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Ruth de Krivoy: “El programa económico del Gobierno no conduce al crecimiento”

«A buen entendedor, pocas palabras». No solo es un refrán, sino una clave para darle entidad a la tesis que -en esta entrevista- sostiene Ruth de Krivoy*. Y para muestra un botón: «No es lo mismo depender de las políticas públicas, que de la política». Sabemos que las políticas públicas se definen y aplican luego de un consenso en el que intervienen las partes involucradas, un consenso que podría resumirse en ganar-ganar. Pero la política no siempre es consecuencia del accountability y los check and balance que sostienen a las instituciones de una república. En cambio, la política puede ser el resultado de la voluntad, el capricho o la imposición de un solo hombre. Tengamos, pues, esto en cuenta.

El año 2000 nos encuentra en una paradoja, después de una década de golpes de Estado y crisis persistente. Fue un momento crítico. ¿Qué evaluación hizo usted de este momento?

En ese año veníamos de salir de la crisis bancaria (1994), un proceso complicado, costoso. Hubiera podido prevenirse con mejores regulaciones y mejores políticas de estabilización. Si bien en 1998 lo peor de la crisis ya se había superado, el panorama de nuestra economía era complejo, entre otras cosas, porque los problemas tradicionales estaban vigentes: la dependencia del petróleo, la carencia de mecanismos de estabilización, la inflación persistente (alrededor del 25 por ciento). En ese momento necesitábamos enrumbar a la economía venezolana. Un reto que hemos tenido siempre. Reto que ha enfrentado cada Gobierno que ha asumido el poder. Pero en una sociedad rentista, acostumbrada a recibir ingresos petroleros para cubrir necesidades del día a día, con una visión eminentemente cortoplacista y un sector privado no petrolero enfocado en atender la alimentación, fundamentalmente, con algo de infraestructura y poca diversificación, se necesitaba profundizar en las reformas que se iniciaron en 1989, reformas que estaban orientadas a la modernización y diversificación, con orientación de largo plazo. Reformas que se fueron diluyendo, se fueron perdiendo.

Un reto persistente que supone una encrucijada. 

Era una coyuntura en la cual, según el camino que se tomara, o bien la economía venezolana se enrumbaba con metas de desarrollo de largo plazo o se profundizaba la erosión. Ese era el reto en el 2000.  

¿No era el momento para convertir a PDVSA en una empresa energética y que Venezuela ocupara un nicho en la economía global?

Esa pregunta me lleva a lo siguiente: PDVSA era una empresa competitiva, era una empresa focalizada en lo que le tocaba hacer: producir y vender petróleo, generar los ingresos que después el aparato estatal redistribuyera, bien sea a fortalecer la red de seguridad social -salud, educación, infraestructura, prestaciones sociales, pensiones- y crear, alimentar, la capacidad de los recursos externos. Aunque esas funciones (enumeradas arriba) correspondían a otras instituciones del Estado, no a PDVSA. De ser una empresa petrolera, PDVSA pasó a ser la hidra de múltiples cabezas, de múltiples empresas -alimentos, vivienda, desarrollo agrícola, etc.-, que distrajeron a la industria. Además, a PDVSA se le despojó de recursos, entre 2006 y 2011, cuando se reformó la Ley del Banco Central de Venezuela y se creó el Fonden. A la industria se le impuso el traspaso de 31 millardos de dólares al Fonden y, de paso, también se le impuso al BCV entregar 40 millardos de dólares a ese organismo. Esa decisión debilitó tanto a PDVSA como al BCV. Esos 40 millardos de dólares, por ejemplo, pudieron haber estado en las reservas internacionales cumpliendo una función de estabilización y los 31 millardos de PDVSA pudieron haber fortalecido a la empresa.

¿Qué nos dice la toma de esas decisiones?

Ese hecho ilustra cómo el manejo institucional debilitó a la industria petrolera y a una institución tan importante como el Banco Central. Y, finalmente, debilitó a la economía, porque el hilo conductor de todos estos temas, a mi juicio, está en las instituciones. En cualquier país, las instituciones cumplen una función muy importante. Lamentablemente, para Venezuela, nuestro panorama institucional, que ya era débil, se ha debilitado aún más.

Un aparato productivo privado que depende de las decisiones que toma el Gobierno. Me estoy refiriendo a las políticas arancelarias, a la política crediticia, entre otras. ¿En qué momento se tomaron decisiones que llevaron a la quiebra del sector privado?

En una economía no existe tal cosa como un sector privado independiente, aunque es muy distinto ser dependiente de las políticas públicas que de la política. Una cosa que enredó el juego fue el papel político que asumieron algunas instituciones del sector privado. Entonces, ¿qué ha pasado con el sector privado venezolano? Primero, ha estado concentrado en actividades no petroleras (el petróleo ha sido un coto exclusivo del Estado). Segundo, era dependiente de las importaciones de insumos y bienes de capital, exportaba muy poco y, por lo tanto, era muy vulnerable al tamaño del mercado interno. Tercero, en Venezuela hay una larga tradición de sobrevaluar el bolívar, que nuestra moneda tenga un alto valor externo para abaratar las importaciones y, por esa vía, redistribuir la riqueza generada por el petróleo a la población. En el pasado, el bolívar se sobrevaluaba cuando subían los precios del petróleo, aumentaban los ingresos y se hacía más barato todo lo que teníamos que traer del exterior. ¿Qué ocurrió? La sobrevaluación se convirtió en un arma de redistribución, no ya relacionada con los ingresos, sino con redistribuir algo que ya no se generaba. Empieza el tema de la sobrevaluación, la erosión de los derechos de propiedad, los controles, las fuertes fluctuaciones en la actividad económica y el deterioro de los mecanismos de resolución de conflictos por la politización del Poder Judicial. Entonces, se encoge el mercado interno, desaparece el financiamiento bancario, producto de la política de estabilización del Gobierno, la sobrevaluación hace mucho más difícil exportar, las normas en materia laboral dificultan el manejo del recurso humano. En fin, estaban dadas todas las condiciones para que el sector privado se debilitara sustancialmente.

La sola enumeración de esos hechos produce vértigo. 

Recordemos los planes de la nación que, a partir de 2006, contemplaban el encogimiento del sector privado y la expansión del sector público. Lo que pasó fue algo planificado. Sucedió por diseño.

¿Por ese camino llegamos a los bodegones?

Pues, en cierta forma, sí, porque los bodegones son la manifestación de una política que, hoy día, facilita las importaciones para combatir la escasez. La escasez fue un problema reciente, pero ya no lo es, porque aumentó la oferta de productos terminados y algunos insumos. Las importaciones son baratas, muchas son ilegales. Mucha informalidad. En el fondo lo que hay es la disposición a mitigar los problemas actuales por la vía más fácil. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque estas políticas no producen empleo, no producen crecimiento. Genera la satisfacción de unas necesidades momentáneas en las zonas urbanas, pero nosotros estamos en presencia de una economía que se ha encogido muy rápidamente -en cinco, seis años, cayó 80 por ciento- y si bien hay la percepción de que esa caída aparatosa se ha detenido, estamos lejos de un rebote que nos permita recuperar el terreno perdido y no tenemos un plan de cómo enrumbar la economía. La realidad es distinta. El petróleo, hoy, no es lo que era antes. No es tan importante. La infraestructura petrolera de Venezuela está muy venida a menos. No somos un país como nuestros socios del Medio Oriente que aprovechan las coyunturas para abrir o cerrar las válvulas y generar más beneficios para su sociedad. Estamos a merced de lo que suceda con los precios, produciendo poco y exportando poco.

El presidente Chávez no mintió cuando en la campaña de 2005 dijo que «el que vote por mí está votando por el socialismo». Nadie puede decir que lo engañaron o que fue ingenuo. Pero eso también venía acompañado de que se iba a desmontar la economía como la conocemos, la economía capitalista, al tiempo que veríamos el surgimiento de la economía socialista. ¿Realmente existe una economía socialista o es esto, lo que estamos viviendo?

Aquí se juntan dos cosas. La primera: en Venezuela había una larga cultura de valorar el papel que juega el Estado en la economía, producto de que el Estado es el dueño del petróleo. La venta del petróleo le genera al Estado unos ingresos y los gobiernos de turno tienen la potestad de distribuir y, cuando los políticos distribuyen, pues lo hacen a cambio de algo. Eso es así en todas partes del mundo. La segunda: Venezuela también ha sido un país que valoraba los controles. Hemos vivido décadas de controles de precios, controles de importaciones, controles de cambio, todos fallidos, pero no se echaba la culpa a los controles, sino a quienes administraban los controles. Quienes llegaban al gobierno pensaban que aquellos que los habían precedido no lo habían hecho bien. Por eso ese mensaje de darle prioridad al papel del Estado caló sin mayores problemas. A eso, entre otras cosas, habíamos estado acostumbrados durante mucho tiempo. El tema de la desregulación, de la competitividad, de la innovación, de ser un país emprendedor, eso no forma parte del ideario público en Venezuela.

¿Cuál sería el otro elemento que se añade a la realidad económica de Venezuela?

Surgió el problema alrededor del término socialismo, que no es exclusivo de Venezuela nada más. De los países nórdicos se dice que son socialistas, porque tienen programas de seguridad social muy poderosos. Pero, a su vez, tienen un régimen de libre empresa, absoluta seguridad de los derechos de propiedad y planes muy claros de desarrollo de largo plazo. Un país que nos debería tocar muy de cerca es Noruega, un país petrolero que dedicó el grueso de sus ingresos por venta de petróleo, a crear unos fondos de estabilización que les aseguran a sus ciudadanos calidad de vida casi que infinita. Si eso es socialismo, venga pues. Otra cosa es el comunismo, que es la propiedad del Estado, la abolición de los derechos de propiedad. Lo que tenemos en Venezuela es producto de doctrinas socialistas que han acabado con la solidez de los derechos de propiedad, la solidez de las instituciones y el debilitamiento de la sociedad como un todo. La economía rusa -eminentemente comunista- llevó al colapso del país y posteriormente se impuso una economía muy peculiar. China es otro caso de economía comunista que evolucionó a un híbrido de regiones, de segmentos, actividades… en fin.

¿Qué podría decir del manejo de las principales variables macroeconómicas que se ha hecho en todos estos años?

Nosotros estamos sufriendo un proceso de hiperinflación todavía no corregido. Si bien ha venido declinando, esto es producto de la decisión de las autoridades de estabilizar la tasa de cambio, principal factor al que se le atribuye la inflación. En verdad, nosotros tenemos una tasa de inflación que va de la mano de las variaciones del precio del dólar. Para estabilizar la tasa de cambio se ha ahogado el crédito bancario. Por lo tanto, no hay en Venezuela una oferta de crédito que sustente la actividad productiva. Esto es una deficiencia importante: no hay un solo país que haya desarrollado su economía sin crédito bancario y sin un sistema bancario sólido. Por otro lado, mientras se estabiliza la tasa de cambio por esta vía -las elevadas tasas de encaje-, ha habido una política de financiamiento monetario, por parte del Banco Central, a través de la adquisición de pagarés de PDVSA que aumentan la liquidez. Entonces, el BCV crea liquidez y después busca esterilizarla con los encajes o a través de la intervención cambiaria. Es decir, vendiendo dólares en el mercado financiero para recoger bolívares. Este esquema produce una estabilización lenta, compleja, costosa en términos sociales y no produce crecimiento. Además, no ancla las expectativas, porque descansa en intervención cambiaria, para lo cual el BCV necesita reservas mucho más de las que tiene. Y descansa en la hipótesis de que no va a haber financiamiento bancario. Pero el Gobierno no puede deshacerse del financiamiento del BCV porque hay una brecha que tiene que llenar. Y no lo puede hacer a través de la recaudación interna porque ahogaría aún más al sector privado. Entonces, es un programa económico que necesita sus ajustes, porque no conduce a la estabilidad monetaria y no conduce al crecimiento.

¿Cree que si no fuera por las sanciones el gobierno del señor Maduro sería un hermoso gobierno neoliberal?

No. Yo creo que es razonable interpretar que el pragmatismo del Gobierno es una respuesta a las urgentes necesidades del país y, probablemente, a la conclusión a la que llegaron es que los controles estaban ahogando a la economía; y que para reanimar al sector privado, que es imprescindible para reanimar a la economía, había que desregular. Pero esta nueva desregulación, por los momentos, solo es de hecho y no de derecho, porque todas las leyes que han dado lugar a la política de controles siguen vigentes. Por lo tanto, se trata de una situación que no genera el nivel de confianza necesario.

¿No es una espada de Damocles? Porque en cualquier momento se desempolvan esas leyes y se aplican. 

Así es. Eso es parte del problema.

 

 

RUTH DE KRIVOY: Economista por la Universidad Central de Venezuela (Mención summa cum laude). Ha desarrollado una intensa actividad en el servicio público ocupando distintas posiciones, entre otras, integrante de la Comisión Asesora para el Refinanciamiento de la Deuda Externa y presidenta del Banco Central de Venezuela, miembro honorario de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. En el plano académico fue profesora en la UCV, la UCAB y el IESA. Ha dictado conferencias en Escuelas de Negocios y Universidades de Estados Unidos (Wharton, Penn State, Georgetown, Columbia y Johns Hopkins). Actualmente preside la firma Síntesis Financiera.

 

 

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