Presos políticos: Cuba, el gran gulag castrista

«La historia del presidio político de Cuba está escrita en sangre. Describir tanto horror, tanta tragedia humana, es tarea penosa. Muchas veces he pensado que lo mejor sería poder olvidar, cerrar los ojos y borrar de un tirón los amargos recuerdos, las experiencias amargas vividas en las prisiones de la isla esclavizada». Con estas palabras, Ernesto Díaz Rodríguez, condenado a 40 años de cárcel y liberado tras cumplir 22 años gracias a la presión internacional, introducía su libro ‘Rehenes del castrismo: testimonio del presidio político en Cuba’. Publicado en 1995, es uno de los testimonios que ha inspirado la película ‘Plantados’, que se estrenó el pasado viernes en España.

El filme, dirigido por Lilo Vilaplana, visibiliza uno de los aspectos más oscuros de la revolución cubana y del castrismo: las decenas de miles de presos políticos que fueron encarcelados, torturados y, en muchas ocasiones, fusilados, por no arrodillarse ante el régimen. Muchos de esos presos, acusados de ‘contrarrevolucionarios’, habían apoyado antes a Fidel Castro para derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. Pero desencantados ante las promesas incumplidas –elecciones libres en 18 meses, la restitución de la Constitución de 1940…– se volvieron contra ‘El comandante’.

Filmada tras dos décadas de intentos fallidos, ‘Plantados’, producida por el empresario cubano Leopoldo Fernández Pujals, fundador de Telepizza, retrata la historia de aquellos que se negaron a vestir el uniforme de los presos comunes y que no se sometieron a los programas de rehabilitación diseñados por el castrismo para convertirlos en ese ‘hombre nuevo’ del que la dictadura alardeaba y que quería construir a su imagen y semejanza.

Opacidad en las cifras

La opacidad del Gobierno cubano ha hecho imposible tener un registro exacto del número de presos políticos encarcelados tras el ascenso de Fidel Castro al poder. La prohibición del acceso a sus cárceles a organismos internacionales, así como de la existencia de organizaciones pro derechos humanos dentro de la isla, ha impedido monitorizar de manera detallada los centros penitenciarios, los campos de trabajos forzados y las condiciones de vida de la población reclusa.

El expreso político, escritor y exembajador de EE.UU. ante la ONU, Armando Valladares, que pasó 22 años en la cárcel, recuerda vivamente la primera comisión de investigación de derechos humanos de dicha organización que logró entrar en Cuba para inspeccionar las 240 cárceles. Sucedió a mediados de la década de los años 80. «En ese momento, el Gobierno cubano admitió ante la comisión que había en la isla más de 200.000 prisioneros de carácter común», señala a ABC. El grupo visitó la cárcel del Combinado del Este, cuyas celdas tapiadas fueron previamente desmanteladas por los presos comunes. «Pero fueron tan torpes que se les olvidó una y los presos políticos que acompañaban a los miembros de la comisión les llevaron hasta ella». Valladares, uno de los últimos ‘plantados’, que ha servido además de inspiración para uno de los personajes del filme, rememora con gran satisfacción que días antes de la visita había logrado «colar una cámara fotográfica» en dicha cárcel, «y se habían podido hacer fotos que mostraban la situación real». Aquellas imágenes lograron salir de Cuba «y se publicaron en el Club de Prensa de Washington. Después las llevamos a Ginebra».

El exembajador, que tras su liberación y salida del país, gracias a la mediación del presidente Mitterrand, vivió unos años en España donde fundó el Comité Pro Derechos Humanos en Cuba, asegura que en un determinado momento en toda la isla «había 82.000 presos políticos, repartidos en 240 cárceles y campos de trabajo». El origen de estos datos estaría en el Castillo del Príncipe, una prisión situada en La Habana, «donde se llevaba un registro nacional de todas las cárceles y todos los campos de la isla. Algo que manejaban los presos comunes», explica Valladares. «Allí se encontraba además un hospital donde llevaban a los presos políticos. Y estos siempre tuvieron una buena relación con los presos comunes. Así salieron los datos». Entre las informaciones que trascendieron del interior de la cárcel, menciona la existencia de una pizarra donde se escribían los datos. «Y llegaron a haber 82.000 presos en Cuba por delitos políticos».

Estas cifras difieren mucho de las confesadas por el propio Fidel Castro: «En los años 80 reconoció a un grupo de periodistas canadienses que había 25.000 presos revolucionarios en Cuba», recuerda Valladares. También de las recogidas por países aliados. Un informe de 2018 de la ONG Archivo de Cuba, con sede en EE.UU. y que se ocupa de registrar las muertes en prisión y las desapariciones durante las dos últimas dictaduras cubanas (la de Fulgencio Batista y la de Fidel Castro), recoge datos de un estudio publicado en 1999 por el investigador cubano Efrén Córdova. En él se afirma que a finales de los años 60 había alrededor de 60.000 presos políticos. Esta cifra dista mucho de la ofrecida por los archivos de la Stasi (policía política de la RDA), que sitúa el número máximo de presos políticos, en 1965, en 18.000. También desde la antigua Unión Soviética se rechazó la alta cifra de presos políticos que se barajaba desde Occidente. Los archivos Mitrokhin de la KGB tan solo hacían referencia a la existencia de 8.000 presos políticos –por actividades ‘contrarrevolucionarias’– en 1974. Estos números se alejan mucho de los manejados por el Archivo de Cuba que, en 2018, consideraba que desde el 1 de enero de 1959, «al menos 500.000 personas» habían sufrido el presidio político en un momento u otro.

Campos y cárceles

Pedro Corzó, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, fundado en 1998 y con sede en Miami, eleva incluso un poco más esa cantidad. «La dictadura estableció un régimen muy severo desde el año 1959 sobre la información. Nosotros, a través de nuestras investigaciones, hemos establecido que desde ese año hasta este momento, aproximadamente unas 550.000 han pasado por las cárceles castristas, de 24 horas a 30 años», explica a ABC.

De estas más de seis décadas de represión, Corzo admite que fueron las primeras décadas las más intensas. «En estos 62 años, la dictadura ha sido muy férrea a la hora de controlar los derechos ciudadanos, pero la prisión de los primeros 20 años fueron los más prolíficos. En esa época, hubo un momento, a mediados de la década de los años 70, en el que llegó a haber en la isla cerca de 70.000 personas en condición de presos políticos», explica, al mismo tiempo que se refiere al crecimiento de centros penitenciarios tras el triunfo de la Revolución. «Cuando Castro llega al poder, en Cuba había ocho prisiones nacionales –que con las municipales ascendían a 14–, pero con el castrismo rápidamente se incrementó el número hasta 250, entre prisiones y campos de concentración».

De todos los centros penitenciarios de aquellas dos décadas, Corzo, que también es un expreso político –pasó ocho años en varias prisiones–, señala como el «más emblemático» de la historia cubana el Reclusorio Nacional para varones de Isla de Pinos, hoy conocida como Isla de la Juventud. Y destaca cómo aumentó su población tras el ascenso al pode r de los barbudos. «Desde 1933, en que fue construida, hasta 1958 pasaron por ella algo más de 22.000 personas;mientras que en los primeros ocho años del mandato de Fidel Castro, de 1959 a 1967, pasamos por allí 15.000 reclusos por causas políticas exclusivamente».

La segunda cárcel más importante fue La Cabaña, que tuvo como director durante seis meses al guerrillero Ernesto ‘Che’ Guevara, a quien Corzo no duda en calificar de «asesino en serie». «Comandó un número importantísimo de fusilamientos durante ese periodo de tiempo». También menciona la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, «muy cruenta, muy dura»;y San Severino, en la provincia de Matanzas. «A esas prisiones –apunta– hay que sumarle los campos de concentración que el régimen fue creando simultánemente. Eso es algo que muchas personas desconocen. El Gobierno cubano instrumentó en las áreas rurales de toda la isla, y particularmente, en la provincia de Las Villas, una serie de campos donde se recluyó a campesinos y a familiares de esos campesinos. Algunos de estos campos fueron utilizados para fusilamientos».

Según Corzo, esto se produjo durante las décadas de los años 60, 70 y hasta los 80. «Las condiciones de vida en ellos eran más extremas que en las prisiones establecidas». Desconoce el número exacto de campos de concentración que pudo haber en la isla:«Ahora estamos haciendo una investigación sobre eso y sobre el número de desaparecidos durante el castrismo». Pero menciona como uno de los más conocidos el de La Campana, en la provincia de Las Villas, así como el de Río Blanco.

«Fueron muchos los campos de concentración que creó el régimen. Hay una etapa en los años 70, en la que el Gobierno cubano imitó a un general español que estuvo destacado en Cuba, Valeriano Weyler, quien estableció en la isla una política de concentración». Consistía en desplazar a los ciudadanos rurales a las zonas urbanas, «una medida que el castrismo copió, pero con mucha más crueldad». Fidel Castro sacó a los campesinos de los campos y los llevó a campos de concentración, a zonas bastante aisladas y allí les obligó a construir sus casas. «A estos pueblos fueron desplazados prisioneros y prisioneras políticas».

El número exacto de mujeres encarceladas por motivos políticos también es una incógnita. «Fueron varios miles, pero le digo que ha sido el más extenso en América Latina, tanto por el número de reclusas como por la duración de sus condenas, pues llegaron a cumplir hasta 18 años», indica.

Junto al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, existen fuera de Cuba otros organismos promovidos por expresos políticos que intentan cuantificar el horror de décadas de represión y, sobre todo, que no caigan en el olvido los nombres de cientos de excondenados ya fallecidos.

Todos, agentes de la CIA

Una de esas organizaciones es la Unión de Expresos Políticos de Cuba, que se extiende por varios países, incluido EE.UU., donde vive la mayor comunidad de exiliados cubanos. En su web se pueden leer los nombres de más de 15.000 hombres que sufrieron condena, así como el de un millar de mujeres. José Alfredo Gutiérrez Solana, secretario de una de las sucursales de la organización, en la zona norte (Nueva York, Jersey y Connecticut), fue uno de los desencantados con la revolución, que terminó encarcelado. Tenía entonces 18 años y estudiaba Derecho, tras reabrir Fidel Castro la universidad cerrada años antes por Batista. Reconoce que participó en algunos actos anticastristas, «relacionados especialmente con la propaganda», y por ello le acusaron de colaborar con la guerrilla y le enviaron a la prisión de la Isla de Pinos. «Todos éramos agentes de la CIA, y yo ni siquiera sabía lo que era eso», explica por teléfono desde Nueva Jersey.

Estuvo encarcelado tres años y medio sin juicio. «Después escenificaron un pequeño teatro y nos dividieron en tres grupos:los alzados, los colaboradores y los que se iban a alzar». A los primeros, los condenaron a entre 20 y 30 años; a los colaboradores a penas de entre 15, 12, y 10 años. Ya los últimos a 9 años. «En total éramos 600 presos». Fueron juzgados por el tribunal de La Cabaña. Según explica, el motivo de la celebración de esa pantomima de juicio era «que iba a comenzar el Plan de Trabajo Forzado y no querían llevar a nadie que no estuviera condenado». Él cumplió en total 10 años en diferentes cárceles, aunque confiesa que «nunca supe a cuántos me habían condenado. Me dieron una carta con las fechas mal, de tal manera que yo había cumplido ‘menos un día’».

Los primeros años de dura represión contra los ‘contrarrevolucionarios’, con encarcelamientos de larga duración y torturas, redujeron la resistencia de la población. Una población que durante décadas ha vivido sometida por la cultura del terror, la principal arma del régimen cubano. La intensidad de la represión ha bajado, pero es constante. En la isla siguen produciéndose detenciones, muchas de ellas arbitrarias, por motivos políticos para sofocar cualquier chispa de agitación a corto o largo plazo. El Gobierno cubano ha generado además nuevos instrumentos para sacar de circulación –con motivos o no– a todas aquellas personas que puedan poner en riesgo su estabilidad.

Condenas predelictivas

«En Cuba ha habido un cambio de la definición de lo que es un preso político apartir de que el régimen decidió incluir en su código penal el delito de ‘peligrosidad social predelictiva’ –señala María Werlau, fundadora de Archivo de Cuba–. Y para mí los que son encarcelados por esto son presos políticos. La tipificación de este delito incluye ser drogadicto o alcohólico. En el caso de aquellos que no son acusados por eso, yo considero que son presos políticos. Los sacan de la calle por un motivo meramente político. Hay miles de presos olvidados en Cuba que están en la cárcel por ese delito». Una condena que afecta especialmente a «jóvenes de raza negra que no tienen familia fuera del país, y no reciben remesas».

La organización Prisoners Defenders, que monitoriza la situación de los presos políticos en la isla donde calcula que en la actualidad hay 200 cárceles, en su informe de octubre denuncia la existencia de 11.000 civiles (8.400 convictos y 2.538 condenados), con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel por delitos predelictivos.

También recoge el incremento de presos políticos, especialmente desde las manifestaciones históricas del pasado 11 de julio. Verifica 591 casos de convictos y condenados políticos, frente a los 137 que había a principios de noviembre de 2020.