¿Quién (nos) va a pedir perdón?

 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press

Tomemos perspectiva. Solo en una semana se han sucedido tres torpedos en la línea de flotación del Gobierno: el informe de la UCO sobre Santos Cerdán el martes, la petición de 24 años de cárcel para José Luis Ábalos el miércoles y la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el jueves. Y hay quien me sigue preguntando dónde están las bombas que iban a caer sobre el Gobierno. Por primera vez en democracia se condena al máximo representante del Ministerio Público, en la misma semana en que los dos secretarios de organización del PSOE enfilan su camino a prisión y aún la pregunta en los medios es si Pedro Sánchez será capaz de aguantar al frente del Gobierno. La anomalía democrática ya no se limita a una legislatura ficticia o al incumplimiento constitucional de presentar los Presupuestos, sino al umbral de tolerancia que la ciudadanía tiene con un PSOE que, aún a día de hoy, sigue en el entorno del 27% de intención de voto. Si la sociedad española no abre los ojos a los que está pasando, Sánchez morirá (políticamente) en su cama.

Porque el principal éxito de este Gobierno es la anestesia colectiva. Sánchez ha conseguido narcotizar al pueblo a base de aturullarlo con cortinas de humo. La gente ni sabe ni quiere saber. Y la polarización tiene un triple efecto: disparar a los extremos, anular a los moderados y desconectar a la inmensa mayoría del hilo informativo que cristaliza en los cambios demoscópicos. Cuesta jerarquizar cuál es la noticia más importante de la semana. La del fiscal era, sin duda, la menos esperada; por prematura y por contundente, por tanto constituyendo la más noticiable. Y porque políticamente apenas ha pasado una semana desde que el presidente del Gobierno presionara al Tribunal Supremo con su afirmación en el diario El País: «La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente». La verdad es que hace mucho tiempo que al Gobierno dejó de importarle la verdad. Se demostró cuando simularon un magnicidio contra Sánchez con el bulo de la bomba lapa, destapado por THE OBJECTIVE, manchando el buen nombre de un guardia civil y manipulando las conversaciones con su confidente. Y la pregunta es: ¿Quién pidió disculpas? ¿Quién pidió perdón al capitán Bonilla?

No deja de ser paradójico que fuera un capitán de la UCO el blanco del ataque gubernamental cuando fue precisamente un informe de la UCO en lo que se apoyó el presidente Sánchez para exigir las disculpas al fiscal general porque «no había ningún mensaje que probara esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición nada y nada menos que a la reputación del fiscal general». El borrado de las pruebas de la operación política de Moncloa y su satélite de la Fiscalía no ha servido para que no se haga justicia. Porque resulta que las pruebas de esa revelación de datos privados estaban justo delante de nuestras narices. La pistola humeante era una nota de prensa que el Gobierno y sus satélites mediáticos habían pretendido convencernos de que era plenamente legal. Las comillas eran la carga probatoria, la transcripción de esos textuales y el reconocimiento de la directora de comunicación de la Fiscalía de que se los había dictado García Ortiz han sido la base probatoria de la condena por un delito de revelación de datos, y no la filtración a los periodistas. El dedo y la luna. Y la pregunta es: ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón a Alberto González Amador?