Se le creció la guerrilla a Duque
El gobierno reveló esta semana que durante el período del actual Presidente, el número de miembros de grupos guerrilleros creció exponencialmente y que, después de décadas de intentarlo, lo consiguieron hacer en las ciudades, especialmente en Bogotá y no en zonas rurales y periféricas, todo lo cual le habría permitido dar uno de los mayores golpes contra instalaciones policiales en toda la historia.
La capacidad de esas guerrillas fortalecidas en los dos últimos años es tal, según la versión oficial, que en muy pocas horas consiguen activar decenas de grupos organizados para atacar en forma sistemática a la fuerza pública a la que le causó más de un centenar de heridos, resultado que nunca habían logrado en Bogotá a pesar de que habían dado golpes tan fuertes como el del Club El Nogal y, más recientemente, de la escuela de policía General Santander.
La revelación gubernamental genera temor en un contexto de enorme incertidumbre como el de la pandemia, pero además desaliento de que el propio Gobierno reconozca que tenía la información de que eso estaba ocurriendo y que no pudo hacer nada para evitarlo.
Si la versión es la de la Fiscalía, que atribuye los actos a los disidentes de las Farc encabezados por Iván Marquez y Santrich, lo que habría ocurrido es que esos delincuentes envejecidos, escondidos en Venezuela, que no encontraron eco en el grupo residual que no se quiso desmovilizar y les tocó arrancar desde cero, consiguieron en unos meses armar un grupo con miles de miembros, todo ante la impotencia del Gobierno para impedirlo.
El Alto consejero de “paz” ha insistido en que no es solo la disidencia de las Farc, como dijo el Fiscal ayer en la tarde, sino que es además el ELN, que según él se les creció en este par de años y ha adquirido capacidad de promover golpes fuertes en los barrios de Bogotá.
Las pruebas que Miguel Ceballos dice tener es un documento de esa guerrilla del 2015 en el que manifiestan su interés de trasladar el escenario de la guerra a las ciudades y unas informaciones, a las que se llega por Google, en las que dan cuenta del modo de operación que quieren desarrollar. Hay que contarle a Ceballos que documentos como ese hay desde hace casi treinta años.
Esta interpretación del gobierno explica la actuación de la Policía el miércoles 9 de septiembre pasado en Bogotá: se trataba de hechos de guerra a los que había que responder con esa lógica y usar la fuerza para recuperar “posiciones perdidas”, por eso, seguramente, se ven varios videos en los que miembros de la Policía corren disparando en dirección hacia los CAIS que están siendo atacados por grupos violentos que creen que son guerrilleros.
Ahí está el quid del asunto, ese error de interpretación, que aparentemente era ventilado en consejos de seguridad nacionales, fue el que pudo llevar a la Policía a actuar por fuera de los estándares internacionales de operación que la obligan a escoger los medios que menor daño produzcan en relación con el bien que pretenden proteger.
Para la Policía, por instrucción del Gobierno Nacional, se trataba de hechos desarrollados en el marco de una amenaza terrorista –que no de un conflicto armado que no reconocen- por lo que usar las armas, así se causen “daños colaterales”, era el medio adecuado para reaccionar.
Y claro que se causaron “daños colaterales”. Aparentemente, según relatos de personas que estaban presentes y de familiares de las víctimas, balas disparadas por policías habrían causado la muerte de varias personas que no participaban de los hechos sino que transitaban en sitios cercanos.
Aquí está el problema, hay un gobierno que entiende que todos los actos de protesta están enmarcados en una amenaza terrorista y dispone que la Policía actúe en consecuencia. Sin embargo, es probable que lo que ocurrió en Bogotá responda a lógicas distintas y que el deber de la Policía fuera, entonces, reaccionar, en forma diametralmente opuesta a como lo hizo. Si así fue, la responsabilidad sería de quienes evalúan equivocadamente la información de inteligencia y le dan instrucciones a los policías de reaccionar en una forma que no corresponde a lo que realmente tienen que enfrentar.
Es cierto que puntualmente nadie da la orden concreta de disparar en un operativo policial y que son los que intervienen directamente en los hechos los que valoran la gravedad de las circunstancias y ponderan los daños que pueden generar con sus actuaciones para saber qué tipo de fuerza pueden usar, pero también es cierto que si la información que le dan a los policías es que las expresiones de protesta ciudadana están promovidas por las guerrillas, pues ellos actúan en consecuencia, como si se tratara de un acto de guerra.
Toda la simbología usada por el Presidente, incluida la de disfrazarse de policía con una chaqueta que le quedaba grande, refuerza la lectura y transmite a quienes portan las armas del Estado que la instrucción de usarlas como hay que hacerlo para enfrentar un acto terrorista y no una protesta ciudadana, con lo que asume la responsabilidad si su valoración resulta equivocada y la fuerza termina siendo usada sin seguir el principal deber de la policía que es, como ya se dijo, el de escoger los medios que generen el menor daño posible.
Si la información oficial es cierta, Duque pasaría a la historia como el Presidente en cuyo período habría crecido proporcionalmente más la guerrilla en toda la historia, habría superado en ello a su aliado político Andrés Pastrana; si no, será recordado como un gobierno que transmite información errada para tratar de justificar graves violaciones a los derechos humanos. Esperemos que avancen las investigaciones para saber cuál silla le corresponde en la historia.
