Ratificar la Constitución institucionalizará la dictadura de un partido

Si alguien pretendiera encontrar una definición de lo más actual y trascendente de lo que está ocurriendo en Cuba podría afirmar que hoy se vive una transición de la autoridad del símbolo a la fuerza de la ley.

Durante casi medio siglo Cuba fue básicamente conducida por la decisión personal de Fidel Castro. Hay al menos dos argumentaciones diferentes, pero no antagónicas, para explicar cómo fue posible que toda una nación se sometiera a la voluntad de un individuo. Una es el miedo, la otra, la fascinación que anula toda desobediencia.

Pero como la fascinación puede ser interpretada en este caso como un desplazamiento, una sublimación colectiva para no reconocer la humillante realidad de que se cede bajo la presión del miedo, entonces todo se reduce a la intimidante autoridad que se construyó en torno a una persona que pretendió encarnar todos los símbolos: la patria, la bandera o la historia, entre otros.

Hay al menos dos argumentaciones diferentes, pero no antagónicas, para explicar cómo fue posible que toda una nación se sometiera a la voluntad de un individuo

Esta autoridad repartió cuotas de poder entre quienes integraban lo que luego llegó a denominarse la generación histórica de la Revolución. Todos los que fueron elegidos por él formaron un reducido ejército de arcángeles intocables cuya superioridad dependía del grado de concomitancia con el máximo líder. De esa cercanía personal dependía el miedo o la fascinación que provocaran.

Desde el primero de enero de 1959 hasta que se proclamó la Constitución de 1976 el país fue prácticamente gobernado a capricho sobre un par de botas militares. «No vamos a dejar ni un solo vestigio de propiedad privada»; «Construiremos el socialismo y el comunismo al mismo tiempo»; «Produciremos 10 millones de toneladas de azúcar»; «Aquí vamos a hacer una represa»; «Rodearemos La Habana con un cordón de cafetales»; «Tendremos mejores vacas que en Suiza, el zoológico más grande del mundo y cientos de escuelas en el campo para combinar el estudio con el trabajo».

El ostensible fracaso provocado por semejante voluntarismo terminó llevando al país a comprometer su soberanía a los dictados de la Unión Soviética, único proveedor de lo que eufemísticamente se denominaba «un comercio justo entre los pueblos». Los dirigentes de la URSS exigieron garantías para seguir manteniendo «la tubería» del subsidio y para convencerlos hubo que realizar el I Congreso del Partido en 1975 y, un año más tarde, presentar una nueva Constitución.

Al frente de la comisión redactora de aquella Carta Magna se designó a Blas Roca, el último dirigente comunista de la época republicana, como fiador de que la Ley de leyes estuviera en sintonía con el Kremlin. De esta manera se garantizaba que el futuro inmediato de la Isla estuviera respaldado por el décimo plan quinquenal de la Unión Soviética (1976-1980). En retribución a la solidaridad del hermano mayor, la Constitución cubana reconoció en su texto «la amistad fraternal y la cooperación de la Unión Soviética y otros países socialistas».

El comandante en jefe respondió que si una ley no permitía un propósito de la revolución, la solución era cambiar esa ley de inmediato

Una vez cubiertas las formalidades, el máximo líder siguió comportándose con su habitual voluntarismo. En una ocasión en que un diputado le advirtió que lo que se estaba programando no podía llevarse a cabo porque contradecía una ley, el comandante en jefe respondió que si una ley no permitía un propósito de la revolución, la solución era cambiar esa ley de inmediato.

Eran los tiempos en que el diputado Fidel Castro, encarnación de la autoridad emanada del símbolo, inspirador de todos los miedos y de toda fascinación consumía frente al micrófono al menos la mitad del tiempo que duraban las sesiones del Parlamento. Las últimas hazañas de su voluntarismo como respuesta al «desmerengamiento» del bloque socialista de Europa del Este fueron decretar el Período Especial, poner en circulación el dólar estadounidense, conducir la Batalla de Ideas y promulgar la Revolución Energética.

En el verano de 2006 una inesperada afectación intestinal obligó al máximo líder a guardar reposo y a transferir a su hermano Raúl Castro sus poderes legalmente reconocidos. A sabiendas de que no era portador del carisma del comandante en jefe, el general de división comprendió que había llegado el momento de elaborar normativas de obligatorio cumplimiento para garantizar la continuidad del sistema.

Fue entonces que se comenzó a hablar de reformar la Constitución de la República, más para adecuarla a la realidad de los nuevos tiempos, donde ya no había un campo socialista, que para retractarse de lo que se había propuesto hasta ese momento.

Fue entonces que se comenzó a hablar de reformar la Constitución de la República, más para adecuarla a la realidad de los nuevos tiempos, donde ya no había un campo socialista

El general presidente contó con diez años para acostumbrar a sus gobernados a la idea de que él era el sucesor. Aunque nunca recibió de parte de su hermano una felicitación pública por su desempeño, ni siquiera una tibia aprobación de lo que hacía, en noviembre de 2016 se puso de manifiesto que a partir de ese momento las decisiones las tomaría Raúl Castro, entre otras razones porque ya no quedaba nadie vivo con poder para darle órdenes.

Una vez desaparecido el principal influjo que emanaba de la autoridad del símbolo y calculando que la biología probablemente le procuraría al sucesor a lo sumo un quinquenio de gracia, se podía concluir que a partir de ahora solo quedaba apelar a la pura y dura fuerza de la ley para someter a la ciudadanía . Esa parece haber sido la razón esencial para formular una nueva Constitución.

Esa ley de leyes no solo impone que el sistema socialista es irrevocable, sino que además le otorga a los simpatizantes del sistema el derecho a usar las armas contra quien intente cambiarlo y vuelve a confirmar que el único partido permitido, el comunista, es «la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado.»

Esa Carta Magna será sometida el próximo 24 de febrero a la consideración de un electorado que dista mucho de parecerse a aquel que en 1976 aprobó abrumadoramente una Constitución prácticamente calcada de las que regían en los países socialistas.

De no poder imponer la fuerza de la ley y sin posibilidad alguna de revivir la autoridad del símbolo, solo quedarían dos opciones, o apelar a la fuerza a secas o hacer las maletas

Esta nueva Constitución, de ser ratificada, institucionalizará la dictadura de un partido y, en consecuencia, será el instrumento de dominio de unos herederos, elegidos por su lealtad, que ya no necesitarán de los méritos del heroísmo ni de la mística revolucionaria para gobernar.

El factor a favor del Gobierno en este referendo, además de quienes piensan que el socialismo mantiene reservas para solucionar los problemas del país, es la desidia de quienes creen que la nueva Constitución no cambiará nada y que aunque la mayoría se decidiera por votar No, de todas formas, la impondrían.

Otros apuestan a que una mayoría de negaciones no podría ser ocultada o falsificada y que, de producirse el milagro de una masiva rebeldía cívica en las urnas, tarde o temprano se sabría y el Gobierno tendría que reconocer su derrota.

De no poder imponer la fuerza de la ley y sin posibilidad alguna de revivir la autoridad del símbolo, solo quedarían dos opciones, o apelar a la fuerza a secas o hacer las maletas.