CDMX, México. – Si comparamos los parlamentos democráticos de América Latina con el Parlamento de la cleptocracia cubana, vemos que la transparencia informativa y la rendición de cuentas, así como la participación ciudadana, son prácticamente nulas.
El Índice de Transparencia elaborado por la Red de Transparencia Legislativa, una organización que monitorea los parlamentos latinoamericanos y que cuenta con 32 organizaciones en 15 países del área, propone cuatro indicadores básicos para evaluar la transparencia en la región. Estos son: Normatividad, Labor del Congreso, Presupuesto y Gestión Administrativa, y Participación Ciudadana.
La opacidad del Parlamento cubano se evidencia en la ausencia de información pública sobre sus gastos, debates, rendiciones de cuentas y la “secreta” participación ciudadana en el control de la actividad parlamentaria.
Las sesiones del Parlamento cubano son inaccesibles para la población. En la Isla está prohibido el acceso de los ciudadanos a las sesiones públicas de dicho organismo. El Parlamento no publica las versiones taquigráficas de los debates en la Asamblea, y los ciudadanos solo se enteran de la existencia de las sesiones por la selección que hace la prensa oficial de algún momento de la sesión parlamentaria, siempre que el régimen apruebe su difusión.
En cada sesión del Parlamento, al menos dos ministerios públicos rinden cuentas de su trabajo, una labor que se tramita a puertas cerradas, sin que la ciudadanía pueda conocer si hubo debate o solo fue una conferencia de los ministros implicados.
En el sitio web del Parlamento cubano no están publicadas las rendiciones de cuenta de los ministerios. Por ejemplo, según Prensa Latina, en la sesión de la Asamblea Nacional convocada para el 12 de diciembre, deberán rendir cuentas el Consejo de Estado, la Contraloría General de la República, el Gobierno de la provincia de Pinar del Río y el Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, en el sitio web no aparecen publicados los informes de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República, ni del Ministerio de Comunicaciones. Ambos estaban en este sitio web el pasado 24 de noviembre, pero fueron eliminados.
Ahora solo se puede consultar el Informe de Rendición de Cuentas del Consejo de Estado, pero este no contiene ninguna información sustantiva ni concreta de su labor. Tampoco hace una evaluación de sus resultados. Es un informe para desinformar que resulta inescrutable para la población.
El Parlamento es opaco y cerrado, inaccesible a la ciudadanía que no puede incidir sobre los diputados ni sobre los informes de rendiciones de cuentas. Tampoco sobre las leyes y decretos-leyes que impone el Parlamento a los ciudadanos.
El ejemplo más reciente es la aprobación del nuevo Código Penal que ha sido analizado y rechazado por la ciudadanía a través de la prensa independiente y en las redes sociales, únicas fuentes informativas donde los cubanos pueden informarse, evaluar y opinar sobre la realidad nacional, aunque los medios oficiales cubanos y el Gobierno no los tomen en cuenta y los demonicen.
¿Por qué el Parlamento cubano es disfuncional?
Desde 1976 el Parlamento ha aprobado por unanimidad y a mano alzada todas las leyes, medidas, rendiciones de cuentas y políticas públicas que han culminado en fracasos para la población. Desde la “Tarea Ordenamiento” hasta la política agraria, o el llamado a la guerra civil del dictador Miguel Díaz-Canel el 11 de julio de 2021, han sido respaldados por el Parlamento. Es un organismo que no representa los intereses de la ciudadanía, ni le permite informarse y participar en las políticas públicas, ni en la conformación de las leyes que impone la cleptocracia comunista cubana y que le afecta de manera inmediata en su vida cotidiana.
Típicos de un régimen totalitario, y copiados del sistema estalinista soviético desde 1976, tanto el Parlamento como el sistema político cubanos son opacos, cerrados, disfuncionales y altamente represivos. Lo más importante, el control ejercido desde la ciudadanía y la participación del pueblo en lo que aprueba el Parlamento no tiene lugar a pesar de que los diputados son, supuestamente, representantes del pueblo y garantes de sus derechos.
