Durante el verano de 2021, el Gobierno del Reino Unido, entonces capitaneado por el inigualable Boris Johnson, impulsó una ley para prohibir el procesamiento de quienes habían cometido delitos violentos durante The Troubles, la etapa más cruenta del conflicto de Irlanda del Norte. Si el proyecto prosperaba, quedarían impunes los delitos pendientes de juicio, cometidos antes de los Acuerdos del Viernes Santo de 1998, tanto por el IRA, como por los paramilitares unionistas y fuerzas de seguridad del Estado.

La noticia fue mal recibida por las dos almas en conflicto. Michelle O’Neill, viceministra principal de Irlanda del Norte del Sinn Féin, lamentó que el Estado pretendiera proteger a quienes habían participado en terrorismo de Estado. Gavin Robinson, del partido Unionista Democrático, denunció que se pretendiera amnistiar de facto a los terroristas del IRA, responsables del 90% de las muertes del conflicto. Nadie quería la impunidad. Tampoco Dunja Mijatović, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que criticó la propuesta acusando al Reino Unido de buscar su propia redención. Y los tories así lo han admitido. En enero del año pasado, Mike Penning, parlamentario conservador, instaba a acelerar la tramitación para que los militares veteranos puedan vivir sin el temor a ser llamados a declarar ante un juez. La semana pasada, la ley de amnistía fue finalmente aprobada. 

De los tres ejes del conflicto armado -paramilitares republicanos, paramilitares lealistas y fuerzas de seguridad británicas- la amnistía sólo satisface a las últimos. Y el detalle puede esclarecer por qué democracia y amnistía tienen una relación ambigua. Toda amnistía implica una prohibición; la prohibición de perseguir penalmente los delitos cometidos en el contexto demarcado. El Estado no sólo se compromete a no juzgar, sino que se garantiza no ser juzgado. Con la amnistía, un Estado asegura su propia impunidad, y admite que ha podido cometer hechos punibles.

«La amnistía es un decreto de olvido en beneficio de un futuro común deseado»

Es entendible que el Estado que ha cometido o tolerado delitos pretenda exonerarse. Por eso, ahora que el Gobierno de España (en funciones) barrunta cómo aprobar una ley que impida juzgar a los implicados en la causa del procés, hemos de preguntarle en qué beneficiaría esa ley al Estado. Una amnistía es un quid pro quo. Y por eso es un recurso transicional, un medio para superar un régimen dictatorial, una guerra civil u otra situación política excepcional. La amnistía es un decreto de olvido en beneficio de un futuro común deseado. La amnistía presupone que los implicados tenían buenas razones para hacer lo que hicieron, y asume que ambos cometieron errores. Pero una democracia no debe recurrir a la amnistía; si el Estado democrático ha cometido errores, debe hacérselos pagar. Ni los crímenes de ETA ni los crímenes del GAL merecen amnistía. Una democracia no amnistía, juzga. Tanto a quienes trataron de matarla como a quienes mataron en su nombre.

¿Qué gana el Estado olvidando los múltiples delitos cometidos en la marejada del procés? ¿A cambio de qué debemos olvidar esa agresión? El estribillo es que gana la convivencia. Pero las encuestas dicen que la mayoría de españoles no admite la amnistía, y es difícil digerir que la convivencia mejora actuando contra la voluntad popular. Sería, digámoslo así, una amnistía unilateral, que ignora el interés de los ciudadanos y del Estado. Tan preocupados con Puigdemont, y resulta que hay quien tiene un querencia comparable por la unilateralidad.