Sarkozy antes de Trump
El expresidente francés, Nicolas Sarkozy (i) junto al dictador libio Muamar Gadafi en el Palacio del Elíseo, en París, el pasado diciembre 2007. MAYA VIDON EFE
El caso Nicolas Sarkozy no es una clásica, y desgraciadamente corriente, película de corrupción pública que los ciudadanos de las democracias están habituados a contemplar en Europa. El expresidente fue interrogado el martes pasado, desde las ocho de la mañana hasta casi medianoche, y durante el día siguiente. Un episodio inédito para un exjefe de Estado en la historia de la V República francesa. Lo que está en juego no sólo es la financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 —lo que es un delito—, sino las sospechas que apuntan a la existencia de una financiación por parte de un Estado extranjero, que interviene así directamente en las elecciones francesas, violando la soberanía nacional con la complicidad de un candidato a la presidencia. Es decir, exactamente lo que se reprocha, desde hace meses en EE UU, a Donald Trump, acusado de haberse beneficiado de la ayuda del jefe del Estado ruso. El interrogatorio de Sarkozy concluyó con la imputación de delitos de “corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña electoral y aceptación de fondos públicos libios”. Sí, libios. Es muy grave.
Implicado ya en una decena de “asuntos delictivos”, desde la corrupción a la delincuencia organizada en torno al logro de financiaciones ilegales en su conquista del poder, Sarkozy entra ahora en una tormenta devastadora. En un informe reciente, la Fiscalía Nacional Financiera, máxima autoridad en esta materia criminal, califica al expresidente y sus cómplices de “delincuentes veteranos”. En efecto, se le atribuye haber recibido cinco millones de euros para financiar su campaña de 2007 de la mano de su “amigo” de entonces, el dictador libio Muamar el Gadafi. Sarkozy era en aquel tiempo el principal apoyo en el mundo occidental de este sátrapa, así como de otros similares presidentes déspotas, el egipcio Hosni Mubarak y el mafioso cleptócrata tunecino Zine el Abidine Ben Alí. Sin embargo, el “amigo fiel” retiró su apoyo a los tres dictadores tras el éxito de la revolución tunecina y su extensión en el mundo árabe. Ahora debía cambiar su rumbo y perseverar en la destitución de sus colegas.
Los jueces encargados del asunto sostienen pruebas contundentes para demostrar la financiación extranjera de la campaña electoral de Sarkozy, pues cuentan con relevantes testigos y exdirigentes libios, aparte de hombres de confianza del excandidato que declaran ahora en contra suya. De ahí que inevitablemente se siembren dudas sobre los motivos profundos de la intervención militar francesa de 2011, que acabó destruyendo el régimen libio. El propio Gadafi acusó a Sarkozy de haber solicitado y recibido dinero suyo. Hoy su hijo, encarcelado en Libia, reitera la acusación. Como cabe esperar, la defensa del expresidente consiste en negar todo en bloque, tachando a los libios de tramar una “venganza” contra él. Será en balde si se considera que la justicia francesa no se comprometería sin pruebas inequívocas en un caso de tal magnitud. Y es ya innegable que Francia ha tenido un caso Donald Trump avant la lettre.
