de una larga colección de mentiras para sustentar la construcción de un complejo de espectáculos con el principal objetivo de convertirlo en plataforma de lanzamiento de la campaña electoral de una ministra. No importa que hayan ocultado información, que hayan pretendido una reserva inadmisible en un Estado de Derecho o que pretendan convencer de que gastar más de ochenta millones de dólares en vez de cuarenta no fue, por lo menos, un error de cálculo.

No importó que el vicepresidente haya mentido sobre su título universitario inexistente, el Plenario del Frente Amplio, por abrumadora mayoría se solidarizó con el mentiroso y acusó a los medios y a los partidos de oposición de atentar contra la institucionalidad. Tampoco importó que hubiera cometido varios delitos constatados por la Justicia. En el Parlamento se lo defendió y el presidente dijo que su segundo a bordo había sido objeto de un fantástico «bullying» nunca visto antes. Incluso después del dictamen del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (único ámbito que parece mantener los reflejos éticos que corresponden), demoraron más de un año en establecer un castigo que llega justo antes de la campaña electoral y dura exactamente hasta que termine el ciclo electoral.

Tampoco importó que un Senador de la República haya cometido actos indignos del cargo, señalados por la JUTEP, un Fiscal y el propio Tribunal de Conducta Política. En el Senado primero, en ocasión de un planteo de fueros, y en la Cámara de Representantes después, hace apenas unas semanas, todos los legisladores del partido de gobierno levantaron solícitos sus manos para defender al corrupto. Es más, aún hoy, han resuelto evitar que sea candidato, pero todo indica que seguirá ocupando su banca en el Senado, lo que ofende al cuerpo que mantendrá a un Senador corrupto en sus filas.

Lo mismo ocurre con el Diputado Daniel Placeres. A esta altura resulta muy evidente que su conducta con respecto a la cooperativa Envidrio encuadra en varias irregularidades que pueden, incluso, ser de tipo delictivo. La Justicia lo está indagando y, mientras tanto, todo el Frente Amplio lo ampara y defiende a rajatabla.

También ocurrió lo mismo con la horrenda gestión de ASSE y su cúpula que toleró todo tipo de irregularidades y desvíos de conducta. Muy tarde, y justificándolo en otros hechos que nada tenían que ver con las irregularidades constatadas, se sustituyó a la conducción de ASSE. Tarde y mal, sin reconocer nada.

No existe en el gobierno la idea de evaluación de resultados y rendición de cuentas. Se quedan porque así lo decide el presidente y su partido. Quizás sea inevitablemente una de las patologías del ejercicio de un poder excesivo, porque es cierto que hemos visto antes conductas muy similares en ocasión de gobiernos anteriores pertenecientes a los partidos tradicionales.

Pero lo cierto es que este gobierno y su partido están agotados, encerrados y hacen oídos sordos a los reclamos ciudadanos por cambios en las políticas públicas y a las evidencias que prueban irregularidades y actos indebidos de varios de sus integrantes.

No toquen nada parece ser la máxima que orienta su conducta. Por eso, más que nunca, es necesario reafirmar la imperiosa necesidad de cambiar. En eso estamos.