Quién es quién en el ‘caso Morodo’: el exembajador, su familia y los contactos en Venezuela
A todos se les investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública
20 de mayo de 2019. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía llama a la puerta del domicilio del exembajador Raúl Morodo y su esposa María Cristina Cañeque de Sola. Se realizan diversas gestiones para que comparezca un abogado de la familia y se inicia el registro pasadas las 9.20 horas. Los agentes de la brigada de investigación de blanqueo de capitales revisan los dormitorios, el salón y el trastero de la vivienda. En simultáneo, se llevan a cabo registros en la casa del hijo del diplomático y de otras cuatro personas y en varias oficinas de sociedades vinculadas. Aunque aquel día se dio a conocer que la Audiencia Nacional investigaba el llamado caso Morodo, la Fiscalía anticorrupción llevaba ya meses tras la pista de los involucrados.
A todos se les investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Vozpópuli ha tenido acceso al sumario de la causa que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. En él, se detalla la supuesta actuación de todos los imputados.
Raúl Morodo
La Fiscalía investiga a Raúl Morodo y a su «círculo familiar más íntimo» por percibir entre 2011 y 2015 «fondos procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela por un importe total de 4.527.270 euros carentes, hasta la fecha, de toda justificación real y lógica comercial». La investigación practicada, por orden de la fiscal Ana Cuenca, «evidencia que los contratos que intentan amparar la recepción de estos fondos y las facturas derivadas de los mismos, adolecen de los requisitos necesarios para considerarlos veraces».
Durante su declaración como investigado en la Audiencia Nacional, el excargo de José Luis Rodríguez Zapatero explicó al juez que él no tenía ningún vínculo con la petrolera del Gobierno bolivariano. Reconoció que su hijo, Alejo, sí había trabajado para la estatal venezolana. Pero aseguró que él, como embajador, no había influido de ninguna manera con sus contactos en la élite política caraqueña.
Cristina Cañeque
El ministerio público considera que en la consecución de las actuaciones presuntamente delictivas habría «participado activamente» la esposa del exembajador, María Cristina Cañeque de Sola. «La querellada, pese a no realizar actividad laboral alguna, consta como administradora de diversas sociedades utilizadas por su marido y su hijo para canalizar sus bienes y patrimonio, encontrándose entre estas empresas la mercantil MS Trading SL».
En el marco de las pesquisas, la Fiscalía suma al patrimonio de Cañeque el dinero que figura en tres cuentas bancarias que constan a su nombre en Suiza. Éstas fueron abiertas en la entidad Credit Suisse AG en 2008, «en fechas próximas al cese de su marido como embajador en Venezuela, que coincide con el momento en que se iniciaron las relaciones con PDVSA». El importe, adelantado por OKDiario, alcanza los 6,4 millones de euros. Raúl Morodo negó durante su declaración como investigado que su mujer tuviera cuentas en Suiza.
Alejo Morodo
Hacienda asegura que el hijo del matrimonio cobró millones a la petrolera venezolana por un «servicio personalísimo» debido a los «contactos a un alto nivel político» que tenía el exembajador. Lo hizo a través de un entramado societario en el que, según expone la Fiscalía en la querella que dio inicio a las diligencias en la Audiencia Nacional, también participaron otros miembros de la familia Morodo.
En el caso de Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL, «la investigación practicada hasta esta fecha evidencia que es una sociedad instrumental creada con la finalidad de canalizar los fondos aparentemente ilícitos recibidos por la misma de la sociedad venezolana PDVSA». Un informe de la Agencia Tributaria apunta a un familiar del presidente fallecido Hugo Chávez como el contacto de Alejo Morodo en Petróleos de Venezuela. Se refiere a Asdrúbal Chávez, primo del exmandatario, exministro de Petróleo y expresidente de la filial estadounidense Citgo.
Ana Varandas
La esposa de Alejo Morodo y nuera del exembajador figura entre los investigados. Para determinar su papel en la trama, el juez ha acordado ampliar la orden europea de investigación emitida a Portugal para rastrear las inversiones de la familia política del diplomático en busca de los pagos de PDVSA. La Comisaría General de la Policía Judicial y la Fiscalía han recordado en varios escritos que la investigada es hija de Manuel Joaquim Dias Loureiro, un político portugués que fue ministro de Asuntos Parlamentarios (1987-1991), de Administraciones Públicas (1991-1995) y miembro del Consejo de Estado en 2006, cargo del que tuvo que dimitir en 2009 por su presunta implicación en negocios ilícitos.
«Si bien a Ana Catarina no le constan cargos sociales en ninguna mercantil española, sí ha sido partícipe en ‘Aquitas Abogados y Consultores Asociados SL». Fue, junto a su marido, fundadora de la compañía y se hizo con el 10% de las acciones. Según datos del ministerio público, la compañía -que posteriormente pasó a ser al 100% de su marido Alejo Morodo- recibió entre 2011 y 2014 2,7 millones de euros «procedentes directamente de PDVSA a través de distintas transferencias realizadas desde cuentas puentes que esta petrolera tiene abiertas en Portugal para dificultar el seguimiento de los fondos».
Juan Márquez y Carlos Prada
Juan Carlos Márquez es el hombre que firma en nombre de PDVSA los contratos con Alejo Morodo. El ministerio fiscal sostiene que el excargo venezolano, junto con Carlos Adolfo Prada, «se benefició de los fondos que recibió de la petrolera venezolana a través, al menos, de sus empresas Marpra Asesores y Consultores SL y Ahedo Asesores SL, que fueron canalizando mediante la utilización de distintas sociedades instrumentales y cuentas bancarias abiertas en diversas entidades bancarias españolas».
Márquez fue hallado muerto el 21 de julio de 2019 tras haber declarado como investigado en la Audiencia Nacional y días antes de que tuviese que volver a comparecer. Fuentes jurídicas han asegurado a Vozpópuli que los forenses han descartado la participación de terceros en el hecho y han confirmado que la causa de muerte fue el suicidio.
La investigación continúa contra su socio, Carlos Adolfo Prada, quien entre julio de 2010 y agosto de 2011 cobró a través de la mercantil Marpra un importe total de 4,3 millones de euros «remitidos por la sociedad PDVSA desde su cuenta abierta en la entidad suiza JP Morgan Chase Bank«. El ministerio público examina también una lista de pagos bajo sospecha que alcanza los 5,9 millones de euros.
Ana Ulloa y Marisol Varela
En el marco de las pesquisas, la Fiscalía investiga a las esposas de Márquez y de Prada. El entramado societario que -según el ministerio público- armaron ambos venezolanos permitió el «afloramiento» de sus respectivas parejas, Ana Korina Ulloa y Marisol Varela, «mediante la adquisición de numerosos bienes inmuebles y fondos de inversión«. Según consta en la querella inicial, las dos mujeres habrían participado en las actividades que se llevaron a cabo para canalizar los «fondos no justificados» provenientes de la petrolera venezolana.
