Primeros síntomas de agitación social contra Pedro Sánchez

El Gobierno se afana en mitigar los focos de descontento social para evitar que se consoliden, se generalicen y echen por tierra el discurso de la recuperación económica y la materialización de la salida de la crisis. La Moncloa ha fijado como elemento principal sobre el que cimentar la segunda parte de la legislatura el concepto de «recuperación justa».

Pero frente a ese hecho, la realidad es que las protestas han vuelto a la calle, como demuestran las anunciadas movilizaciones del sector del transporte, a las que se pueden unir los trabajadores del campo, o las protestas de los trabajadores de la industria pesada. Por movilizarse, al gobierno de coalición de Pedro Sánchez le van a protestar hasta los policías nacionales y locales y guardias civiles, todos los implicados en la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana que se sienten directamente perjudicados por la reforma legislativa.

En el Ejecutivo conviven visiones heterogéneas respecto al nivel de malestar social y sus consecuencias. Todo ello pese a que en la calle es evidente el descontento con las exigencias reformistas que impone la Unión Europea, principalmente en cuestiones como las pensiones, a las que se suma la galopante inflación que eleva los precios de la cesta de la compra. Pero en general el diagnóstico es compartido: se ha parado el gran golpe de la pandemia y dar cuerpo a la recuperación económica es el gran objetivo político. Cataluña y otras reformas que en el pasado copaban la agenda han pasado a un segundo plano. Ese mantra de una recuperación económica no excluyente es la principal ocupación del Gobierno. «Nuestro enfoque es una recuperación justa y rápida», en contraposición, dicen, a la deriva de la gran recesión que tuvo que gestionar el PP. En La Moncloa defienden todas las medidas hechas hasta ahora, pero reconocen que quedan muchas cosas por hacer. Y avanzan que tienen tiempo para ello: «Queda legislatura». Los tambores de adelanto electoral cotizan a la baja en la residencia presidencial en estos momentos. Aunque los alimenten antiguos huéspedes.

Defiende que gracias a sus medidas el descontento social no es generalizado y se aferra a una recuperación «rápida» en una legislatura larga

«El debate es entre crecer un 6% o un 4%», dicen fuentes gubernamentales planteando que de lo que no hay ninguna duda es de que «España va a crecer». Desde uno de los ministerios económicos fuertes del Ejecutivo creen que «no se trata en estos momentos de un descontento generalizado». En el flanco morado del Gobierno el análisis es coincidente en este caso. «Evidentemente nos preocupan algunas situaciones como el precio de la energía o los derivados de la crisis de suministros», valoran desde el Ministerio de Trabajo. Pero añaden que viniendo de una pandemia «se ha parado el golpe con medidas de protección social inéditas».

Defensa de su gestión

En La Moncloa se trabaja con la tesis de que la recuperación económica debe generalizarse y no quedarse en unas cifras macroeconómicas que, además, la Comisión Europea ha limitado en los últimos días. Las ideas fuerza de «recuperación justa» y «no dejar a nadie atrás» no han sido elegidas por casualidad. Los fondos europeos son la gasolina fundamental en este trayecto. Pero a su vez van ligados a unas reformas estructurales que en muchos casos provocan un coste a corto plazo en los sectores más afectados. Pero en La Moncloa creen que ese juicio es prematuro. Y marcan un objetivo por encima de sectores específicos: «Desde luego quienes no pueden ser perdedores en esta crisis son trabajadores, pensionistas, jóvenes o autónomos como en la anterior crisis».

Ahí están los ejes de acción del Gobierno. Garantizar pensiones o las partidas presupuestarias en forma de cheques para los jóvenes son decisiones que pretenden aliviar esas dos grandes bolsas de población descontenta. La coalición despliega además su catálogo de medidas, como la revalorización de las pensiones o las subidas del salario mínimo como su mejor aval para defender su gestión y plantear que el gran golpe se ha frenado y que la salida de esta crisis será diferente. Respecto a la posibilidad de que los procesos de reindustrialización y modernización de la economía expulsen a algunos trabajadores, en el Gobierno se confía en el maná de los fondos europeos.

La huelga en transportes

De forma específica, los diferentes focos de tensión son percibidos por el Gobierno de forma muy distinta. La más apremiante es la huelga de transportistas. Desde el Ejecutivo limitan este paro, no porque no les preocupe, sino porque quieren que quede claro que «es un paro patronal». Pero fuentes del Gobierno confirman que la ministra de Transportes ya está en negociaciones con la patronal «para evitar que llegue la sangre al río». Encima de la mesa están los peajes en las autovías y el aumento del precio de los combustibles.

En privado se reconoce en el Gobierno que la aplicación de los peajes no será en ningún caso una cuestión inmediata y que en ningún caso entrará en vigor antes de que termine la presente legislatura. Pero sí se reconoce que esta cuestión «nos ocupa especialmente». Preocupa el efecto combinado que puede generarse con los efectos derivados por los desabastecimientos de suministros que ya afectan a algunos sectores. En el caso de los combustibles en el Gobierno no pueden más que encogerse de hombros y plantear que su capacidad para bajar precios «es limitada».

Sin ninguna duda lo que más preocupa en el Ejecutivo es el aumento del precio de la luz, porque «arrastra muchas cosas». Y además, sigue sobre la mesa la promesa del presidente: que la factura de la luz que paguen los ciudadanos a finales de año sea igual que la de 2018, lo que se antoja de enorme dificultad. Se defiende que se han tomado muchas medidas para rescatar a los consumidores más vulnerables y evitar que la subida del precio de la energía se traslade al precio de la factura.

Pero no se niega que en el tejido empresarial pueden generarse efectos negativos para el empleo, como en la industria siderúrgica. Pero aquí también el Gobierno plantea sus limitaciones y defiende que Sánchez está intentando negociar cambios regulatorios en Bruselas para revisar el sistema de formación de precios en el mercado de electricidad europeo. A todos estos casos se unen las del personal interino de la función pública o específicamente en la Administración de Justicia. Con movilizaciones ya en marcha en ambos casos.

El Gobierno es consciente de que sus opciones de reelección pasan por que su diagnóstico económico, el de la «recuperación justa», se imponga. Por ahora se afanan en la agenda correctora de los primeros elementos que la amenazan. Y más allá de solventar todos los focos de descontento el objetivo es garantizar la recuperación «rápida». Las próximas elecciones dependen de ello.