Periscopio La Habana: Alerta a los inversionistas cubanos
El Consejo Nacional de Actores Económicos del Ministerio de Economía y Planificación de la República de Cuba desaprueba con su diligencia la apertura de nuevas micros, pequeñas y medianas empresas privadas nacionales.
Los funcionarios encargados obstaculizan el ejercicio de actividades orientadas a la comercialización, pese a que desde el pasado 22 de junio – a través de medios de comunicación masiva – demandaban la presentación de nuevas solicitudes relacionadas.
Y mediante vía telefónica cuestionan a los inversionistas nacionales sobre la posesión del capital social para la apertura de negocios, así como otras contribuciones de los socios y el alcance de actividades económicas declaradas en los objetos sociales.
Obsérvese que la legislación cubana no establece valores mínimos a declarar como aportes en las Sociedades de Responsabilidad Limitada, y tales interrogantes violan la Ley 149/2022 ¨De Protección de Datos Personales¨ aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Las autoridades apelan al Decreto-Ley 46 del Consejo de Estado, que en su artículo 95.1 inciso c) establece como causa de disolución de una mipyme la imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social o por falta de ejercicio de las actividades que lo integran.
Sin embargo, en el inciso e) del mismo artículo se declara como razón de cierre las pérdidas que dejen reducido el patrimonio social a una cantidad inferior a las dos terceras partes del capital social, cuestión improbable frente a la inflación generada por la Tarea Ordenamiento.
Ocurren otras discordancias, como la implementación de metodologías paralelas al marco legal.
Por si fuera poco, solicitan el envío por email de copias certificadas ante notario de acuerdos de modificación de objeto social.
Trascienden las discusiones por la visita al Ministerio de Economía y Planificación de los aspirantes a socios fundadores de los nuevos actores económicos; aunque sin la apertura formal de procesos de reclamación administrativa, violándose la Ley 142/2021.
El análisis del contexto muestra como resultado final un saldo positivo para la burocracia y el Partido Comunista – aliados – que nuevamente colocan pausas sin prisas a una nación subdesarrollada; y con ello, frenan la evolución hacia una gestión de gobierno digital.
Es necesario formar una cultura cívica y empresarial en la Isla, para demandar la restitución de los derechos en la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales y garantías de inversión ante la Sala de lo Económico de los Tribunales Provinciales Populares.
