Rafael Rojas: La población cae en Cuba

Un grupo de estudiantes asiste el pasado día 20 de mayo a una conferencia durante la Primera Bienal Internacional de Diseño de La Habana. ALEXANDRE MENEGHINI (REUTERS)

Solo la reforma de derechos sociales y políticos puede hacer frente a la crisis demográfica

Fernand Braudel pensaba que en la demografía se cruzan los tiempos de la larga y la corta duración de la historia. Demógrafos, economistas y sociólogos cubanos alertan desde hace años sobre la grave crisis poblacional que vive esa nación caribeña. En menos una década, para 2025, la población insular se habrá reducido a 10 millones de habitantes. De ellos, el 30% se concentrará en ciudadanos mayores de 60 años y, por tanto, en edad de retiro. Si la emigración sigue el ritmo de crecimiento que muestra desde mediados de los noventa, podría alcanzar muy pronto más de tres millones, en su mayoría, menores de 50 años.

El argumento oficial de que el problema demográfico de Cuba es como el de Europa es falaz. El alto índice de divorcios y abortos incide en ese declive y la decisión de tener pocos o no tener hijos se debe más a la incertidumbre económica que al desarrollo humano. Otra de las causas de la reducción poblacional es la emigración joven, combinada con la ausencia de inmigración. A pesar del ascenso de políticas xenófobas, en Estados Unidos y Europa, la inmigración sigue siendo un elemento clave del crecimiento demográfico. También lo es en países latinoamericanos como Brasil, México o Argentina, que no han dejado de ser receptores de inmigrantes.

Cuba fue hasta 1959 uno de los países latinoamericanos más abiertos a la inmigración. Aquella lógica se invirtió y la isla se convirtió en una emisora de emigrantes, cuyo potencial de éxodo joven y profesional crece año con año. No es muy diferente esa tendencia en Centroamérica y el Caribe, pero tanto en México como en esos países se reconocen los derechos del emigrante. El Gobierno dice que el mayor incentivo a la emigración es la Ley de Ajuste Cubano, que concede facilidades de naturalización, pero podría sostenerse que las leyes restrictivas contra la diáspora también pesan.

La reforma migratoria de 2013 fue pensada a favor de los residentes en la isla con posibilidades de viaje y residencia en el exterior. Lejos de contribuir a la retención, esa reforma fomentó aún más la emigración. A la equivocada atribución de una responsabilidad exclusiva a la Ley de Ajuste, el Gobierno ha sumado en los últimos meses la insólita demanda de que Washington conceda más visas anuales, que contraigan la emigración ilegal, que crece por la peligrosa ruta centroamericana. Todavía hay miles de cubanos varados en Panamá, cuyo Gobierno tuvo que cerrar la frontera con Colombia para evitar una crisis humana.

La contradicción de La Habana no podría ser más evidente: por un lado, exige la derogación de la Ley de Ajuste y, por el otro, pide un incremento de la emigración legal. En el pasado congreso del Partido Comunista único, los líderes de la isla eludieron la crisis demográfica, que podría legar a la nueva generación, que deberá asumir el poder tras 2018, un dilema mucho más costoso para el desarrollo y la soberanía de ese país caribeño. La persistencia del partido único se atribuye a la necesidad de mantener la independencia de la isla, pero las políticas públicas del Gobierno son el mayor incentivo al tan temido “anexionismo”.

Los dirigentes cubanos, moldeados en el nacionalismo y el comunismo de la Guerra Fría, jamás han comprendido —y, por lo visto, ya no comprenderán— que un mercado interno dinámico y un orden político democrático, basado en la libertad de asociación y expresión, hacen más soberanas a las naciones. Sólo una reforma profunda en materia de derechos económicos, civiles y políticos, que no sacrifique la capacidad de gasto público del Estado en garantías sociales básicas —sobre todo, ante una población decreciente y envejecida—, puede hacer frente a la grave crisis demográfica de la isla y crear mecanismos de reversión del éxodo juvenil.

Es más. Si una reforma de ese tipo, que tan irresponsablemente se posterga, no incluye una ampliación de derechos para los exiliados en Cuba, tampoco logrará el objetivo de contener el colapso demográfico del país. En el inmovilismo de la cúpula gobernante interviene el miedo a que una mayor autonomía de la sociedad civil y una expansión de la clase media presionen a favor de la democracia, pero también la pesadilla de un futuro que conceda a la diáspora un rol protagónico en la reconstrucción de la isla. Una racionalidad de corta duración para un conflicto en que se juega la suerte Cuba en el siglo XXI.

Rafael Rojas es historiador.