Sultanismo o democracia

Al recibir la ovación de los diputados socialistas salientes, a quienes acaba de anunciar la disolución de las Cortes, Pedro Sánchez sonríe y coloca su mano derecha sobre el corazón, un gesto habitual en el político turco Recep Tayyip Erdogan, que unas horas antes ha confirmado su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Tal vez casualidad, tal vez imitación de una actitud que esta vez se asocia a una victoria, la del Reis turco, obtenida contradiciendo los sondeos. La propaganda de Sánchez no deja un cabo suelto.

Pedro Sánchez acaba de hacer pública una disolución que se ajusta por los pelos a las normas constitucionales de los artículos 62 b y 115.1, sustituyendo el ritual de comunicación al Rey y reunión del Consejo de Ministros por un acto de afirmación personal que TVE recogió puntualmente. Él disuelve y convoca por sí y ante sí, de acuerdo con sus reflexiones en la noche poselectoral. Lo demás no cuenta. Ni siquiera los ministros no pertenecientes al PSOE, que se encuentran ante un diktat que su precaria situación actual les impide discutir.

Las formas importan, como cuando Erdogan, tras la primera vuelta electoral, ordena que sus medios de comunicación ignoren al rival que ha forzado una segunda vuelta, del mismo modo que Sánchez no tiene el rasgo de felicitar a Feijóo por su victoria del domingo. El ejemplo turco resulta valioso también para constatar cómo en el plazo de una década puede darse una deriva escalonada desde una democracia representativa a un régimen autoritario, saltando por encima del presidencialismo. En términos formales, este primer paso se da en 2014 para Turquía, para afirmar el dominio absoluto del Ejecutivo con el referéndum de 2017, tras el golpe de Estado fallido en el año anterior.

Resulta innecesario definir ahora los rasgos del presidencialismo, pero sí conviene hacerlo de la fórmula autoritaria hoy vigente en Turquía, calificable de sultanismo. La abierta preferencia de Erdogan por el pasado otomano y su voluntad a asociación personal con figuras de sultanes como Mehmed II, el Conquistador, facilitaron la adscripción, pero lo que la convierte en concepto politológico es la aspiración de ejercer un poder personal, legitimado por su identificación con  el país que gobierna –«Ha vencido Turquía», dijo el domingo-, en función de lo cual el respeto a la separación de poderes, y a las propias normas establecidas por la Constitución, carece para él de sentido.

«La figura del sultán requiere sumisión absoluta de las instancias inferiores»

No es un caudillismo, que fuerza las normas vigentes de acuerdo con un liderazgo carismático, decisionista, pero sin necesidad de institucionalizar la preeminencia alcanzada, vaciando el contenido del propio orden constitucional como ocurre en el sultanismo. El caudillo desborda el marco normativo, aupado sobre su excepcionalidad; el sultanismo convierte esa excepcionalidad en forma estable de gobierno. La figura del sultán requiere unicidad de su poder, sumisión absoluta de las instancias inferiores, sea en el orden político público, sea en su propio movimiento o partido.

Esta pretensión es lo que asocia al liderazgo de nuestro presidente con el modelo turco. Empezando por la Constitución, nunca mencionada, la actuación política de Pedro Sánchez tiene lugar apoyándose en la posición legalmente adquirida, la presidencia del Gobierno, para utilizar todos los recursos disponibles de la misma con el fin de ejercer un control absoluto del sistema político. Ello requiere otro uso, técnicamente imprescindible: el manejo de los resquicios y vacíos legales que le permitan hacer realidad ese dominio sin someterse a las normas o procedimientos que pudieran obstaculizarlo. No en vano los cambios en la legislación penal y en su aplicación, para atender a su política catalana, han sido el escenario privilegiado de ese sometimiento del orden legal a las preferencias de un gobernante: el indulto de los rebeldes separatistas, las rebajas de enero en la calificación de los delitos, la puesta en marcha de una mesa de negociación con la Generalitat donde se debatieron y decidieron temas que afectan a la Constitución al margen de la misma, constituyen otros tantos ejemplos del alcance de ese decisionismo presidencial.

A efectos del análisis político, sería pertinente acudir al término alegalismo, pero más en su uso francés que en el español, ya que alégalisme designa lo que tiene lugar fuera del marco de la ley, pero con una connotación negativa, de fraude de ley bien ejecutado por contravenir el espíritu de la ley. Más allá de la alegalidad, la Ley de Memoria Democrática, puesta al servicio estricto en su contenido de un fin ideológico del Gobierno, sería un buen ejemplo de esa desfiguración provocada al normativizar un tema crucial por la sumisión al líder.

El sometimiento del Poder Judicial se presenta entonces como una exigencia técnica para que el tren del decisionismo no descarrile, tanto en el control de sus órganos de gobierno -la batalla interminable ya ganada en el TC-, como en las actuaciones judiciales, con ejemplos bien significativos y casi olvidados como el del procedimiento yugulado desde arriba de la jueza sobre el 11-M. Dado el control vigente sobre el Legislativo, y la jibarización de sus procedimientos recurriendo siempre al decreto-ley, es claro que la finalidad del presidente consiste en poner fin a la separación de poderes, concentrándolos en su mano. En una palabra, cobra forma un régimen político cuyos componentes se encuentran en estricta dependencia de un Poder Ejecutivo, cuya finalidad esencial es consolidar su preeminencia y perpetuarse, el viejo objetivo de todos los gobernantes que desde la crisis de la República en Roma aspiran a suplantar con su poder personal a la democracia. El objetivo ahora consumado de Tayyip Erdogan y, según parece, también de Pedro Sánchez.

Esa dimensión teleológica determina la sustitución del conflicto político abierto por el establecimiento de una dominación asimétrica, en que la oposición carezca de posibilidades para configurar una alternativa viable. Ello a su vez requiere un monopolio en el control de los medios de comunicación oficiales y la limitación consiguiente de la libertad de expresión. Las 48 horas de propaganda oficial para las presidenciales en TV estatal de Erdogan por 32 minutos de su rival lo dicen todo, igual que el tratamiento en España de las informaciones respectivas sobre Gobierno y oposición en TVE y medios leales. La satanización del adversario y una visión maniquea de las relaciones políticas son la consecuencia lógica de la voluntad de eliminación del oponente, así como de cualquier disidencia interna.

«Erdogan y Sánchez comparten la desconfianza y el menosprecio hacia sus colaboradores»

El círculo se cierra con la presencia en el sultanismo del factor psicológico social que Montesquieu señalara para el despotismo, identificable con el régimen otomano clásico. En su versión actual, ese factor no es otro que el miedo, impuesto hacia el interior del sistema para garantizar la cohesión y la disciplina, y volcado sobre la sociedad desde los medios de comunicación propios, a efectos de presentar toda alternativa de poder en términos apocalípticos. El planteamiento de la campaña electoral por Pedro Sánchez es buena muestra de ello.

El sultán es el único y su poder. De ahí un curioso efecto colateral que Erdogan y Sánchez comparten: la desconfianza y el menosprecio hacia sus colaboradores, incluso hacia los más cercanos. Llegado el momento, los arrojan lejos de sí, literalmente a la basura política sin atención alguna a los servicios prestados. No llegan a repetir el gesto de Soleimán ejecutando físicamente a su visir de confianza, Ibrahim Pashá, que osó compararse a él en magnificencia. Pero a las tinieblas exteriores sí van lanzados. El sultán solo es amigo de sí mismo.

El verdadero problema en España es que la propensión hacia el sultanismo no es un  rasgo pasajero, sino un objetivo político de Pedro Sánchez, consistente en la formación de un régimen estable, justificado de manera binaria a partir de la oposición entre el «Progresismo» que encarnan el presidente y los suyos, frente a la «Reacción», con mayúscula, el Mal. La supervivencia tras las próximas elecciones es un fin subordinado al propósito de perpetuación. La exaltación del Líder, con su imagen colocada sobre una columna en altura inalcanzable aun para los suyos, y consagrado como infalible rector de los destinos de España, tendrá el sólido apoyo de la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial, el monopolio de los medios de comunicación, educativos y de la producción ideológica, más el mantenimiento, por tiempo difícil de estimar, de la movilización de 2023.

Balance: un país partido en dos, en un paisaje apocalíptico que recupera el maniqueísmo clásico de la victoria sobre la Antiespaña. Ahora ésta ni merece ser nombrada. La «mejor España», la suya, tiene frente a ella «la peor derecha». Sin saberlo, a golpe de tuit, Pedro Sánchez invita a los ciudadanos españoles a retroceder hasta el agustinismo político de las dos ciudades, la del Bien y la del Mal, incompatible con la democracia.

Conclusión: como en Turquía, solo unas elecciones realizadas inevitablemente bajo ese dualismo impuesto por el presidente, pueden acabar con la amenaza del sultanismo, aunque no acabarán con la degradación y la tensión introducidas por su presencia en la vida política. Por otra parte, Pedro Sánchez olvida que con su apuesta pone en juego la supervivencia política del socialismo en España. No le importa, ya que el Socialismo es Él, España (o lo que quede de España) es también Él.