Presentan una nueva denuncia contra Lula da Silva por blanqueo de capitales
Un grupo de fiscales del caso «Lava Jato» aportaron las pruebas a la Justicia, dos semanas después de que anularan por unanimidad otra de las denuncias que pesaban contra el expresidente
El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva debe sentarse nuevamente en el banquillo de acusación, tras una nueva denuncia por blanqueo de fondos vinculada al Instituto que lleva su nombre, una fundación creada por el Partido de los Trabajadores (PT) para preservar su historia, con sede en São Paulo, que cuenta con un centro de estudios para proponer políticas públicas.
Según los fiscales de la Operación Lava Jato en la ciudad de Curitiba, al sur del país, el instituto sería una fachada para recibir donaciones, que serían en realidad transferencias de dinero de corrupción pagada por la constructora Odebrecht, blanqueando así fondos de la petrolera Petrobras.
En una nota de prensa, el Ministerio Público Federal informó que entre diciembre del 2013 y marzo del 2014, el Instituto Lula recibió 4 millones de reales en cuatro operaciones de donaciones de Odebrecht, equivalentes a unos 640 mil euros.
«Se les imputa la comisión del delito de blanqueo de capitales a través de donaciones para ocultar la transferencia de 4 millones de reales», informa la nota, que incluye en la acusación al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, y al exministro de Economía de Lula, Antonio Palocci, que delató el caso a cambio de la reducción de su condena. La denuncia también contó con la confesión de Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora.
La defensa
El equipo de abogados de Lula informó en un documento haber recibido la denuncia con sorpresa, declaró que la acusación «no tiene ninguna materialidad», e insistió en que se trata de un caso claro de «lawfare» concepto que define el uso abusivo de la ley con fines políticos.
«Tales donaciones, que Lava Jato afirma que fueron «encubiertas», están debidamente documentadas mediante recibos emitidos por el Instituto Lula, que no debe confundirse con la persona del expresidente, y fueron debidamente contabilizados», señaló en una nota el bufete de abogados.
Lula, por su parte, difundió en sus redes sociales la nota firmada por su abogado, Cristiano Zanin Martins. «El exceso de acusaciones frívolas y la repetición de acusaciones son tácticas de »lawfare», con el objetivo de retener al enemigo en una red de imputaciones, para hacerle perder tiempo y empañar su reputación», dice la nota.
En sus discursos y entrevistas, Lula dice que es blanco de una «persecusión política». Los jueces Sergio Moro, exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, y Deltan Dellagnol, que acaba de dejar la dirección de la operación aniticorrupción, han sido cuestionados por la defensa de Lula, pero también por la Fiscalía, bajo sospecha de defender intereses personales y políticos. Filtraciones publicadas en la prensa local apoyan esas sospechas.
Lula fue condenado por corrupción y blanqueo de fondos y fue preso entre abril de 2018 y noviembre del 2019. Su libertad fue consecuencia de un fallo que le ha permitido permanecer en libertad hasta que se agoten todas las instancias de su defensa. El expresidente fue condenado bajo la acusación de ser dueño de un piso frente al mar en el balneario de Guarujá, en São Paulo, que habría recibido de la constructora OAS, como compensación por ventajas en una obra de Petrobras.
