Si se ha equivocado, que lo aclare

La ministra de Igualdad debería asumir que no estuvo afortunada en su reflexión sobre los niños y la sexualidad, tal y como la expresó en su última comparecencia parlamentaria. Afirmar que con sus palabras defendió la pederastia parece una exageración, pero no lo es afirmar que su mensaje fue gravemente equívoco. Oído en su tenor literal, sin interpretaciones, Montero defendió como derechos de los niños su libre consentimiento como único requisito para mantener relaciones sexuales. Dicho así, la afirmación de Montero es falsa y peligrosa. Falsa, porque un niño, por definición, no tiene libertad de consentimiento y por eso necesita siempre un representante legal. Y es peligrosa porque es genérica y banalizadora de un problema grave, cuyas consecuencias fueron incluso alertadas por la Fiscalía cuando abordó la extensión de la actividad sexual entre menores. La falta de matices y de prudencia en las palabras de Irene Montero se corresponde con el empeño de su Ministerio en patologizar todo cuanto tenga que ver con la sexualidad, como si España fuera un país enfermo.

El sistema educativo debe tratar la educación sexual de niños y jóvenes. Cuestión distinta es que discursos como el de Montero acaben confundiendo la educación sexual con la precocidad en el sexo y se intente convertir a los colegios y educadores en suplantadores de los padres. Ni la educación sexual puede convertirse en un adoctrinamiento ideológico a la medida de Montero, ni puede plantear cada una de sus propuestas políticas como un ‘duelo’ sistemático entre el bien y el mal. El bien es lo que ella argumenta, y el mal es el resto. Tampoco se comprende su obsesión por apartar a los padres de las decisiones que afectan a los menores, otorgándoles una autonomía que ni por edad, ni por legalidad, tienen. La sexualidad es una faceta esencial de la naturaleza humana y por eso está sujeta al proceso de madurez de la personalidad y a la educación emocional de la persona. Precisamente por el desajuste entre sexualidad y madurez, hay un incremento de abusos sexuales entre menores.

Por supuesto, todo menor debe saber que ningún adulto puede ni debe tener relaciones sexuales con ellos, pero la manera con la que Montero ha tratado el tema del consentimiento fue superficial e impropio de su responsabilidad política. Afortunadamente, sus opiniones no son fuente del Derecho, pero la ligereza con la que Montero dio carta de naturaleza al consentimiento no es conciliable con el régimen legal sobre la indemnidad sexual de los menores.

Cuanto antes rectifique Montero, mejor para ella porque no rectificar, no reconocer que sus palabras fueron literalmente un disparate, supone ratificarlas y, entonces sí, asumir que quería decir exactamente lo que dijo. También le convendría hacer un alto en la continua catarata de discursos, declaraciones y anuncios sobre lo mal que está España en lo que tiene que ver con su Ministerio. Así no justifica Montero su cargo ni el presupuesto del departamento de Igualdad. Mucho antes de que llegara Montero al Gobierno, España ya condenaba la violencia contra los niños en cualquiera de sus formas, y ya protegía su integridad sexual contra depredadores y agresores. Lo que no tiene tanto precedente es el afán de la ministra en rescatar a los españoles todos los días de las desgracias en las que viven, y de las que solo ella sabe llamar la atención.

Sería muy fácil que Montero aclarase sus palabras. Bastaría con que diga que se refería a la educación de los niños para que cuando sean mayores sean conscientes de su libertad para decidir. Si ha sido torpe, que lo aclare. Y si se reafirma con su silencio, debe dimitir porque sus palabras textuales resultan aberrantes.