Sanciones a Venezuela podrían llevar a cambio de política de Estados Unidos

El proyecto de ley aprobado por el Senado para sancionar al chavismo -que probablemente será ratificado esta semana por la cámara baja- contiene disposiciones que podría forzar un cambio en la política estadounidense hacia el régimen de Nicolás Maduro, obligando al Departamento de Estado a ser mucho más proactivo en asistir a los venezolanos a recuperar la democracia.

La nueva legislación también podría congelar los activos en dólares fuera de Estados Unidos de los funcionarios chavistas implicados en violaciones a los derechos humanos.

El proyecto de ley bipartidista, que en primera instancia congelaría las propiedades de al menos 56 líderes de la Revolución Bolivariana, también fortalece la posición de quienes están a favor de adoptar una posición mucho más agresiva frente a la destrucción de las instituciones democráticas en Venezuela y podría conducir a una mayor distribución de recursos para ese fin, señaló el ex subsecretario de Estado, Roger Noriega.

El proyecto establece que la política de Estados Unidos hacia Venezuela es la de “respaldar al pueblo venezolano en su aspiración de vivir en paz bajo una democracia representativa, tal como está definido en la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos”.

“Cuando el presidente firme el proyecto de ley, tal como se espera, esto va a ser la política oficial de los Estados Unidos”, señaló Noriega desde Washington, resaltando las disposiciones de la legislación que instruye al Departamento de Estado a informar qué es lo que está haciendo para ayudar a los venezolanos en áreas que van desde tener acceso al libre flujo de la información hasta alcanzar su deseo de “vivir en paz y bajo un sistema democrático representativo”.

“Y cualquier aparato de política exterior va a tener que responder y adecuarse a esto, de una manera muy seria, y esto va a empoderar a gente dentro de estas administración que quiere ver estrategias mucho más proactivas para promover la democracia y la preservación de los derechos humanos en Venezuela […] Sin duda, esto va a fortalecer sus posiciones dentro de la administración. Esta es una legislación que promete traer muchos cambios constructivos”, explicó Noriega.

Aun cuando la legislación habla de sanciones en territorio estadounidense, el lenguaje utilizado es lo suficientemente amplio como para incluir transacciones realizadas en otros países con la moneda estadounidense, dijo Noriega, quien también se desempeñó como embajador de Estados Unidos ante la OEA.

“Dependiendo de la energía con que el presidente opte por aplicar a esta legislación, es previsible el congelamiento de los activos y el bloqueo de transacciones dolarizadas a personajes claves del régimen venezolano”, comentó.

Además, “la legislación prohibiría transacciones de y con individuos en Estados Unidos o a través de nuestro sistema financiero”.

Dado al elevado volumen de negocios que el régimen realiza con Estados Unidos, incluyendo las substanciales compras de petróleo, muchos de los funcionarios del régimen de Caracas no tienen más opción que mantener cuentas en el país norteamericano.

Y las limitaciones para hacer uso del sistema financiero estadounidense podrían terminar por congelar sus activos en otros países.

“Puede que ellos piensen que van a lograr sacar su dinero en el corto plazo. Pero podrían verse imposibilitados a transferir sus transacciones dolarizadas”, señaló Noriega.

“Adicionalmente, ellos podrían encontrase con que otras compañías e individuos en Estados Unidos no van a estar dispuestos a realizar negocios con ellos, ante el riesgo de que ellos mismos sean acusados de hacer negocios con personas sancionadas bajo las leyes de Estados Unidos”, explicó.

Bajo el proyecto de ley, la política estadounidense hacia Venezuela debe incluir acciones concretas y trabajo en concierto con los países miembros de la OEA y de la Unión Europea para garantizar “la pacífica resolución de la actual situación en Venezuela y la inmediata suspensión de la violencia contra los manifestantes antigubernamentales”.

También contempla el emprendimiento de acciones para responsabilizar a funcionarios del gobierno de Caracas y de las fuerzas de seguridad de Venezuela vinculados con el uso de fuerza en relación con las manifestaciones antigubernamentales y futuros actos de violencia similares.

Asimismo, la política hacia Venezuela conllevaría el mantenimiento de esfuerzos para seguir respaldando el desarrollo de los procesos democráticos y la consolidación de una sociedad civil independiente en el país sudamericano.

El hecho de que la iniciativa es bipartidista y fue aprobada en el Senado por unanimidad envía un mensaje muy fuerte a la Casa Blanca, que en los últimos años ha preferido evitar serios enfrentamientos con el régimen bolivariano.

El martes, la Casa Blanca anunció que sancionaría el proyecto de ley introducido en el Senado por el senador demócrata Bob Menéndez y auspiciado por el senador de Florida, Marco Rubio, si éste es presentado ante el presidente Barack Obama para su firma.

Y la congresista Ileana Ros-Lehtinen, que había introducido una versión similar en la Cámara Baja que fue aprobada previamente este año, dijo que la versión del Senado será debatida esta semana por los representantes para luego enviarla a la Casa Blanca, precisamente para que sea firmada.

“De aprobarse esta legislación, enviaríamos un mensaje inequívoco que nosotros no permitiremos que las acciones del régimen de Maduro queden impunes y reafirma que el Congreso apoya solidariamente al pueblo de Venezuela”, declaró la congresista en un correo electrónico.

Según fuentes cercanas al proyecto de ley, al menos 56 funcionarios del chavismo aparecen en una lista preliminar de posibles sancionables.

La resolución aprobada en el Senado solicita al presidente Obama que congele las visas y los activos en Estados Unidos de aquellas personas involucradas en la represión emprendida por el régimen de Maduro contra las personas que se manifiestan en su contra, acciones que han dejado un saldo de al menos 43 muertos, casi 900 heridos y más de 2,500 detenidos desde febrero pasado.

Entre los posibles sancionables se encuentran los funcionarios y los oficiales involucrados directamente en la represión en Venezuela, incluyendo al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, al actual jefe de ese organismo, Iván Hernández Dala, y al ex canciller Elías Jaua.

También aparecen el ex ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, la fiscal Luisa Ortega Díaz y los gobernadores Francisco Rangel Gómez, Alexis Ramírez, José Gregorio Vielma Mora y Henry Rangel Silva.