Sin las Farc, el narcotráfico tiene más acento mexicano
En 2018 se cumplió un año desde que la que fuera la guerrilla más vieja del mundo, la extinta Farc, dejó sus armas. También, por primera vez, en un hecho histórico, vimos llegar a algunos de sus exintegrantes al Congreso, enarbolando las banderas de un nuevo partido político.
A propósito de eso, La Silla Vacía y sus sillas regionales investigamos en terreno qué repercusiones ha tenido en este tiempo la salida de las Farc del escenario del conflicto en la dinámica del narcotráfico, el principal negocio por el cual se sostenían.
Encontramos que el vacío de poder que dejaron y el nacimiento de sus disidencias han marcado una reconfiguración.
Sin embargo, se trata de unos cambios que ya venían dándose con la proliferación de bandas y nuevas caras herederas de los paramilitares, la ausencia de grandes capos y hasta la crisis de Venezuela.
El lugar común de la nueva dinámica es una mayor influencia de carteles extranjeros, puntualmente de los mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que, para más señas, son enemigos entre sí y se están moviendo con fuerza a nivel nacional para garantizar el flujo de su mercancía.
Disidencias y mexicanos
Nosotros mandamos las lanchas
Llenas de coca y marihuana
Gringos consumen como pandas
Los niches se llenan de plata
El hijo del Chapo me llama
Me pide mil kilos de vaina
Lo meto por Costa, por Nica, y se lo pongo en Guadalajara
‘Niche (negro) Panda’ es una canción muy famosa en el puerto de Tumaco. Quien la canta es un veterano rapero de Buenaventura que tiene más de una decena de discos, pero que con esta pegó en particular -más allá de la rima o el buen ritmo- por lo que cuenta: la exportación de droga desde el Pacífico.
La letra resume el estado actual del negocio en esa región: ante la caída de grandes capos, como Chupeta o los hermanos Rodríguez Orejuela y el avance de la lucha militar contra el narcotráfico, los grupos que controlan territorios cocaleros solo alcanzan a producir la pasta, y contactos internacionales, sobre todo carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en México, son los que la hacen llegar a Estados Unidos.
Esos grupos locales, además, están llenos de nuevas caras, que han proliferado a partir de la salida de las antiguas Farc como guerrilla de la escena narco.
En Tumaco, el municipio con más cultivos de uso ilícitos del mundo, ahora dos disidencias suyas mandan la parada.
Las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), con aproximadamente 250 hombres, son el enlace del cartel Jalisco Nueva Generación y tiene bandas subcontratadas y propias en la zona rural y urbana del puerto. Además, tendrían el control de la mayoría de cocinas de la ruta hacia el municipio.
Su enemigo es el Frente Oliver Sinisterra (FOS), comandado hasta hace unas semanas por Guacho, quien cayó en un operativo en diciembre. Hasta ese momento tendría 450 miembros y arrancó este año como el enlace del cartel de Sinaloa en el Pacífico por Colombia y Ecuador. Pero a partir del asesinato de tres periodistas ecuatorianos hace unos meses creció la presión militar en su contra, e incluso hay versiones de que el cartel ya no trabajaba con ese grupo.
Ambas subcontratan bandas en el Tumaco urbano para controlar el territorio y la salida de la pasta.
En Buenaventura la movida es similar. Pero con una diferencia: las mandamases son dos bandas que son reductos de una desmovilización, pero, en este caso, de los paramilitares.
Se trata de La Local y La Empresa, hasta hace poco aliadas, que se disputan el control territorial para sacar la droga y que, según la Policía, también tendrían relación con los carteles mexicanos.
La presencia activa de estos carteles extranjeros no es exclusiva, e incluso está confirmada informalmente por autoridades y expertos, en otra convulsionada región: la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, en donde se vive aún bajo fuego.
Otras guerrillas y mexicanos
En el Catatumbo el conflicto se ha vestido de varios nombres y colores, pero hoy sus protagonistas principales son el ELN y el EPL, que libran una guerra por el control del territorio y el negocio del narcotráfico, que arrancó tras el vacío de poder que dejaron las Farc con su desarme.
Ambas guerrillas tienen contactos probados para el negocio con los carteles de Sinaloa y Jalisco, que también mantienen conexión con la recién nacida disidencia del frente 33 de las Farc, que operaba en la región.
Aunque los mexicanos han sido dinamizadores tradicionales del narcotráfico en el Catatumbo, su presencia empezó a ser más evidente desde 2015.
El detonante fue la muerte de Víctor Navarro, alias Megateo, quien fuera el líder más visible del EPL.
La razón está en que aunque los tres grupos ilegales que operan en el Catatumbo tienen injerencia sobre toda la cadena del narcotráfico, el EPL había cerrado los acuerdos para sacar la coca de la región.
Por eso, con la muerte de Megateo se perdieron varios de los contactos clave y los carteles tuvieron que buscar nuevos contactos para conseguir nuevos tratos.
Eso impactó la dinámica de la región, porque, mientras se empezaron a concretar nuevos acuerdos, la venta de coca casi que se paralizó y, al tiempo, el ELN empezó a buscar la manera de cerrar sus propios acuerdos, algo que las Farc no hizo porque estaba en la etapa final de las conversaciones de La Habana y ad portas de dejar las armas.
Esa reconfiguración del poder fue el primer detonante de la disputa que hoy tienen el ELN y el EPL.
“El ELN le ofreció a Pácora (quien asumió el mando del ELN tras la muerte de Megateo y Caracho) para cambiar los acuerdos, pero ellos se negaron”, explicó a La Silla una fuente que se mueve dentro de la zona pero pidió la reserva de su nombre por seguridad.
Aunque la movida de los mexicanos no es completamente clara en la región, sobre todo porque su figuración solo tiene que ver con el cierre de negocios y no con la producción, desde el 2015 hacia acá hay varios hechos que han empezado a esclarecerse.
El primero es que su presencia en el Catatumbo es esporádica y lo que sucede es que llegan comisiones específicas a cerrar tratos.
“No hay nadie viviendo en la región. No es como que existan colonias ni nada parecido. Mandan enlaces y cierran tratos”, explicó una fuente de inteligencia militar a La Silla.
El segundo hecho claro es que Sinaloa, el principal comprador de la coca del Catatumbo, tiene la mayoría de acuerdos con el ELN, guerrilla que es el nuevo mandamás de esa subregión y va ganando la guerra.
El tercer hecho es que el EPL, aunque está diezmado por la guerra con el ELN, sigue teniendo control y desde hace un año se ha convertido en el enlace del cartel Jalisco Nueva Generación, que inició como un brazo armado de Sinaloa y ahora es su principal rival.
El último es que los carteles mexicanos tienen encendido el mercado y circulando plata en efectivo en una región que produce alrededor de 140 mil kilos de coca anuales.
Si bien el Catatumbo, por tener salida directa a Venezuela, era también clave dentro de las rutas, una fuente que ha investigado a fondo la dinámica del narcotráfico allí le explicó a La Silla que ese país dejó de ser una de las rutas más recurrentes.
La principal razón está en que con la crisis de ese país disminuyó drásticamente el número de vuelos y de barcos que salían de los puertos, algo que convirtió a los cargamentos en un blanco fácil.
“El volumen del tránsito bajó un 80 por ciento, eso significa que la DEA, si bien no puede intervenir dentro de Venezuela, satelitalmente tiene muy sencillo ubicar cualquier cargamento aéreo o marítimo”, explicó esa fuente. “Apenas algún cargamento sale a aguas internacionales lo interceptan”.
Además, el mercado a través de Venezuela está a la baja porque la Guardia Venezolana, que hace parte de la cadena del narcotráfico con algunos miembros de la Fuerza Pública en Colombia, aumentó el valor de los peajes que cobra por dejar salir la coca.
Encima, La Silla conoció que ha habido reportes sobre disputas entre el ELN, el EPL y la Guardia Venezolana, porque para pedir más plata han frenado cargamentos.
“Hace poco tuvimos información de que tenían frenadas 28 avionetas, que cargan más o menos una tonelada”, dijo a La Silla una fuente con acceso a información privilegiada sobre el narcotráfico en el Catatumbo. “Las pistas clandestinas venezolanas por ahora son de poco uso porque son las menos efectivas”.
Ahora la principal ruta es la que sale del Catatumbo, conecta con el Cesar, sur de Bolívar y el Urabá y llega a los puertos de la costa Caribe o del Pacífico.
La injerencia de los carteles mexicanos ha crecido tanto en el Catatumbo que también hay versiones sobre que le estarían metiendo gasolina a la disputa entre el ELN y el EPL, con el fin de tener una posición cada vez más dominante
“Lo que nosotros vemos ahí es que los carteles están aprovechando para pescar en río revuelto”, explicó una de esas fuentes.
De hecho, también hay información que apunta a que las disidencias estarían en conversaciones con los carteles para convertirse en un símil de alias Guacho, quien fue el delegado de Sinaloa en Tumaco, en el Pacífico. Pero nada se ha concretado aún.
¿Por qué más mexicanos?
Aunque en el Catatumbo la presencia de carteles mexicanos en el negocio del narcotráfico está marcada por la muerte del capo narco del EPL, Megateo, hay una explicación general para entender por qué hoy más que antes suena el ruido de esas conexiones a nivel interno.
La explicación es que sea por el reemplazo de las Farc por disidencias, por la proliferación de bandas herederas de los paramilitares y sus numerosas identidades, o por la muerte o ajusticiamiento de los grandes capos, ya no hay actores hegemónicos locales y el mercado ilegal no brinda las mismas garantías a los compradores extranjeros.
Un ejemplo de ello es lo que pasa en Córdoba, el único departamento del Caribe en el que está toda la cadena del narcotráfico (desde la siembra y producción de la hoja de coca hasta la exportación) y cuyo sur hace parte de uno de los corazones de la guerra en el país.
Para más señas, después de Arauca, es el departamento de Colombia en el que más se dispararon los cultivos de uso ilícito entre 2016 y 2017 (un 79 por ciento con 4.780 hectáreas, según el más reciente informe de Naciones Unidas).
Ahí, en las estribaciones y en la entraña del Nudo de Paramillo, que también ocupa territorio de Antioquia, la otrora guerrilla era un actor hegemónico de esa economía ilegal a través de sus frentes 18, 5 y 58.
Su salida de la escena, en concreto de los eslabones de siembra y producción de la hoja (en general, no estuvieron en la exportación), generó un desorden en ese mercado que les comenzó a dificultar el negocio a algunos carteles extranjeros.
Esto último al punto de que hay versiones que señalan que, en concreto, un cartel mexicano en 2017 habría empezado a financiar a un grupo de narcos llamados los Caparrapos en esa zona, para garantizar la llegada de sus cargamentos de clorhidrato de cocaína.
En dos alertas tempranas distintas, la Defensoría del Pueblo ha dicho que ese cartel con el que están relacionados los Caparrapos podría ser o el de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación.
Esa verdad aún no es oficial (no la reconoce la Fuerza Pública), pero se la contaron a La Silla por separado y en terreno dos funcionarios, un mandatario local, un experto que investiga el tema del narcotráfico en el Caribe y dos campesinos de la zona.
La historia arranca poco antes de 2014, cuando aún faltaban dos años para el preagrupamiento fariano que antecedió a la dejación de armas.
Ese año se empezó a saber del pacto que las Farc hicieron con la banda narca de los Gaitanistas (conocidos también como Úsugas, Urabeños, Clan del Golfo o, simplemente, paracos, como les siguen llamando muchos campesinos) para controlar el narcotráfico sin matarse entre sí.
La guerrilla compraba a los cocaleros la hoja de coca para, vender la base a emisarios de la banda criminal que, en casi todos los casos, controla los cristalizaderos en los que se extrae el clorhidrato de cocaína y también las rutas de salida.
En 2016, en una entrevista en el portal Verdad Abierta, el entonces comandante del frente 58, Joverman Sánchez ‘el Manteco’, reconoció estos acuerdos, aunque insistió -como en general han insistido las Farc- que su participación en el negocio consistía solamente en cobrar un impuesto a los cocaleros por cultivar, y que no era cierto que además protegían los laboratorios de los Gaitanistas.
Lo que dicen estudiosos del fenómeno, y gente en terreno que lo ha visto, es que las Farc estaban activamente en los puntos de siembra y producción de la cadena.
De hecho, sus relaciones con otros narcos está también probada, por ejemplo, en Putumayo, en donde la bacrim ‘La Constru’, que nació en 2006 tras la desmovilización paramilitar, pagaba un peaje a la hoy exguerrilla, que se movía en la región y por años participó en el negocio incentivando a los campesinos a que cultivaran la hoja en sus zonas de influencia.
Por eso, cuando dejan sus armas y salen del narcotráfico como guerrilla, en regiones como el Nudo de Paramillo y Putumayo se produce un vacío de poder, que es el que comenzó a cambiar la dinámica.
En Putumayo excombatientes del frente 48 (las cifras de inteligencia militar suman 86 personas) que no dejaron las armas y ya conocían el negocio y la alianza con La Constru, se quedaron allí y heredaron el pacto.
Y en Córdoba, la Defensoría del Pueblo lo relató en una alerta temprana desde hace un año: el Clan del Golfo empezó a expandirse hacia los territorios que controlaban las Farc con miras a consolidarse en el narcotráfico y otras economías ilegales.
En su camino, arrastraron consigo a algunos excombatientes farianos, que se rearmaron para articularse con la estructura armada de los Gaitanistas.
Según lo que contó la Defensoría en ese momento, esos desertores mantuvieron el control sobre la compra de la hoja y base de coca.
Con esos nuevos integrantes, la bacrim dominó en tensa calma la zona hasta que, en parte como consecuencia de la ausencia de las Farc, a fines de 2017 se desató una nueva guerra en el vecino Bajo Cauca antioqueño que ascendió hasta Córdoba, entre los Gaitanistas o Clan del Golfo y una de sus propias estructuras, conocida como la Virgilio Peralta o Caparrapos.
Los Caparrapos (cuyo nombre se debe a que algunos de sus miembros presuntamente provienen de Caparrapí, Cundinamarca) trabajaban para el exjefe paramilitar Cuco Vanoy, que se desmovilizó en 2006.
Aunque luego entraron al Clan, terminaron levantándose en contra de sus antiguos socios para disputarles el negocio del narcotráfico.
La explicación que hay para eso es que, posiblemente, a esa disidencia la animó, la financia y la ayuda con armas y hombres un cartel mexicano interesado en garantizar sus cargamentos, pues el flujo de la droga no estaba corriendo.
“Empezaron a proliferar distintas bandas, hoy cualquiera le vende a cualquiera y eso no les sirve a los carteles extranjeros porque se reducen sus garantías”, nos dijo una persona que conoce el negocio de cerca y prefirió que se omitiera su nombre por seguridad.
En el mismo sentido, hace unos meses un investigador nos había explicado que “antes los carteles se entendían con un sólo grupo. Ahora, son muchos y los carteles pasaron a entenderse con varios”.
Según un funcionario que trabaja en el área rural de Córdoba, y quien también pidió reserva de su nombre, a ese ‘desorden’ se suma el posible sometimiento a la justicia de Otoniel, jefe del Clan del Golfo, que tendría aún más inquietos a los narcos extranjeros.
Esa nueva forma de la violencia, el conflicto Clan-Caparrapos, está dejando muertos (según el más reciente censo delictivo de la Fiscalía, el municipio de Colombia en el que más han aumentado porcentualmente los homicidios entre 2017 y 2018, es San José de Uré, epicentro de esta guerra), desplazados (según la Defensoría, este año se han registrado al menos tres desplazamientos masivos por estos hechos), y mucho terror.
Pero las conexiones entre bandas de narcos nacionales y carteles extranjeros no sólo suenan por estos lados del Caribe.
En abril la Policía incautó 700 kilos de cocaína en el puerto de Barranquilla y el general Herman Bustamante, director de la Regional Ocho de la Policía, que se encarga de todos los departamentos de la región menos Córdoba, detalló en una rueda de prensa que existía una suerte de ‘outsourcing’ a través del cual los extranjeros subcontratan a los locales para esconder droga en los buques.
Puntualmente habló de conexiones con el Cartel del Sinaloa de México.
Sin embargo, el jefe de la Policía luego se echó para atrás, cuando, cinco días después, lo llamamos para pedirle detalles de su declaración. Nos aseguró que lo habían malinterpretado en la rueda de prensa y que no existen evidencias de eso.
Para esta historia, quisimos saber si la Regional Ocho tenía una nueva posición, pero no fue posible volver a comunicarnos con el General.
Que su afirmación inicial se haya dado a raíz de la caída de un cargamento de droga en una capital, indica que en las zonas urbanas también hay noticias de reconfiguración de la movida narco, para concretar negocios.
También en las ciudades
Cali, por ejemplo, hace parte del ajedrez del narcotráfico por dos razones: está en la ruta que arranca en el norte del Cauca, pasa por Jamundí y desemboca en Buenaventura; y tiene historia como sede de negocios ilegales que permeó la sociedad valluna en muchos niveles.
De acuerdo con informes de inteligencia recogidos por medios locales, hoy hay presencia itinerante de una nueva generación de narcos que vienen de antiguas bandas como los Urabeños, los Rastrojos y Los Machos, que quieren controlar el negocio y hacer conexiones con los carteles internacionales.
Según supimos, el único narco que vive en Cali hoy es Fernando Varón, alias Martín Bala Jr., un líder de los urabeños e hijo del hoy detenido excapo, alias Martín Bala.
El subsecretario de seguridad de Cali, Pablo Uribe, nos dijo que los principales comercializadores de Bala Jr serían “posiblemente” miembros del cartel de Sinaloa.
Eso porque, a diferencia de los capos de antaño, los nuevos ya no logran exportar por sí mismos la droga. “No tienen la capacidad de llegar a Estados Unidos y por eso la venden a México. Pero México no controla los cultivos. La producción es colombiana”, nos explicó Uribe.
Lo que hacen es mantener presencia en ciertas zonas para cuadrar la exportación de droga. Eso influye en la violencia que vive Cali, la capital departamental con mayor tasa de homicidios, 52 por 100 mil habitantes en 2017.
Aunque los narcos ya no ponen alcaldes, tienen nexos con gobernadores o senadores como el condenado parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra, el fantasma de la narcopolítica sigue presente en áreas urbanas más chicas.
Por ejemplo, en Buenaventura un líder comunal que lleva 30 años trabajando en la región nos dijo que la influencia de narcotraficantes como Víctor Patiño Fómeque puso al menos los alcaldes de las últimas dos décadas, quienes devolvían el favor con puestos o contratos públicos.
En Medellín también hay un aumento de violencia (en las comunas más violentas, Altavista y La América, los homicidios se multiplicaron por cinco y por nueve, respectivamente, de 2017 a 2018 según el Sistema de Información de Seguridad y Convivencia de Medellín), por combos y grupos conectados con el narcotráfico y relacionados con carteles extranjeros.
Además, dos alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo relacionan el conflicto en el Bajo Cauca con el narcotráfico en el suroccidente de esa capital porque hay combos como la banda Pachelly, que está en el Bajo Cauca aliada con los Caparrapos, y en Medellín pelea con combos del Clan del Golfo, que son los enemigos de los Caparrapos. Lo que indica que podría tratarse del mismo conflicto.
Los enfrentamientos son por las plazas de droga y el corredor de mercancía y armas que conecta Medellín con el Pacífico.
Según advierte una alerta temprana de abril, en una vereda del suroccidente llamada Aguas Frías, en Belén Altavista, hay hombres que se han presentado como ‘La Nueva empresa’, grupo de cuya presencia también se comenzó a escuchar en el municipio de Cáceres.
El grupo reuniría gente de los narcos Pachelly y al parecer recibe importantes recursos y armas del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, según reveló también la Defensoría, pero en una alerta de julio.
Jalisco Nueva Generación es enemigo del cartel de Sinaloa, que a su vez fue aliado del cartel de Medellín, de los hermanos Castaño y ahora lo es del Clan del Golfo y de una parte del grupo ‘La Oficina’ para garantizar el flujo de coca hacia México, como nos explicó un experto en crimen organizado.
Prueba de las alianzas es una investigación de la revista Proceso de México sobre la visita del hijo del ‘Chapo Guzmán’ a Medellín hace poco más de un año, según la cual al heredero del capo mexicano lo habrían custodiado durante su estadía gente de La Oficina y La Terraza.
La relación con narcos extranjeros en Medellín viene desde hace por lo menos siete años, cuando el paramilitar ‘Don Berna’ fue extraditado y sus herederos también, según coincidieron nuestras fuentes.
Es decir, cuando La Oficina dejó de tener un solo gran capo, comenzó a fraccionarse en bandas y otros carteles como ‘Los Zetas’, ‘El Golfo’ y ‘Jalisco’ empezaron a tener que hacer negocios con capos medianos. Ahora esas alianzas, según la Defensoría, estarían cuajando.
Todas estas particularidades en las regiones, nuevas y no tanto, tienen entre sus consecuencias principales que se hayan terminado ampliando algunos mercados locales para el microtráfico y que, desde hace varios años ya, Colombia haya pasado de ser país productor a, también, consumidor, como ya se sabe.
