Sangre, sudor y lágrimas

El lema churchilliano, derivado de su histórico discurso al asumir como primer ministro, nos resulta útil en esta trágica hora de la nación venezolana. La pérdida de la democracia, la lucha librada y la que aún nos queda por librar, nos ha costado —y nos seguirá costando—: “sangre, sudor y lágrimas”.

En efecto, el socialismo del siglo XXI, devenido en una brutal y criminal dictadura, nos ha sumido en una tragedia absolutamente inaceptable en estos tiempos, luego de que la humanidad ha logrado avanzar en un proceso de ingeniería social orientado a establecer la convivencia civilizada, garantizando a la persona humana la protección y el adecuado goce de sus derechos fundamentales.

Alcanzar el Estado social de derecho y de justicia ha sido el fruto de guerras cruentas y de pérdidas inmensas en todos los continentes. La humanidad ha pagado un precio muy alto para llegar a los niveles de desarrollo institucional que hoy conocemos.

La derrota de los autoritarismos del siglo XX —el fascismo y el comunismo— abrió definitivamente el camino hacia la democracia en Occidente.

Aun así, persisten enclaves autoritarios en este hemisferio, y lo que es más grave: hay regresiones que evidencian la fragilidad de la democracia.

El surgimiento de nuevos autoritarismos, el populismo individualista y el militarismo constituyen una amenaza real para la humanidad.

Bajo el disfraz de una “democracia verdadera” o “democracia participativa y protagónica”, se ha destruido el Estado de derecho. Al desconocer el sistema de división de poderes y los pesos y contrapesos propios de la democracia representativa, se han establecido hegemonías personalistas que terminan reproduciendo los peores vicios de las dictaduras tradicionales.

Han plebiscitado la democracia para avanzar hacia la demolición de sus instituciones. Cuando los poderes públicos, encargados del control político y jurisdiccional, actúan para frenar políticas no consensuadas entre los diversos sectores de la sociedad —o al menos por su mayoría—, se apela al “pueblo” para que este desconozca sus competencias y decisiones. Para ello, los gobiernos usan y abusan del poder, de sus recursos y de su posicionamiento para avasallar y desconocer parlamentos y tribunales.

Los venezolanos venimos del futuro que aguarda a otras sociedades que transitan ese camino. Desde la llegada de Chávez a la presidencia en 1999, comenzó un proceso de plebiscitación que demolió la democracia y abrió el camino para establecer esta dictadura que hoy padecemos.

A lo largo de más de dos décadas hemos librado luchas complejas y difíciles para restaurar la democracia y derrotar al ala militarista enquistada en el poder. En los primeros años de la “revolución bolivariana”, con una industria petrolera construida durante un siglo y en un contexto de precios altos del crudo, la plebiscitación le funcionó a Chávez para imponer su hegemonía. No obstante ese dominio del poder y el descomunal volumen de recursos financieros disponibles, la sociedad venezolana sacó fuerzas de sus entrañas y lo derrotó en el referéndum convocado para aprobar la reforma constitucional del 2 de diciembre de 2007.

Chávez aceptó de forma grosera su derrota, pero desacató el mandato ciudadano. En efecto, los elementos de esa reforma —que abrían el camino a la dictadura comunal— fueron aprobados posteriormente por vía de leyes habilitantes. Tiempo después impulsó una enmienda constitucional para consagrar la reelección indefinida del presidente de la República, lo cual abrió definitivamente el camino hacia la dictadura que hoy encabeza Nicolás Maduro Moros.

Muerto Chávez, arruinada la economía y saqueado el tesoro nacional, la cúpula roja, al carecer de liderazgo y recursos para continuar con el modelo plebiscitario, se lanzó abiertamente por el camino del fraude. Fraude al ordenamiento constitucional y fraude en la conducción de los procesos electorales.

La historia de esos fraudes, con sus formas y detalles, es extensa para desarrollarla aquí, pero en varios de mis escritos la he reseñado.

El fraude del 28 de julio marca el límite de la tolerancia a ese comportamiento tramposo de quienes se apropiaron del poder por la fuerza.

El espacio para hacer política —entendida como la lucha pacífica y civilizada por definir el rumbo de una sociedad— ha sido cerrado a sangre y fuego por Maduro y su camarilla.

La tragedia que eso representa la vivimos cada día. Lo dijimos antes y después de las elecciones: un fraude como el ejecutado el 28 de julio de 2024 haría ingobernable al país.

Y es precisamente lo que estamos presenciando. No se puede cometer un robo de esa magnitud sin que haya consecuencias, tanto internas como externas.

A lo interno, crecen la angustia, la desesperación y la desesperanza por la burla cometida y por la represión desatada. Esto se traduce en más hambre y muerte, y en una progresiva y silenciosa huida de nuevos contingentes humanos que buscan en otros países la posibilidad de sobrevivir a esta tragedia.

La comunidad internacional rechaza el fraude y sanciona a los usurpadores, incrementando así el sufrimiento de nuestra gente. No podemos olvidar que esas sanciones son el resultado directo de la permanencia ilegítima de ese régimen en el poder. La causa verdadera de esos efectos devastadores es el fraude, el saqueo y la violación sistemática de los derechos humanos. Un círculo vicioso y peligroso que nos obliga a perseverar en la lucha por la libertad. La solución es recuperar la democracia.

Ante este escenario de ingobernabilidad, hay quienes han mostrado su disposición a tolerar la dictadura y congraciarse con sus agentes. Buscan hacerle el juego a su manipulada distorsión de la verdad histórica y de la verdad presente. Repiten la narrativa oficial. En el fondo, proponen impunidad para los usurpadores. Rechazan que la camarilla roja sea objeto de sanciones o juicios. Avalan la continuidad de la usurpación; son indiferentes ante el asesinato de disidentes, el secuestro de dirigentes, periodistas independientes y activistas sociales. No les importa que continúe el robo de las finanzas públicas, la explotación ilegal de recursos minerales ni el uso de nuestro territorio para actividades ilícitas.

Nuestra postura ha sido la de resistir hasta lograr el restablecimiento de la democracia. Una dictadura criminal, cuyo poder deriva del uso y abuso de las armas y de poderes cooptados, debe ser repudiada y castigada.

Por eso Maduro recibió la pela del pasado 28 de julio. Por eso su aceptación en la sociedad es claramente súper minoritaria. El repudio de la nación es total. Y también lo es su rechazo en la comunidad internacional.

Resistir es nuestro camino. Nadie dijo que sería fácil ni expedito. Por eso se adoptó el lema: “hasta el final”. Esta lucha nos ha costado —y nos seguirá costando— “sangre, sudor y lágrimas”, pero debemos perseverar hasta alcanzar la libertad.