Patricio Navia: AFP, QEPD
Cualquiera diría, a partir de lo que hace el gobierno, que el ganador de la elección de 2017 fue el candidato de izquierda Alejandro Guillier y no el abanderado derechista.
Ahora que el gobierno optó por impulsar su propio proyecto de ley para regular, por segunda vez en menos de seis meses, el retiro de un 10% de los fondos que tienen los chilenos en las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP), parece oportuno declarar que el sistema de pensiones privados que existe hoy en Chile tiene sus días contados.
Las AFP ascendieron hace poco al primer lugar entre los legados más odiados de la dictadura militar. Antes, ese lugar lo ocuparon el sistema electoral binominal, que fue reemplazado por un sistema más proporcional a partir de las elecciones de 2017, y la propia Constitución de 1980, que recibió el rechazo del 79% de la población en el plebiscito del 25 de octubre pasado. Ahora, el sistema privado de pensiones que estuvo en vigencia en el país por casi 40 años es el blanco de esa parte de la clase política que busca desmantelar el legado institucional heredado del régimen de Pinochet.
Tal como ocurrió con el sistema binominal, la clase política parece más preocupada de abolir el sistema que se implementó en dictadura que de diseñar el sistema que lo reemplace. En el caso del sistema electoral, el método proporcional terminó generando más problemas que los que solucionó. La fragmentación del sistema de partidos y la multiplicación de legisladores con muy poca votación (problema que era mucho menos común bajo el binominal) ha dejado bien en claro que el remedio puede ser peor que la enfermedad.
Los defensores de un sistema de pensiones de reparto a menudo prefieren desconocer los problemas de financiamiento que tienen ese tipo de sistemas en otras partes del mundo. También convenientemente ocultan que los países que lo han adoptado han optado por retrasar sustancialmente la edad de jubilación más allá de los 60 años para mujeres y 65 para hombres. Los promotores del reparto también ocultan que los países a menudo obligan a cotizar por un periodo de tiempo sustancialmente mayor que el que se requiere en Chile para acceder a una pensión mínima. Pero como el debate se ha centrado más en el intento por terminar con las AFP (No+AFP) que en el sistema que las reemplazará, muchos parecen creer, equivocadamente, que el nuevo sistema será inevitablemente superior al actual.
Aunque el gobierno intentó convertirlo en una victoria política —porque logró frenar el proyecto alternativo de retiro impulsado por la oposición—, el solo hecho de que La Moneda optara por enviar un proyecto de ley para permitir un nuevo retiro de los fondos de pensiones refleja lo débil que está el gobierno de Piñera. Cualquiera diría, a partir de lo que hace el gobierno, que el ganador de la elección de 2017 fue el candidato de izquierda Alejandro Guillier y no el abanderado derechista.
Si bien el gobierno promete que esta medida extrema de retiro no volverá a repetirse, el solo hecho que ya escuchamos esa promesa hace seis meses es razón suficiente para anticipar que no pasará mucho tiempo antes de que volvamos a entrar a un debate sobre un nuevo retiro parcial de los fondos de pensiones. Como la lógica de un sistema de pensiones privados consiste en que las personas ahorran obligatoriamente durante sus años laborales y que esos ahorros solo podrán ser retirados cuando la gente tenga edad para jubilarse, esta (segunda) medida de retiros de emergencia sienta un precedente. La única duda ahora es cuándo vendrá el tercer retiro (y el cuarto y el quinto… y así hasta agotar los fondos).
Muchas personas entienden las nefastas implicaciones de largo plazo de estos retiros hasta que se haga costumbre. Para ellos, la única estrategia dominante es retirar el dinero y buscar alguna forma alternativa de ahorrar para la vejez. Sabiendo lo que se viene, es mejor sacar la mayor cantidad de plata posible antes de que el gobierno opte por nacionalizar los fondos que quedan dentro. Después de todo, luego de varias rondas más solo una minoría de chilenos tendrá saldos en sus AFP. Ahí resultará fácil para el gobierno de turno decidir nacionalizar esos fondos y crear un fondo común para pagar las pensiones de todos, todas y todes.
Puede ser verdad que, mirando el corto plazo, el gobierno tomó la decisión más razonable para evitar un daño menor. Pero después de estar optando por las medidas más razonables para evitar desastres mayores, el gobierno de Piñera ya le puso la lápida a la Constitución y ahora está cavando el hoyo para sepultar a las AFP. Como cualquier economista —incluso los panfletarios de izquierda— podrá fácilmente anticipar, la promesa de mejores pensiones se aleja rápidamente ahora que los fondos de pensiones privados se han convertido en la caja de ahorros a la que se puede echar mano cada vez que hay una necesidad económica en la familia.
