Régimen de fuerza: Los medios de violencia
La permanencia de Maduro en el poder, no obstante las movilizaciones en su contra a partir de 2014, el repudio a sus atropellos y el desconocimiento de su “relección” por parte de la comunidad internacional, y el destrozo económico que fraguó, obedece al cultivo de militares dispuestos a violar su mandato constitucional y a traicionar los intereses de la nación venezolana, para que siga ahí. A pesar del discurso patriotero y los esfuerzos de adoctrinamiento, el instrumento principal que forjó esta perversión fue la corrupción. Fundamental en ello ha sido el desmantelamiento del Estado de Derecho desde los inicios del chavismo. Se ha promovido a militares afectos a altos cargos políticos y se les ha puesto al frente de una variada gama de responsabilidades económicas que, en ausencia de transparencia y de rendición de cuentas, les han deparado significativas oportunidades de lucro. Notoriamente, el apoyo del gobierno de Chávez a la guerrilla colombiana llevó a facilitar el tráfico de drogas por el territorio nacional, lo cual derivó luego en el llamado Cártel de los Soles. El compromiso de garantizar la impunidad de oficiales incursos en irregularidades, siempre y cuando sostuviesen al régimen, hizo de ellos cómplices y guardianes supremos del régimen de expoliación en que devino la “revolución” bolivariana. A la par, se procuró purgar y reprimir a aquellos militares leales a su misión institucional.
El elemento distintivo de un régimen de fuerza está en su capacidad y disposición de aplicar los medios de violencia del Estado para mantenerse en el poder y aplacar la voluntad popular, por encima del ordenamiento legal. Estos medios conforman un aparato de coerción y coacción integrado por militares y policías a las órdenes de la dictadura, y por órganos jurídicos abyectos, puestos a su servicio.
Un análisis reciente de Harold Trinkunas[1] resume los elementos de corrupción y de transgresiones legales presentes en el mundo militar venezolano. Plantea la necesidad de que las fuerzas democráticas tengan una política hacia la fuerza armada, destinada a superar esta situación de manera de lograr su retorno al redil constitucional. Sin embargo, parte de considerar a las FAN actuales como una institución, lo cual es discutible. Implica la existencia de unidad de mando, de una disciplina férrea basada en la subordinación a una jerarquía estricta y centralizada, y de un carácter obediente, no deliberativo. No parece compaginarse con lo que existe en el Estado fallido chavomadurista. Este ha tenido que tejer alianzas con factores internos y externos variados para mantenerse en el poder, muchas al margen de la ley, lo cual ha degenerado en una situación de anomia. Militares y policías son, frecuentemente, el eje de tales alianzas, integrando una red de mafias dedicadas en depredar cotos particulares de lucro.
Lo anterior encuentra un ambiente propicio en la desconcentración de las FAN en las REDI (Regiones de Defensa Integral), las ZODI (Zonas de Defensa Integral) y las ADI (Áreas de Defensa Integral). Las bandas delictivas que explotan y comercializan oro, diamantes, coltán y otros minerales en el sur del Orinoco se ven obligadas a establecer tratos con la REDI de Guayana. Las oportunidades que depara el tránsito fronterizo de personas y bienes caerían bajo la custodia de la REDI de los Andes, los traficantes muy probablemente se entiendan con las REDI de los Llanos y de oriente, y así sucesivamente. A nivel local, las actividades de extorsión a comerciantes, productores y viajeros en peajes, pueblos, ciudades, puertos y aeropuertos serían de usufructo particular de los integrantes de las ADI respectivas.
De ser así, se está ante una FAN desdibujada, compartimentada por “negocios” específicos, corroída por la corrupción, con pertrechos modernos que no son mantenidos y con una tropa desmoralizada que pasa hambre. Difícilmente puede entenderse como una institución. Esto plantea un desafío importante para una política orientada a desarmar el funesto papel de algunos militares en apoyo a Maduro.
La descomposición social y la anomia que ha producido el chavomadurismo hacen de una FAN institucional saneada un referente obligado en la estabilización de un gobierno de transición democrática. Producir este cambio cualitativo requeriría de su depuración significativa. Si el sueldo de un general de división era equivalente a 17 dólares mensuales a comienzos de año, ¿cómo esperar que no incurriera en acciones ilícitas si, además, sabe que goza de impunidad? Un proceso realista de recuperación del país deberá desmontar la dinámica de expoliación de que tanto han disfrutado los militares cómplices de Maduro. Luego, aquellos oficiales honestos, con vocación institucional, deberán contar con una remuneración digna, acorde con sus expectativas, lo cual implica superar el actual Estado fallido.
Pero el abuso de los medios de violencia para sostener a la dictadura que encabeza Nicolás Maduro implica un aparato de terror que va más allá de la simple complicidad de militares corruptos. Además de abusos de guardias nacionales, los informes sobre violación de derechos humanos en Venezuela mencionan irremediablemente a la FAES, la Policía Nacional Bolivariana y el Cicpc, responsables de atropellos diversos y de ajusticiamientos arbitrarios, sobre todo en sectores populares. La Dgcim y el Sebin se concentran más en acosar, apresar y torturar a opositores y a militares institucionalistas, bajo la acusación de que están involucrados en “actividades terroristas”. En realidad, como todo régimen fascistoide, se ha constituido desde el Estado un régimen de terror con estos cuerpos, amparado en un tribunal supremo abyecto que tuerce, como sea, el ordenamiento legal para sustentar las imputaciones tramadas desde el poder. Como lo señala Robert Conquest en su libro El Gran Terror, que trata de los juicios de Moscú bajo Stalin, el alcance de un régimen de terror se incrementa con su arbitrariedad, pues nadie se siente seguro de que, aun “portándose bien”, no será aprehendido. En la Alemania Nazi eran los Juristas del Horror –título de un libro de Ingo Müller[2]–, cuyo encargo era fabricarle delitos a quienes habían sido apresados por oponerse al régimen. Finalmente, si a medios de violencia nos referimos, el chavismo alentó, en distintos momentos, la beligerancia de grupos paramilitares –colectivos armados, bandas delincuenciales—con el fin de atemorizar a los opositores. “Cría cuervos…”
En fin, nos encontramos ante un régimen que, ya sin poder de convocatoria y apoyo popular, apela a la violencia o a la amenaza de ella para perpetuarse, violando el ordenamiento constitucional. Se encubre, claro está, con una narrativa maniquea que invoca el combate al enemigo para absolver sus atropellos ante sus partidarios. Pero tal blindaje, de resultar exitoso, es caldo de cultivo de una crueldad extrema. Hannah Arendt lo denominó la “banalidad” del mal, en referencia a lo revelado en el juicio del nazi Adolf Eichmann, en Jerusalén. Guardando las distancias, el régimen de Maduro tiende a promover a aquellos militares y civiles que demuestran no detenerse por escrúpulos o consideraciones morales o legales a la hora de emprender acciones a favor de la “revolución”. Las esperanzas de que el inicio del proceso negociador con representantes del régimen rinda eventualmente frutos con la apertura del país a un régimen de libertades, pasa porque comprendamos la naturaleza de este apoyo.
Quizás el país se vea en la necesidad de ofrecerles a algunos de quienes han cometido violaciones de los derechos humanos, y sobre quienes pesan sanciones o requisitorias por ello, un régimen de justicia transicional para alentarlos a que abandonen el poder. El dilema entre priorizar sobre todo la acción de la justicia, sabiendo que provocará una reacción defensiva de los inculpados que dificultará su salida, y un arreglo que obvie –al menos temporalmente– muchos de sus crímenes, en aras de superar cuanto antes el terrible costo social que significa la permanencia del chavomadurismo, representa un problema moral y político sumamente delicado, pero crucial. Deberá plantearse, además, en el marco de la decisión de la Corte Penal Internacional de investigar al régimen venezolano por la comisión de delitos de lesa humanidad. Las experiencias de países que han transitado exitosamente desde dictaduras atroces a regímenes en que impera la libertad, pueden ofrecer enseñanzas provechosas. Mecanismos similares probablemente tengan que ser abordados para lograr el retorno a la democracia en Venezuela.
[1] Wilson Center, “Venezuela’s Bolivarian Armed Force: Fear and Interest in the Face of Political Change”, July, 2021
