Primera ley del castrismo: si algo funcional mal, seguro puede empeorarse
Si el Ministerio de Agricultura concediera 100 pesos de crédito por cada plan, medida, resolución, orden, estrategia, ley o convenio que elabora, los campos cubanos no serían hoy sabanas de marabú.
Sabiendo Fidel Castro que la sociedad civil a la que con urgencia debía pulverizar era la urbana, aun después de la Ofensiva Revolucionaria de 1969, cuando ni al más mísero limpiabotas le dejó en propiedad una latica de betún, siguió permitiendo en el campo que cientos de empresarios agrícolas privados produjeran con fuerza laboral contratada, invirtieran, compraran y vendieran, en fin, siguieran siendo empresarios normales, aunque rodeados de un socialismo anormal.
Pero, aunque teóricamente privada en gran parte, la agricultura cubana, ahogada en socialismo, no pudo generar un mercado de tierras que aglomerase la base productiva en los proyectos más eficientes; tampoco pudo decidir qué cultivar, ni vender a quien quisiera a precios voluntariamente acordados. Mucho menos, abastecerse de una cartera competitiva de proveedores o aceptar inversión extranjera, ni soñar con importar o exportar directamente. Y así, una lista enciclopédica de limitantes, prohibiciones y obligaciones que constituyen un descarado abuso de ley para, desde el Estado, robarse el fruto del trabajo agrícola, quizás la labor más fatigosa del mundo… aparte de mirar atentamente una retransmisión de un discurso de Fidel Castro.
Y no se solo cerraron para los empresarios privados del campo todas las puertas, verjas y talanqueras que podrían permitirles alimentar al país y prosperar; para colmo, con demasiada frecuencia el Estado ni siquiera les paga en tiempo y forma, impidiéndoles capitalizar e invertir, inversión también obscenamente desatendida desde un Gobierno que ha llevado al agro cubano, después de siglos de crecimiento casi lineal, a una quiebra forzada, malévolamente dirigida desde el Ministerio de la Agricultura.
Si tan solo ese ministerio concediera 100 pesos de crédito por cada plan, medida, entendimiento, resolución, orden, estrategia, ley o convenio que elabora, los campos cubanos no fuesen hoy sabanas de marabú. Pero mientras discursos y planes sobre cómo resolver el hambre en Cuba se acumulan en el Noticiero, los fondos que se necesitan siguen desviándose, porque los coroneles de GAESA le sacan más a un hotel semivacío que a un sembrado de arroz… y quien tenga hambre que vaya a la mesa sueca… o vea la Mesa Redonda.
Y como si no bastaran miles y miles de kilómetros de tierra fértil sin sembrar en este país famélico, cuando las cosas van mal, el castrismo siempre se las apaña para empeorarlas. Acaban de publicar la resolución 275/24 como «una nueva normativa para organizar y controlar la comercialización de bienes agropecuarios«, pues para el castrismo el problema no es que haya hambre, sino que esa hambre está desorganizada y descontrolada. La aspiración suprema del socialismo no es la prosperidad, sino la distribución equitativa y organizada del hambre.
Así que, satisfecho con el éxito alcanzado tras 65 años de política agrícola socialista —se ordena arriba y nadie cumple abajo— el Gobierno le da nuevamente la espalda al mercado como única manera universalmente comprobada de coordinar las necesidades de la sociedad con la potencialidad agrícola, profundizando así la causa misma de que, de exportar carne y endulzar al mundo, hayamos pasado a importar azúcar de Francia y pollos del enemigo.
No es difícil imaginar a ministros, viceministros, directores, vicedirectores, jefes de sección, subjefes y demás cocotúos del Ministerio de la Agricultura, todos obesos, reunidos en videoconferencia con Díaz-Canel y Marrero, también obesos, explicándoles que en Cuba falta comida porque los agricultores no se esfuerzan lo suficiente, les falta compromiso revolucionario queriendo hacerse millonarios vendiendo solo 12 litros de leche y sembrando tres cangres de yuca, y además, en las cooperativas está fallando el trabajo político ideológico. «¿Y como lo resolvemos, compañeros?», habrá preguntado Canel. «¿Le dedicamos más recursos a la agricultura?». Ante tal desvarío, Marrero, agente de GAESA en el Gobierno, habrá saltado pálido de ira exclamando «¡de eso nada! Las divisas, para los hoteles. Si tú quieres imprime más pesos».
Y como no quieren darle dinero al campo, pues entonces le han dado otra ley para aparentar preocupación por los miles de niños que no desayunan en Cuba, o los miles de adultos que se acuestan con apagón y hambre, sin que en realidad les importe que no es organización, sino abono lo que necesita la agricultura; no más control, sino fertilizantes y piensos; no reuniones, sino tractores; no leyes, sino mercados; no funcionarios ministeriales, sino brazos en el surco; no estímulos morales, sino fondos de fomento; no visitas del Partido, sino libertad empresarial.
Esta nueva normativa que viene a decirles, otra vez, a los empresarios agrícolas cubanos qué es lo que deben sembrar, cómo, dónde, a quién vendérselo, que los supedita al plan económico del Estado, que los encadena a empresas estatales, que les impone incluso tener que utilizar un sistema bancario en el que no confían, es una vuelta de tuerca hacia la izquierda para un campo cubano ya intoxicado del peor herbicida conocido: el estatismo. ¡Boniatos sí, socialismo no!
