Nota del editor (actualizada el 5 de abril de 2022): El 3 de abril, el fiscal general ucraniano declaró que hasta ahora se han encontrado los cadáveres de 410 civiles en los alrededores de Kiev, después de que las tropas rusas se retiraran de las posiciones cercanas a la capital. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dijo que Vladimir Putin debería ser llevado ante un tribunal internacional. El secretario general de la ONU pidió una nueva investigación sobre los asesinatos.

Vladimir Putin es «un criminal de guerra». Eso dicen Joe Biden y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Dos ex primeros ministros británicos, Gordon Brown y Sir John Major, se han unido a más de un millón de personas que han firmado una petición online pidiendo un tribunal internacional especial, siguiendo el modelo de los juicios de Núremberg, para juzgar al presidente ruso y a sus aliados más cercanos. Pero es inaudito que un jefe de Estado en activo sea extraditado para ser juzgado por un tribunal internacional. ¿Cuáles son las posibilidades de que sea juzgado?

Primero deben conseguirse muchas cosas. En Ucrania, el paso inicial -recopilar pruebas- está en marcha. El 16 de marzo, Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que juzga a personas, visitó el país en el marco de una investigación sobre crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también tiene su propia investigación.

Encontrar pruebas de crímenes de guerra es la parte fácil. El 16 de marzo, los rusos bombardearon el Teatro Regional de Drama de Donetsk en Mariupol, el mayor refugio antiaéreo de la ciudad asediada, que albergaba a unas 1.300 personas y tenía la palabra «Deti» (niños) pintada en enormes letras cirílicas en el exterior. Atacar deliberadamente a los civiles es un crimen de guerra. (Los rusos afirman, de forma inverosímil, que los ucranianos neonazis estaban bombardeando a su propio pueblo). A medida que las fuerzas rusas se han ido empantanando, los crímenes de guerra se han generalizado. Los dirigentes rusos han planteado incluso la idea de que se podrían utilizar armas químicas prohibidas. Si una de las razones para iniciar los casos de crímenes de guerra era persuadir a los comandantes rusos para que obedecieran las normas de la guerra, ello no parece haber funcionado.

A continuación, las pruebas tienen que ser consideradas en los tribunales. Un caso ha llegado a los tribunales: una demanda presentada por Ucrania en virtud de la Convención sobre el Genocidio de la ONU ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que juzga los conflictos entre Estados. Esto sugiere que los tribunales pueden ser comprensivos con los argumentos ucranianos. El caso era muy limitado: Ucrania pidió a la CIJ que rechazara el argumento ruso de que su invasión estaba justificada porque Ucrania había cometido un genocidio en las regiones escindidas de Luhansk y Donetsk. El tribunal dio la razón a Ucrania por 13 votos a favor y dos en contra (las excepciones fueron los jueces ruso y chino). Pero lo significativo fue la forma expansiva del fallo. Como señala Marko Milanovic, de la Universidad británica de Nottingham, el tribunal no se ciñó a los argumentos sobre el supuesto genocidio ucraniano, sino que fue más allá al afirmar que «el uso de la fuerza por parte de la Federación Rusa… plantea cuestiones muy graves de derecho internacional...». La ‘operación militar especial’… ha provocado numerosos muertos y heridos civiles». Ordenó que Rusia «suspenda inmediatamente las operaciones militares». Como mínimo, el tribunal pareció considerar plausibles los cargos contra Rusia.

Pero una cosa son los fallos legales. Llevar a los autores ante la justicia, otra muy distinta. Tanto en Siria en 2012-20 como en Myanmar en 2021, las comisiones de la ONU acusaron a los regímenes de crímenes de guerra. Ambos países fueron sometidos a sanciones y ambos regímenes permanecen en el poder. En el caso de Rusia, existen importantes barreras legales. Demostrar que Putin ordenó personalmente a sus fuerzas bombardear hospitales o escuelas sería difícil. Es probable que haya dado órdenes al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y probablemente también a los jefes del Estado Mayor. Pero mientras Putin y sus compinches sigan en el poder, será muy difícil ponerles las manos encima. E incluso si se presentaran cargos, serían ignorados. Rusia no reconoce a la CPI y no está obligada a entregar a un ciudadano ruso. Sí reconoce a la CIJ. Pero si se niega a cumplir la sentencia de ese tribunal, la única sanción es remitir el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene derecho de veto. Putin y su círculo parecen estar a salvo de la justicia internacional mientras sigan en el poder.

Sin embargo, esto puede no ser cierto en el caso de algunos funcionarios de menor rango. A pesar de los problemas para presentar cargos por crímenes de guerra, figuras destacadas han sido encarceladas. Uno de ellos fue Ratko Mladic, jefe del ejército serbio-bosnio durante la guerra de 1992-95, que fue extraditado a La Haya y declarado culpable de genocidio. El ejército serbio le protegió durante años, pero la situación cambió en 2011, cuando la Unión Europea dejó claro que Serbia sólo podría dar los primeros pasos hacia la adhesión a la UE si entregaba a Mladic. Y así fue. Si algún día Putin decide negociar su salida del atolladero ucraniano, los países occidentales podrían considerar el levantamiento de las sanciones a cambio de la extradición de algunos criminales de guerra rusos. Pero no esperen que sean los más importantes.

Traducción: Marcos Villasmil

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NOTA ORIGINAL:

The Economist

Editor’s note (updated April 5th 2022): The Ukrainian prosecutor-general said on April 3rd that the bodies of 410 civilians had so far been found around Kyiv, after Russian troops withdrew from positions near the capital. Joe Biden, America’s president, said Vladimir Putin should face an international tribunal. The un secretary general asked for another investigation into the killings.

Vladimir Putin is “a war criminal”. So say Joe Biden and America’s State Department. Two former British prime ministers, Gordon Brown and Sir John Major, have joined over 1m people who have signed an online petition calling for a special international tribunal, modelled on the Nuremberg trials, to try the Russian president and his closest allies. But it is unheard of for a serving head of state to be extradited for trial at an international court. What are the chances he could face prosecution?

A lot must fall into place first. In Ukraine, the initial step—gathering evidence—is under way. On March 16th Karim Khan, the prosecutor of the International Criminal Court (ICC), which tries individuals, visited the country as part of an investigation into war crimes, crimes against humanity and genocide. The United Nations Human Rights Council has its own investigation too.

Finding evidence of war crimes is the easy part. On March 16th Russians bombed the Donetsk Regional Theatre of Drama in Mariupol, the besieged city’s largest air-raid shelter which was harbouring perhaps 1,300 people and had the word “Deti” (children) painted in huge Cyrillic letters outside. Deliberately targeting civilians is a war crime. (The Russians claim, implausibly, that neo-Nazi Ukrainians were bombing their own people.) As Russian forces have got bogged down, war crimes have become widespread. Russian leaders have even raised the idea that banned chemical weapons might be used. If one of the reasons for starting war-crimes cases was to persuade Russian commanders to obey the rules of war, it does not seem to have worked.

Next, evidence has to be considered in court. One case has reached a court: a claim brought by Ukraine under the UN’s Genocide Convention at the International Court of Justice (ICJ), which adjudicates on conflicts between states. This suggests courts may be sympathetic to Ukrainian arguments. The case was a narrow one: Ukraine asked the ICJ to reject a Russian argument that its invasion was justified because Ukraine had committed genocide in the breakaway regions of Luhansk and Donetsk. The court found for Ukraine by 13 to two (the exceptions were the Russian and Chinese judges). But it was the expansive manner of the ruling that was significant. As Marko Milanovic of Britain’s University of Nottingham points out, the court did not stick closely to arguments about supposed Ukrainian genocide but went further, saying “the use of force by the Russian Federation… raises very serious issues of international law… The ‘special military operation’… has resulted in numerous civilian deaths and injuries.” It ordered that Russia “shall immediately suspend the military operations”. At the very least, the court seemed to consider charges against Russia plausible.

But findings in law are one thing. Bringing perpetrators to justice, quite another. Both in Syria in 2012-20 and in Myanmar in 2021, UN commissions accused the regimes of war crimes. Both countries were subjected to sanctions—and both regimes remain. In Russia’s case, there are significant legal barriers. Showing Mr Putin personally ordered his forces to bomb hospitals or schools would be hard. It is likely that he wrote orders to the defence minister, Sergei Shoigu, and probably to the chiefs of staff as well. But so long as Mr Putin and his cronies remain in power, these will be extremely difficult to lay hands on. And even if charges were brought, they would be ignored. Russia does not recognise the ICC and is not obliged to hand over a Russian citizen. It does recognise the ICJ. But if it refuses to comply with that court’s ruling, the only sanction is to refer the matter to the UN Security Council, where Russia has a veto. Mr Putin and his circle seem safe from international justice so long as they remain in power.

That may not be true, though, of some lower-ranking officials. Despite the problems of bringing war-crimes charges, significant figures have been jailed. One was Ratko Mladic, the head of the Bosnian-Serb army during the during the Bosnian war of 1992-95, who was extradited to the Hague and found guilty of genocide. He had been protected for years by the Serbian army but this changed in 2011 after the European Union made clear that Serbia would only be allowed to take the first steps on the way to EU membership if it handed Mr Mladic over. It duly did. If Mr Putin one day decides to negotiate himself out of his Ukrainian quagmire, Western countries might consider lifting sanctions in return for the extradition of some Russian war criminals. Just do not expect it to be those at the top.