Susana Seleme – El despotismo cocalero

Una balacera rompió “la paz armada” de Chapare, a tempranas horas de la mañana del pasado 2 de marzo. Esa región está catalogada como la mayor proveedora de materia prima para la producción de cocaína, pues la hoja de coca que ahí se cultiva no es apta para el consumo humano.

Aquel día, una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) que tenía información de una operación del narcotráfico, se desplazó hasta la zona, en el trópico de Cochabamba.  Los efectivos se internaron por el monte para no ser detectados por cocaleros ni narcos. Sin embargo, fueron emboscados por unos 10/12 campesinos, quienes dispararon sus equipos de asalto AK-47, fusiles Fal, revólveres, entre otras armas. El ataque impidió que los efectivos llegaran hasta una avioneta, seguramente cargada ya con droga. Las avionetas ya no utilizan pistas de aterrizaje clandestinas, sino caminos vecinales. El ministro de Gobierno no ha hablado de la avioneta. Se hizo gas.

El grupo impidió que los policías llevasen a los dos heridos, uno de ellos con grave herida en el brazo, a un centro de salud para ser socorridos. Los cocaleros increpaban amenazantes a los policías porque no ingresaron por el camino. El duro altercado se observó en un video que se hizo viral en las redes sociales. Chapare vive una paz armada, pues los cocaleros usan armas de alta gama, como los narcos.

El jefe del régimen, Evo Morales, presidente de las 6 Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba desde hace más de 20 años, expresó que “antes nos baleaban a nosotros”, como aprobando la violenta acción. De los 10 detenidos, ninguno tiene imputación por narcotráfico, sino por la emboscada e intento de homicidio.

La región de Chapare es también el ‘Santuario’ de Morales. Los cocaleros le brindan su mayor base de sustentación política por su capacidad de movilización, siempre amenazante, la mayor de las veces violenta.

Ese apoyo lo tenía Morales aún antes de ser presidente de la entonces República de Bolivia (2006), hoy Estado Centralista, más que plurinacional.  Apabullante conflicto de intereses. “El gato en la alacena”, como reza el acervo popular: es presidente del Estado y al mismo tiempo presidente de los cocaleros que proveen materia prima para la producción de cocaína.

La nueva Ley General de la Coca (8 de marzo 2017), establece 22 mil hectáreas de coca, de las cuales 14.300 corresponde a Los Yungas de La Paz, donde se cultiva la única apta para el masticado. Otras 7.700 al trópico de Cochabamba. La anterior Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, permitía 12.000 hectáreas en territorio paceño y consideraba ilegal la producción en Chapare, pues solo alimenta la producción de cocaína. Si bien Chapare concentra los cultivos de hoja de coca que eran ilegales hasta 2017, en la actualidad también produce clorhidrato de cocaína. En esa región operan los narcotraficantes, sin control alguno, amparados en un peculiar modelo de “erradicación concertada” o “voluntaria”, adoptada por los propios cocaleros, modelo del que Morales se jacta. Lo expondrá en Viena, en la Comisión contra el Uso de Estupefacientes de la ONU. No obstante, las cifras hablan solas: en 2018 fueron descubiertas 670 fábricas y en un solo día, trece laboratorios. En la emboscada, en la comunidad de San Rafael, se encontró trece fábricas de pasta base y un laboratorio de clorhidrato, según el boletín Siglo 21.

La nueva Ley favorece a una “élite” que se dedica exclusivamente a la producción de hoja de coca en Chapare. La oposición política sostiene que la norma “legaliza” las plantaciones y “beneficia al narcotráfico”.

Según estudios, el aumento de hectáreas en Chapare fue producto de un pacto político de cocaleros con Evo Morales, por la presión de dirigentes de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba para expandir su frontera agrícola.  Así, el poder cocalero ha invadido el Parque Nacional TIPNIS, otros Parques y áreas protegidas, amén de otras zonas.

Chapare era el Santuario de Morales desde los ‘90. Desde ahí ejerció su violenta práctica sindical con prolongados bloqueos de caminos en la carretera central que une de norte a sur al país, y pasa por Cochabamba en el centro. Hubo violaciones a los Derechos Humanos de efectivos que hacían la erradicación de cocales, como el asesinato de los esposos David Andrade y Graciela Alfaro, además de los sargentos Gabriel Chambi y Silvano Arroyo en el año 2000. Murieron después de haber sido secuestrados y torturados, crimen aún sin esclarecer, aunque hay rumores de que la orden salió de alguna dirigencia sindical.

En esa zona, el Estado está totalmente ausente. Nadie entra sin permiso de los cocaleros y los partidos políticos están vetados de hacer campañas para elecciones. Gozan de favores especiales, que no tienen los cocaleros de Yungas. Tampoco tributan, pero el dirigente que sustituye a Morales, como un vulgar celestino, ofrece “cholitas Miss Federación” a ministros si pernoctan en el lugar.

Gracias a la introducción de nuevas tecnologías traídas por los rebalses de Colombia, los cocaleros han incrementado su productividad, eficiencia y competitividad en el ilegal circuito de la coca-cocaína, ausentes en los rubros legales de la economía.

En Bolivia, el despotismo cocalero va contra el Estado de Derecho.