Polonia, la transición fallida a la democracia liberal

El primer ministro polaco, Donald Tusk EFE

Las expectativas de Bruselas, que confiaba en que Donald Tusk convertiría a Polonia en una democracia europea homologable, se han dado de bruces con la realidad política del país, bastante más complicada que lo que permiten analizar los términos de derecha e izquierda. Desde las pasadas elecciones de octubre, en las que fue desalojado del poder el partido nacionalista, autoritario y católico Ley y Justicia (PiS), Polonia se ha sumido en el caos de una guerra de guerrillas partidista que oscila entre el sainete y la pérdida de legitimidad democrática. Y no es sencillo adjudicar o repartir las responsabilidades, porque la política polaca no responde a categorías estándar.

Hablamos de un país que, durante buena parte del siglo XX, ni siquiera aparecía en el mapa de Europa. Atacada doblemente por Hitler y Stalin, ha concebido un tipo de identidad nacional basado tanto en la defensa como en la necesidad de apuntalar amistades tanto hacia el este como hacia el oeste.

El abogado Jaroslaw Kuisz y la socióloga Karolina Wigura, que dirigen desde 2009 el portal ‘Kultura Liberalna’, acaban de escribir un ensayo titulado ‘Soberanía postraumática’. Desde su punto de vista, la repetida experiencia del colapso del Estado en Polonia flexibiliza las exigencias democráticas y deja en segundo plano objetivos estatales como garantizar el bienestar, la salud o las infraestructuras. Y reconocen que esta diferente comprensión del Estado puede conducir, a veces, a episodios grotescos.

En octubre de 2021, el por entonces primer ministro polaco Mateusz Morawiecki (PiS) llamó a las armas si la Comisión Europea iniciaba «una tercera guerra mundial», en la disputa sobre el Estado de derecho en Polonia. Los viejos líderes del PiS siguen ahora llamando a la resistencia contra el Gobierno democráticamente constituido y piden nuevas elecciones, argumentando una «situación de emergencia en la que la Constitución en la práctica ya no es válida».

El nuevo primer ministro, Donald Tusk, ha acusado públicamente a Jaroslaw Kaczynski (presidente del PiS) de alentar «diversos métodos» para desautorizar al Gobierno: «Si alguien realmente tiene en mente un golpe de Estado, probablemente sea Kaczynski».

Sin duda tiene razón al valorar que Kaczynski es «un hombre cada día más alejado de la realidad, en una escala con tendencias peligrosas», pero al mismo tiempo no logra controlar a los suyos dentro del redil de lo democráticamente aceptable. Tras las elecciones de octubre, seguidores de Tusk han irrumpido en medios de comunicación públicos, interrumpiendo emisiones para sustituir tertulias políticas por música clásica, un tipo de episodio que no se veía en Europa desde el 23-F en España, el día en que Radio Nacional sustituyó su programación por marchas militares.

En las últimas dos semanas, la escalada de tensión entre los dirigentes del PiS y el Gobierno de Tusk se han centrado en la condena a dos diputados del PiS, el ex ministro de Interior Mariusz Kaminski y el que fuera su número dos, Maciej Wasik, que se refugiaron en el Palacio Presidencial de Varsovia para evitar su arresto y finalmente fueron detenidos, para lo cual fue necesario que la Policía allanase el edificio. El caso ha derivado en un enfrentamiento abierto entre el primer ministro y el presidente, Andrzej Duda, procedente del PiS y que ha indultado por dos veces a los detenidos y ha forzado su liberación, destruyendo así el último puente de consenso que podía conducir al diálogo entre los dos bandos políticos durante el periodo de transición.

Tanto la detención como la liberación de estos dos condenados por corrupción son dignas de una comedia de puertas, con salidas y entradas al hospital a causa de una huelga de hambre y con colofón final de visita oficial de Kaminski y Wasik al presidente de la república inmediatamente después de su excarcelación. Todavía el viernes, los dos protagonistas jugaban al ratón con el personal de seguridad del Sjem (Parlamento), tratando de acceder clandestinamente a la cámara parlamentaria que, como consecuencia de la sentencia judicial, les ha retirado su estatus de diputados.

Como último acto de resistencia, el presidente Duda se ha negado a firmar los presupuestos generales, aprobados por mayoría absoluta en el Sjem. Tiene «dudas» y los ha enviado al Tribunal Constitucional para su examen.

Ninguna de estas escenas corresponde a una situación de normalidad democrática. Tusk achaca el frustrante traspaso de poder a la «demolición sistemática de las instituciones por el populismo» y Europa se pregunta cómo podrá ahora restaurar la democracia liberal después de ocho años de Gobierno del PiS, mientras en Polonia reina el desgobierno. Las primeras medidas de Tusk han ido únicamente dirigidas a desmontar las estructuras del PiS, pero no a gobernar.

«Todo se reduce a la cuestión de si el Gobierno debe ocuparse principalmente de sí mismo o del Estado», sugiere la redactora jefa de ‘Gazeta Prawna’, Barbara Kasprzycka. La política de ‘agua caliente en el grifo’, símbolo del primer gobierno de la Plataforma Cívica de Tusk de 2007 a 2014, se ha quedado pequeña y los problemas que ya eran urgentes entonces son ahora una enorme carga para el desarrollo polaco, sin mencionar el envejecimiento de la sociedad, la transición energética o amenazas completamente nuevas, como el riesgo de agresión rusa. Todo ello en el contexto de la remodelación del equilibrio de poder global o de las tensiones en la UE, lo que obliga a Polonia a adoptar una política exterior mucho más activa.

Pero Tusk, en lugar de desplegar una nueva política, se ha limitado hasta ahora a desmontar los medios de comunicación de titularidad pública, a lanzar una cacería de pasadas corruptelas de miembros de la administración pertenecientes al PiS y a crear una comisión parlamentaria que resucite y persiga el espionaje Pegasus. Las sesiones parlamentarias, una tras otra, tratan sobre asuntos del pasado, hasta que, bastante a la desesperada, ante las elecciones locales y regionales convocadas para el mes de abril, Tusk ha anunciado su primera iniciativa de futuro: flexibilizar el aborto, medida que ni siquiera figuraba en el acuerdo de formación de la coalición de Gobierno, que sabe incendiará a los seguidores del PiS y con la que espera recuperar a su propio electorado, que se le escapa entre las manos en vista de la ingobernabilidad reinante. Ademas se ha desatado entre ambos bandos una obscena guerra de nombramientos y destituciones, centrada en la elección de perfiles especialmente difíciles de digerir para el contrario. Quizá su mejor exponente sea Maciej Krzyzanowski, un abogado de Ezczecin conocido por perseguir la bandera arco iris en nombre de los «defensores de la fe» y que ha sido nombrado por presidente Duda miembro del Consejo del Poder Judicial. 52 jueces del Tribunal de Apelación, por otra parte, han exigido la destitución de Piotr Schab al frente de su dirección por su relación con el anterior ministro de Justicia Ziobro.

A fecha de hoy, sólo parece haber un actor capaz de reunir en la misma sala a unos y a otros sin que se desencadene la lamentable comedia de situación: el enemigo ruso. En materia de seguridad, «Polonia sigue hablando con una sola voz», celebra Cezary Tomczyk, jefe adjunto del Ministerio de Defensa. El presidente Andrzej Duda se ha reunido con el jefe del Ministerio de Defensa Nacional, Władysław Kosiniak-Kamysz, para tratar los nombramientos de los comandantes más importantes del Ejército polaco y la nueva forma del Sistema de Comando y Control de las Fuerzas Armadas, así como de la transformación del armamento y otros programas de adquisiciones. Los mandos están siendo nombrados en consulta con el presidente y el proceso transcurre sorprendentemente sin incidentes.

Este consenso en la política de Defensa en Polonia sería también fruto de la «soberanía postraumática», a la que se refieren los autores Kuisz y Wigura, quienes hablan de «emociones liberales» particularmente efectivas en el contexto del ataque ruso a Ucrania hace ahora dos años.