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Roberto Ampuero: El último campanazo a la clase política

Uno de los mensajes que emerge de este plebiscito es que los chilenos ratificaron, ahora en democracia, la validez, vigencia y eficacia de la Constitución de 1980 reformada en democracia, la misma que la izquierda viene denunciando desde siempre como el principal obstáculo para lograr el desarrollo y la convivencia del país.

 

Nunca imaginó Augusto Pinochet (ni Jaime Guzmán) que en el año en que se conmemoró el medio siglo del 11 de setiembre de 1973, la Constitución redactada bajo su gobierno iba a recibir de nuevo un amplio espaldarazo de la ciudadanía. Menos pudo imaginar que hasta la izquierda, su mayor enemigo, respaldaría su texto legal.

En rigor, esta Constitución ha sufrido en democracia numerosas reformas y modificaciones. Lleva la firma del expresidente Ricardo Lagos, pero mantiene su cuerpo medular original, lo que sumó ayer no sólo el respaldo de vastos sectores de izquierda y del centro nacional, sino que -lo sabemos- cuenta asimismo con la venia de la inmensa mayoría que votó por el A favor y vive conforme bajo su mandato.

Uno de los mensajes que emerge de este plebiscito es que los chilenos ratificaron, ahora en democracia, la validez, vigencia y eficacia de la Constitución de 1980 reformada en democracia, la misma que la izquierda viene denunciando desde siempre como el principal obstáculo para lograr el desarrollo y la convivencia del país.

Más allá de los análisis del resultado entre triunfadores (¿los hay?) y perdedores, es imperativo que la clase política analice con objetividad y altura de miras a qué se debe la identificación de los chilenos con la Ley Fundamental redactada bajo el régimen militar. Hay algo allí que tiene relación con la clase política misma y la percepción ciudadana de las Fuerzas Armadas y policiales. Ese baño de realismo probablemente pueda servirle para superar sus permanentes guerrillas (que contagian y envenenan a Chile), mejorar su criticado desempeño y también la lamentable evaluación que recibe por parte de la ciudadanía.

La clase política debe preguntarse cuáles son las razones por las cuales vive divorciada de la realidad y desconectada del sentir de gran parte de los chilenos.

Otro mensaje ciudadano que emerge de este plebiscito es que los chilenos no consideran que la actual Constitución sea un obstáculo para el desarrollo del país, y menos que su eliminación sea la clave para resolver los problemas. No es el guión escrito, sino los actores, el gran problema del país. Ese parece ser el mensaje de los chilenos, el que no debe ser barrido bajo la alfombra.

De la votación de ayer se desprende además que la mayoría desea que la clase política renuncie a la utilización de pretextos constitucionales en su quehacer y se dedique a abordar, enfrentar y resolver los graves problemas que atormentan al país y ante lo cual el Gobierno -principal responsable en todo esto- ha mostrado impericia, división interna, inmadurez, desconocimiento y arrogancia ante la difícil situación que afronta la ciudadanía.

Del resultado del plebiscito se desprende también que la ciudadanía considera que la clase política -Gobierno incluido- no está a la altura de los retos del país, lo que queda demostrado por el hecho de que fueron derrotados proyectos constitucionales redactados por la izquierda y también por la derecha. No es hora de cantar victoria para nadie porque lo que ha quedado de manifiesto en estos años es la crisis de credibilidad en que se hallan los partidos políticos, el Congreso, las municipalidades y el Gobierno, lo que muestran las encuestas de forma persistente.

Me atrevería a interpretar el resultado de ayer como un campanazo ciudadano, quién sabe si el último, para que de una vez por todas la clase política se ponga a la altura de las circunstancias y logre acuerdos sensatos para alejar a Chile del borde del precipicio en que se encuentra, acosado por la inseguridad, el narco, la violencia cotidiana, el terrorismo, la inmigración ilegal descontrolada, la corrupción, la crisis en materia de salud y educación, para no hablar de la economía y el desempleo. Esto es grave, pues Chile venía en los últimos decenios lidereando los rankings económicos y sociales en la región.

El campanazo de ayer permite medir además cómo se va agotando la paciencia de la sociedad. La falta de credibilidad en la democracia es un fenómeno internacional y nuestros índices revelan que avanzamos con la marea, lo que implica riesgos para un país que en los últimos 35 años no conoció crisis profundas ni sostenidas.

La volubilidad electoral ciudadana indica que la sociedad chilena está buscando alternativas que pueden hallar en líderes o partidos nuevos, para salir de una vez de la crisis que la agobian. El triunfo del presidente Milei se explica por esa variante, también la popularidad regional de Bukele, y no es descartable que este fenómeno siga ampliándose en la región.

Hay otro factor que los políticos no están considerando del todo: el cambio cultural que ha tenido el país como resultado de su vertiginoso desarrollo durante los denostados “30 años”, el poderío de la sociedad civil y la independencia con respecto a los políticos que permiten las redes sociales. También están dejando de lado la percepción negativa de los políticos que se ha generalizado precisamente por no ser capaces de cumplir con las tareas por las cuales se les paga de forma generosa: resolver mediante el diálogo y el conocimiento los problemas del país, anticipar lo que viene en materia de retos y riesgos, y diseñar condiciones marco que permitan a los chilenos salir de la pobreza y a la clase media alcanzar la solidez que necesita.

Esta semana será de análisis del plebiscito por parte de los partidos. Tal como lo anuncié en mi columna anterior, aquí no hay ganadores. Unos perdieron, pero los otros no ganaron, a menos que la izquierda considere un triunfo moral defender la vigencia de la Constitución redactada bajo el mandato de Augusto Pinochet o “cuatro generales”. Esta es una explicación que el sector tendrá que dar dentro y fuera del país. Lo mismo ocurre con respecto al apoyo que brindaron -de hecho, de palabra o bien por omisión- al estallido social y delincuencial de octubre de 2019. Allí surge una pregunta compleja: ¿Se estuvo dispuesto a todo -incluso a promover o tolerar o justificar la destrucción del país y a derrocar a la administración anterior- con tal de eliminar la Constitución vigente, pero un par de años más tarde se defiende a rajatabla la vigencia de la misma?

Las derechas también tendrán que responder a ciertas preguntas, entre ellas la de cómo fue posible que teniendo inicialmente todo a su favor para concitar el apoyo ciudadano en torno a una nueva constitución, no lograran redactar una que efectivamente lo cosechara.

Ojalá el campanazo ciudadano sea escuchado por la clase política.

 

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