Rafael Rojas: Presidencias de papel en Perú
El poder real del sistema político peruano está en el Congreso, donde diversos grupos se lo reparten en porciones más o menos iguales

Vista del plenario del Congreso de Perú durante la sesión en la que destituyeron a la presidenta, Dina Boluarte, el 9 de octubre de 2025. | Foto: EFE/John Reyes Mejia
Desde hace años el poder real del sistema político peruano está en el Congreso, donde diversos grupos y formaciones partidistas se lo reparten en porciones más o menos iguales. Habría ocho partidos con más de diez representantes en dicho Congreso. El más numeroso, Fuerza Popular, que encabeza Keiko Fujimori, cuenta con 21 representantes; seguido de Alianza Para el Progreso Peruano, de César Acuña, con 17; Podemos Perú, de José Luna Gálvez, con 13, y así y así.
La presidencia de Dina Boluarte, que comenzó en diciembre de 2022, luego del intento de autogolpe de Pedro Castillo, fue siempre provisoria y revocable. La potestad de vacancia del Congreso pendió como espada de Damocles sobre su mandato. Tal vez, la única forma de haber concluido su periodo, con que contaba Boluarte, era la convocatoria a unas elecciones presidenciales, que ni ella ni el Congreso estaban en condiciones de propiciar.
Sólo así se explica que la destitución de la presidenta se haya producido por una crisis de seguridad puntual, como la desatada tras el ataque armado al concierto del grupo musical Agua Marina en el distrito de Chorrillos, en Lima. El ataque tuvo lugar en medio del escándalo de corrupción del Rolexgate, una investigación en curso contra Boluarte por enriquecimiento ilícito, y de las denuncias constantes sobre altos costos y consumada ineficiencia de los aparatos de seguridad ciudadana.
En el entorno mayoritariamente presidencialista de la política latinoamericana, asombra la fragilidad de la primera magistratura en Perú. Entre 2018 y 2022, Perú tuvo seis presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Menos Kuczynski, que renunció, los otros cinco fueron destituidos por el congreso, en procesos muy similares al que acaba de terminar con el mandato de Boluarte.
El nuevo presidente José Jerí llega con el encargo de poner un alto a la violencia criminal e impulsar procesos judiciales contra la corrupción política. Pero el mayor reto del nuevo presidente será organizar el impostergable proceso electoral de 2026, cuando el todopoderoso Congreso peruano deberá renovarse, luego de un regreso a la forma bicameral.
En abril de 2026 deberán elegirse 60 senadores y 130 diputados al nuevo Congreso peruano. La reorganización parlamentaria, que seguirá a ese proceso electoral, será decisiva para la nueva sucesión presidencial, que tendrá lugar en el país andino. La gestión de Jerí será medida por ese tránsito sucesorio, más allá de lo que pueda lograr en los próximos meses en materia de control de la violencia y combate a la inseguridad ciudadana.
La prologada crisis peruana podría experimentar una inflexión, luego de ese proceso electoral. Para que ello ocurra sería necesario que los actuales poderes de facto en el congreso alcanzaran una nueva correlación de fuerzas. Sólo así podría producirse un nuevo mandato presidencial, legítimo y eficaz.
*Este artículo se publicó originalmente en La Razón de México.