Ramón Peña / En pocas palabras: De prisión a fosa
Por denuncia del Foro Penal Venezolano, el país conoció que Gabriel Medina Díaz, venezolano de 39 años, preso político en la cárcel de La Pica, en el estado Monagas, en prisión preventiva sin sentencia desde abril de 2020, enfermo de tuberculosis, murió luego de un mes en estado grave de salud sin atención médica. Ante la negación del tribunal correspondiente y solo por presión de sus compañeros de celda, el penal accedió finalmente a trasladarlo a un hospital donde falleció. “El noveno preso político que muere en custodia desde 2014”, atestigua el Foro Penal.
Realidades criminales como ésta lucen invisibles para el sistema de justicia oficialista. Materias a las que correspondería la actuación de oficio, entre otros, del Fiscal General designado por la llamada Asamblea Nacional Constituyente. Par contre, de este funcionario recordamos que no pestañeó cuando ordenó el arresto de la poeta y académica Milagros Mata Gil y de su compañero, también poeta, por “instigación al odio,” al reseñar su presencia en una fiesta que violaba las normas oficiales de seguridad contra la pandemia. Sin duda, una inicua jerarquización de la relevancia de asuntos que atañen a la vindicta pública.
Otro funcionario también ausente ante estas violaciones flagrantes de derechos humanos a venezolanos en prisión, es el Defensor del Pueblo. Por cierto, la única actuación suya que recordamos, es la de haber estado en La Haya, abogando por el régimen ante las denuncias de delitos de lesa humanidad, las cuales fueron admitidas por la Corte Penal Internacional.
En contraste con este menosprecio por la justicia penal, merece respeto y admiración la perseverante y arriesgada actuación del Foro Penal Venezolano, de sus directivos Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, y de su incansable equipo de abogados. Gracias a ellos, los abusos y crímenes contra la libertad ciudadana no alcanzan el propósito de pasar desapercibidos.
