El presidente de EE. UU., Donald Trump, hace un gesto a los periodistas mientras se dirige a abordar el helicóptero “Marine One” en la Casa Blanca, el 3 de abril de 2025. // Foto: EFE/EPA/Shawn Thew
Por la izquierda o por la derecha, la vuelta a las historias oficiales o a los relatos hegemónicos de los pasados nacionales parece ser, por lo pronto, indetenible. La irascibilidad identitaria de nuestros días favorece políticas de la memoria que dividen las naciones en buenos y malos, héroes y traidores. Tal y como piensan su presente, los manipuladores de la memoria imaginan que fue el pasado de sus respectivos países.
Después de hostilizar a medios de comunicación y universidades públicas o privadas, Donald Trump tenía que enfrentarse a los museos. Sus recientes ataques a la Smithsonian Institution llegan precedidos por una evidente animadversión contra las lecturas liberales y multiculturales de la historia de Estados Unidos. Esas visiones, en efecto, desarrolladas en las más prestigiosas universidades, parten de una desmitificación de los discursos de la grandeza y el éxito de la nación norteamericana.
Las ciencias sociales en Estados Unidos y las estrategias curatoriales de los principales museos en ese país responden, desde hace décadas, a una mirada cada vez más plural a la historia nacional. Predomina en esos enfoques la idea de que cada comunidad étnica y cada oleada migratoria ha hecho su aporte a la construcción nacional.
También predomina, en los principales museos de Estados Unidos, una visión crítica de la esclavitud y el racismo, de la homofobia y el machismo, del genocidio de pueblos originarios y de la exclusión de sectores sociales desfavorecidos. Esa idea incluyente y multicultural de la historia de Estados Unidos no debería confundirse con el wokismo, como bien advierten Susan Neiman y otros autores.
Trump y sus ideólogos de la derecha alternativa o alt right en Estados Unidos identifican el multiculturalismo con el wokismo con el propósito de armar una guerra cultural contra la idea liberal o pluralista de la historia nacional. Ése es el trasfondo de la presión contra la Smithonian Institution, por el peso que, desde fines del siglo pasado por lo menos, concede a la historia de la esclavitud en sus museos.
Pero como en toda embestida de Trump, contra la Universidad de Harvard o contra el Kennedy Center, hay una historia previa de fricciones con esa vieja institución cultural de Washington, dependiente del gobierno federal, que pronto cumplirá 180 años de fundada. Durante su primer gobierno, entre 2016 y 2020, Trump le hizo la guerra al Proyecto 1619 de Nikole Hannah-Jones y el New York Times, dedicado a reconstruir el papel de los esclavos afroamericanos en la formación de Estados Unidos.
En 2019, Lonnie Bunch, un historiador y pedagogo negro, que había dirigido el National Museum of African American History and Culture, fue nombrado secretario de la Smithsonian Institution. Bunch inició su gestión rindiendo homenaje a Frederick Douglass, el abolicionista negro del siglo XIX que, en los años previos y posteriores a la Guerra de Secesión, fue excluido por la élite blanca que controlaba aquella institución cultural.
En estos días, Bunch ha sostenido que las presiones de Trump se han incrementado en su segundo mandato por medio de amenazas con recortes presupuestarios. Al igual que con Harvard y con el Kennedy Center, el magnate plantea un claro condicionamiento de los fondos federales a la suscripción de un relato hegemónico sobre el pasado de Estados Unidos, que rinda culto a la gloria y el esplendor de esa nación.
Desde la Casa Blanca, Trump impulsa una curaduría que no cuente la inclemencia de la esclavitud hasta 1865 y las exclusiones de las Leyes Jim Crow, que se extendieron hasta mediados del siglo XX, sino la fantasía de un país siempre libre e igualitario desde su nacimiento. La historiadora de Harvard, Annette Gordon-Reed, ha definido esa curaduría como una narrativa consoladora, que buscaría siempre exaltar el orgullo nacional a partir de la borradura de los excluidos en el pasado y el presente.
*Este artículo se publicó originalmente en La Razón de México