Con Myanmar sucede como con algunos países o ciudades de la última descolonización o del colapso del socialismo real en Europa del Este: tiene dos nombres. Durante el periodo de la colonización británica y la primera etapa de la dictadura militar socialista, el país se llamó Birmania. A partir de 1989, en el contexto de la desintegración del campo socialista y la aceleración de las reformas en China y Viet Nam, se llama oficialmente Myanmar.
Myanmar circula en estos días como metáfora de la postverdad. Un golpe militar de Estado, rechazado por todo el mundo, con diversos énfasis, pone en evidencia lo fácil que se vuelve distorsionar el sentido de los hechos en el siglo XXI. La imagen de la entrenadora de aerobics, moviéndose ante las cámaras de la televisión, mientras a sus espaldas sucedía el golpe, dice más que cualquier análisis periodístico.
China e India, Estados Unidos y la Unión Europea, rechazaron el golpe, pero la destitución de Suu Kyi ha seguido su curso. Inicialmente, los militares dijeron que el arresto de la presidenta era temporal, provocado por una situación de emergencia establecida para evitar un fraude y un golpe de Estado. Luego se ha sabido que el golpe es definitivo, ya que la junta militar ha comenzado a acusar a la mandataria de corrupción.
De manera que ese “golpe para evitar el golpe” resulta una verdadera asonada militar. Aung San Suu Kyi fue la única gobernante relativamente democrática que ha tenido ese país en toda su historia. Su gobierno estuvo muy lejos de ser un modelo de respeto a los derechos humanos, pero creó las bases para una alternancia en el poder y una sucesión presidencial pacífica. Ésa es la posibilidad que frustra el golpe.
Estados Unidos hizo de Myanmar un símbolo de la democratización y el presidente Barack Obama llegó a presentar ese país como modelo para Cuba. Como siempre sucede, esas promociones actúan como armas de doble filo y, en vez de alentar la estabilidad, atizan las pugnas por el poder en países con fuertes tendencias autoritarias.
Las acusaciones que los militares están haciendo a la expresidenta suenan tan ridículas como la compra de diez walkie talkies, pero denotan una rivalidad que pone en riesgo la estabilidad del poder civil. El conflicto en ese país parece ser más grave que el mero diferendo electoral y apunta a una tensión profunda entre el gobierno civil y el poder militar. Esa tensión es la que se oculta en la operación mediática de la postverdad.
La narrativa del “estado de emergencia”, suscrita por potencias resistentes a la hegemonía de Estados Unidos, como China y Rusia, esconde una verdad golpista más orgánicamente imbricada en el histórico militarismo birmano. Es revelador que ese conservadurismo castrense recurriese a un subterfugio similar al de Donald Trump y sus seguidores más fanáticos en Estados Unidos: un fraude electoral se estaba fraguando y era preciso tomar por asalto el gobierno.
