Paula Quinteros – No estamos hablando de modales: estamos hablando de poder

Ilustración de Alejandra Svri

El martes 22 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó una reforma de su reglamento interno que permitirá a partir de ahora que un grupo de políticos pueda sancionar a periodistas acreditados si consideran que sus conductas «faltan el respeto de la cortesía parlamentaria». La medida, promovida por los partidos del Gobierno y sus socios, forma parte de una reforma que otorga a la Cámara la capacidad de decidir quién puede informar desde dentro y quién no. La oposición ha denunciado un intento de censura política; desde el oficialismo, se ha defendido como una barrera contra «agitadores de extrema derecha», en clara referencia al periodista Vito Quiles, que se ha hecho célebre en los últimos meses por sus preguntas incómodas siguiendo a los políticos por la calle, ya que dentro del Congreso nunca le dan el turno de palabra en las ruedas de prensa.

Quien define qué voz puede entrar y cuál debe callar está moldeando el relato de la democracia a su medida. Hoy es un periodista incómodo; mañana, un medio entero; pasado, una corriente de pensamiento. Para cuando lo comprendamos, será tarde. La democracia española no puede permitirse indiferencia ante la represión blanda. Cada paso que normaliza la censura informal nos acerca a una deriva autoritaria disfrazada de procedimiento. La aprobación de una nueva norma con la única finalidad de expulsar periodistas del Congreso debería haber provocado un pronunciamiento unánime de rechazo. Porque no estamos hablando de modales. Estamos hablando de poder.

No confundir la falta de pulcritud con una amenaza institucional

Muchos periodistas y trabajadores del Congreso han expresado gran malestar por escenas de desorden, imprecisiones o formas inadecuadas. Y tienen razón y están en su deber: el Congreso no es un plató ni una plaza, y su dignidad institucional debe ser respetada. El trabajo periodístico requiere reglas, y el acceso a esa institución no puede confundirse jamás con tener carta blanca para la provocación.

ero precisamente por eso, la respuesta debía ser profesional, no punitiva. Corregir los excesos no justifica aplicar una medida que, en lugar de restaurar la dignidad del espacio, refuerza una lógica de control y exclusión ideológica. ¿Se está aprovechando el malestar por la incomodidad, la imperfección o la falta de solemnidad para imponer una nueva forma de prensa domesticada?

La libertad no depende del tono

Vito Quiles no necesita ajustarse al tono clásico del periodista institucional. Necesita ser libre y responsable. No se lo reconoce —ya a sus 25 años— por el rigor del amplio recorrido profesional; su estilo es directo, moldeado por la cultura de las redes sociales, más inmediato que ceremonial. Pero mientras ejerza su función con respeto a la legalidad, el poder no puede sancionarlo por su forma. Una democracia no protege la tradición profesional: protege el derecho a mirar, incluso desde fuera del molde.

La decisión de que se pretenda impedirle entrar al Congreso —a él y a otros— representa algo mucho más grave que un castigo aislado: implica una lógica política peligrosa, donde el poder se arroga la potestad de decidir quién tiene licencia para informar. Implica un principio en retroceso: la libertad de prensa como derecho negativo, es decir, como espacio libre de interferencia. Si ese principio empieza a ceder según quién pregunta, cómo lo hace o a quién incomoda, entonces ya no estamos ante una democracia vigilante, sino ante un sistema que empieza a derivar hacia el control moral del discurso.

Conviene recordar al lector que la acreditación parlamentaria no es un sello moral, sino una garantía profesional vinculada al derecho a informar. Cuando se condiciona esa presencia a criterios subjetivos, dejamos de hablar de libertad de prensa y empezamos a hablar de prensa autorizada.

No es simpatía, son principios

La ejemplarización del caso de Quiles, convertido en blanco de una sanción con justificación biográfica, merece una aclaración de principio. Es de dominio público que ha trabajado en campañas políticas, que se expresa con una franqueza poco habitual en entornos institucionales y que ha manifestado abiertamente su posicionamiento ideológico. Pero esos elementos no invalidan su condición de periodista acreditado, ni anulan el derecho que le asiste —como a cualquier cronista— a formular preguntas en un espacio institucional que pertenece a todos.

«Si solo defendemos la libertad de prensa para quienes se parecen a nosotros, entonces no estamos defendiendo una libertad: estamos defendiendo una estética»

La democracia no requiere neutralidad emocional ni uniformidad de estilo. Necesita reglas iguales para todos. Y, sobre todo, que el poder no seleccione a sus interlocutores en función de la simpatía, la trayectoria o la incomodidad que provocan.

Y conviene añadir algo más: este joven periodista ha formulado algunas de las preguntas más directas, concretas y pertinentes que se han escuchado en la política española reciente. Y no lo ha hecho desde una tribuna cómoda, sino buscando a los políticos en la calle, en pasillos, en los márgenes del poder institucional. Ahí donde muchos medios no van. Preguntas que no estaban redactadas para agradar, pero sí para exigir respuestas. ¿Con algún comentario subjetivo? Sí.

Por supuesto que ha suscitado polémica, como es natural cuando se interpelan zonas de incomodidad. Pero también ha logrado algo más difícil: dejar pensando a muchos jóvenes, que escucharon —quizá por primera vez— preguntas que nadie les había planteado en su ecosistema. Que lo haya hecho desde una posición no convencional no debería debilitar su derecho, sino reforzarlo.

Porque si solo defendemos la libertad de prensa para quienes se parecen a nosotros, entonces no estamos defendiendo una libertad: estamos defendiendo una estética.

El Congreso no es una oficina de comunicación

El Parlamento es la sede de la representación plural, no el set de prensa de la mayoría gobernante. Su control sobre el acceso de periodistas debe regirse por principios jurídicos, no por preferencias ideológicas ni cálculos partidistas. La pregunta no es por qué pretenden expulsar a esos periodistas. La pregunta es por qué no escandaliza. Cuando los periodistas empiezan a aceptar que el acceso a las instituciones puede ser condicionado por el poder político, ya no estamos en un sistema libre, sino en uno tolerado. Cuando la prensa deja de incomodar por miedo a perder su asiento, deja de ser prensa: se convierte en eco.

España no ha cruzado todavía el umbral de los regímenes donde todo disenso es traición. Pero puede no estar tan lejos como desearíamos. El poder debe ser observado, incluso cuando se irrita. Incluso cuando acierta. Y especialmente cuando quiere elegir quién puede mirar, quién puede entrar. Como escribió Daniel Gascón en El País: «¿Qué es más peligroso para la democracia? ¿Un par de moscas cojoneras que hacen preguntas incómodas o que una mayoría parlamentaria decida expulsarlas?» Su columna fue tan lúcida como incómoda. Celebrada por muchos, pero también contestada desde dentro del propio periódico. Y es ahí donde la alarma se vuelve aún más clara: cuando incluso defender principios básicos, como la libertad de prensa, empieza a resultar disonante dentro de las redacciones.

La libertad de prensa no protege a los periodistas por lo que son, sino por lo que hacen. Y no será defendida si se invoca solo cuando conviene, o cuando el expulsado nos cae bien. Porque si el derecho a incomodar se vuelve condicional, entonces la verdad también lo será. Y lo inquietante es que muchos ya han elegido acostumbrarse.