Patricio Navia: El tercer retiro y la convención constitucional

Aunque algunos ingenuamente crean que la nueva constitución es una oportunidad para mejorar lo malo manteniendo lo bueno, la realidad es que el proceso constituyente echará abajo lo bueno y lo malo del Chile de los últimos 30 años para comenzar a construir uno nuevo. En ese nuevo Chile, el lugar de las AFP será remplazado por un sistema público de pensiones.

La disputa sobre la constitucionalidad del tercer retiro de los fondos de pensiones que impulsan legisladores de la oposición y del oficialismo deja en evidencia la agonizante condición de la Constitución de 1980. Sabiendo que ésta tiene fecha de muerte, los legisladores ya no tienen nada que frene sus impulsos por lograr ganancias de corto plazo. Aunque el gobierno lleve el proyecto al Tribunal Constitucional, ese órgano estará más preocupado de tratar de evitar ser abolido en el proceso de redacción de la nueva Carta Magna que de defender los preceptos vigentes en una Constitución que ya está desahuciada.

Aunque la presión para impulsar el tercer retiro ya venía al alza, el retraso de la elección para miembros de la convención constitucional le dio valiosas semanas adicionales a sus promotores para lograr su objetivo. Como un político siempre es especialmente susceptible a las demandas de corto plazo de los ciudadanos en temporada electoral, al retrasarse la fecha de la convención y suspender oficialmente la campaña, los legisladores se encontraron con la grata sorpresa de que ellos —por unas cuantas semanas más— vuelven a ser el centro de la atención política en el país. Como además ya habían experimentado la competencia que les hacían los candidatos a la convención constitucional, los legisladores ahora están plenamente conscientes de que, una vez electa la convención, ellos pasarán a la irrelevancia total. Por eso, el Congreso aprovechará esta oportunidad para hacer un último gesto que les permita ganar algo de popularidad a todos aquellos que se suban al carro que impulsa el tercer retiro de los fondos de pensiones.

Como un 80% de los chilenos votó a favor de reemplazar la Constitución, nadie tiene muchas ganas o energía para defender el orden constitucional actual. Es cierto que el gobierno del presidente Piñera anunció que intentaría bloquear un tercer retiro en el Tribunal Constitucional. Pero ni Piñera puede darse el lujo de impulsar una medida tan impopular ni el Tribunal Constitucional se va a atrever a defender una postura que, además, pronto será inutilizada por lo que decida la convención constitucional. Es más, el propio Tribunal Constitucional sabe que es más conveniente para su propio futuro como institución evitar convertirse en el último órgano defensor de una Constitución impopular y deslegitimada. Entre defender una Constitución que ya tiene fecha de entierro y defender su propia existencia en la próxima constitución, el Tribunal Constitucional probablemente optará por refugiarse en el principio de que nadie está obligado a hacer lo imposible. En este caso, lo imposible es intentar frenar la popular demanda a favor de un tercer retiro de 10% de los fondos de pensiones.

Aunque el número de beneficiarios sea menor —porque mucha gente ya no tiene dinero en sus cuentas— y aunque en realidad no sea un 10% de los fondos, es enormemente popular la idea de que los chilenos que todavía puedan hacerlo tengan la posibilidad de retirar parte de sus ahorros para enfrentar la crisis (o para poner sus ahorros en otra parte ahora que aumenta el temor de que eventualmente la convención constitucional estatice los dineros que todavía quedan en las cuentas individuales en las AFP).

Es más, precisamente porque la campaña para la convención constituyente se ha centrado en la expansión de derechos sociales —y no pocos candidatos prometen que el Estado garantizará una pensión mínima digna para todos— incluso aquellos que creen en el sistema de AFP tienen incentivos para sacar su plata y ponerla en cuentas de jubilación alternativas. Aun si las AFP no son estatizadas, todos querrán tener menos fondos en las AFP para así recibir algo de lo que será la pensión mínima garantizada en la nueva constitución.

En octubre de 2019, Chile cambió, pero no de la forma que muchos creen. Cuando el gobierno y la oposición concordaron en iniciar un proceso constituyente, las bases del modelo de la economía social de mercado, con sus conocidas debilidades y sus poco valoradas fortalezas, comenzaron a tambalear. La convención constitucional y el retiro de los fondos de pensiones son dos caras de la misma moneda. Aunque algunos ingenuamente crean que la nueva constitución es una oportunidad para mejorar lo malo manteniendo lo bueno, la realidad es que el proceso constituyente echará abajo lo bueno y lo malo del Chile de los últimos 30 años para comenzar a construir uno nuevo. En ese nuevo Chile, el lugar de las AFP será remplazado por un sistema público de pensiones. Después, mucho después de que los miembros de la convención constitucional hayan posado para la foto orgullosos con el texto de la nueva constitución, llegará el día que no haya suficientes fondos para pagar las pensiones dignas que se prometieron. Solo entonces será el lloro y el crujir de dientes. Pero antes de que llegue la resaca, la clase política y muchos en el país—ciertamente no muchos otros que de verdad lo están pasando mal—vivirán una fiesta memorable financiada con los ahorros de los propios chilenos que, se suponía, eran para ayudarlos a tener una mejor vejez.