“Tarde o temprano, habrá justicia”, concluye el Foro sobre el Informe de la ONU
El punto 116 del Informe de la ONU sobre violación de Derechos Humanos en Venezuela, muestra que muchos de los entrevistados, miembros o ex miembros del Gobierno, señalaron que una de las principales motivaciones para la comisión de delitos atroces es el aprovechamiento de los recursos del Estado. Todo indica que el robo ha sido la principal razón para la comisión de estos delitos. El Informe dice, además, que en este momento hay 85 procesos penales abiertos en 21 países del mundo por corrupción contra antiguos o actuales funcionarios estatales venezolanos.
-Las páginas de este informe no son de papel, son de carne y hueso- dijo Julio Borges, canciller del Gobierno interino, al instalar el Foro Impacto del Informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, celebrado el miércoles 30 de septiembre.
En esta actividad participaron: Meudy Osío de Albán y Walewska de Acosta, en representación de las víctimas; José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Right Watch; Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso; Carlos Ayala, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembro de la Comisión Internacional de Juristas; Angelina Jaffé Carbonell, experta en Derecho Público Internacional; Miguel Pizarro, comisionado presidencial [del Gobierno interino] para la ONU; Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz en Venezuela (CEPAZ); y Humberto Prado, comisionado presidencial [del Gobierno interino] para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas.
Un campanazo para la Fuerza Armada
-Son más de dos mil historias de violaciones de Derechos Humanos en nuestro país -dijo Borges-. Esta verificación de hechos permite reconstruir la verdad de lo que ha sucedido, y constituye una semilla probatoria para que quienes cometieron esos crímenes puedan ser castigados. A pesar de que los tiempos pueden parecer largos, el sistema de Derechos Humanos en el mundo va trabajando y avanzando. En esta ocasión, vamos a testimoniar dos casos, el de Fernando Albán, que por haber sido gran amigo me toca en el corazón, y lo tengo en la mente todos los días; y el del capitán Rafael Acosta Arévalo. Tenemos, pues, el caso de un líder político, civil, y el de un militar, que, como demuestra el Informe, es prueba del enorme sufrimiento de la familia castrense por la represión.
“Esto debe ser un campanazo para la Fuerza Armada, que se está autodestruyendo como institución, al tiempo que permite la destrucción del país y alberga en su seno a individuos incursos en violaciones de Derechos Humanos; y debe ser también un llamado a los oficiales dignos, honestos, que tomen en cuenta que el tiempo se está acabando, que la situación de Venezuela se ha encarrilado en un proceso irreversible hacia un desenlace y que esta lucha por los Derechos Humanos ha puesto mucha presión para precipitarlo. Civiles y militares tenemos que unirnos para juntos vencer ese mal común, que es el totalitarismo encarnado por Nicolás Maduro y quienes se han prestado para la violación de Derechos Humanos. Civiles y militares tenemos un común compromiso histórico, inmediato, real, con el pueblo de Venezuela”.
“No nos callaremos”
-Una de las cosas más difíciles, de lo que nos ha tocado vivir,-dijo Meudy Osío, viuda de Fernando Albán, una de las víctimas aludidas en el Informe- es no saber qué fue lo que pasó, quiénes fueron… y la única respuesta a estas interrogantes es la justicia. Sin revancha, sin rabia. Como familia, como seres humanos, necesitamos que haya justicia. Fernando se merece que haya justicia, lo mismo que los miles de venezolanos afectados por las violaciones de Derechos Humanos en nuestro país. Este Informe evidencia lo que todos los venezolanos sabemos, lo que está pasando en nuestro país. Y eso no puede quedar en el papel. Por eso le pedimos a la jurisdicción internacional que se aboque a las investigaciones correspondientes tras la divulgación de este informe; donde aparecen, con nombres y apellidos, tanto las víctimas como los responsables. El Informe no es la solución definitiva, pero es una luz al final del túnel. Un aviso de que la justicia llegará a Venezuela. Agradezco la invitación a este foro, y reitero que me haré presente en cada espacio donde se pueda denunciar la barbarie que reina en Venezuela.
Al tomar la palabra, Walewska de Acosta, viuda del capitán Rafael Acosta Arévalo, expuso los horrores que le hicieron a su esposo, torturado hasta la muerte delante del juez. Y advirtió que “en este momento, mientras estamos hablando, el régimen está torturando venezolanos”.
“Maduro y otros jerarcas sabían, autorizaron y participaron”
-Este Informe, -explicó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Right Watch-, elaborado por tres expertos independientes, es muy poderoso porque contiene un análisis propio de Derecho penal internacional. Con esa metodología y circunscrito a las violaciones más graves que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro, establece que en Venezuela ha habido un patrón de conducta, que esos crímenes no son aislados sino que obedecen a una política oficial y sistemática; y que las máximas autoridades de la dictadura, no solo Maduro, sino también Diosdado Cabello, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el ministro del Interior, Néstor Reverol, y los jerarcas de los sistemas de seguridad del régimen, tenían conocimiento de los crímenes, los autorizaron y participaron en la comisión de las atrocidades documentadas.
Según expuso Vivanco, “estos hallazgos son de la mayor importancia, porque permiten no solo que la comunidad internacional y los propios venezolanos conozcan la crueldad a la que ha llegado el régimen, sino también que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional siga avanzando en su examen preliminar de la situación de Venezuela”.
“Con este informe, Maduro ha quedado debidamente notificado de que le será muy difícil sostener que estos crímenes son aislados o que él no estaba en conocimiento, que se cometieron a sus espaldas, que son usualmente las excusas que dan los dictadores, una vez que han perdido el poder y se enfrentan a la justicia. Tarde o temprano, los responsables deberán rendir cuentas y este Informe será vital para sustentar los procesos orientados a procurar justicia para las miles de víctimas que han sufrido la represión brutal de un régimen que está dispuesto a todo con tal de permanecer en el poder”.
-Nosotros -concluyó Vivanco– seguiremos comprometidos con las causas de la libertad, los Derechos Humanos, la promoción de una transición democrática, pacífica, en Venezuela, con la defensa de las víctimas, enarbolando las banderas de los presos políticos y denunciándole al mundo entero lo que ocurre en Venezuela. Porque, lamentablemente, en este país no hay posibilidad de amparo, de protección. La indefensión es completa frente a los agentes del Estado venezolano, incluidos los colectivos, que son hampones armados con licencia para matar en complicidad con las fuerzas oficiales.
La relación entre corrupción y crímenes atroces
-En Venezuela -afirmó Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso– se han cometido crímenes que, por su gravedad, afectan no solamente a las víctimas y a sus familiares, o al Estado donde se cometieron, sino a toda la humanidad.
“El Informe señala que estos crímenes no fueron excesos aislados, sino que se cometieron de forma generalizada, siguiendo patrones de actuación enmarcados en una política estatal, emitida desde los más altos niveles del gobierno de Venezuela. De hecho, el Informe tiene la valentía de mencionar algunos de los responsables y las cadenas de mando, y establece que el presidente de la República y algunos ministros tenían conocimiento de esos crímenes, que seguían un plan diseñado por ellos y que dotaban de los recursos necesarios para cometerlos. Este es el mensaje más importante del Informe”.
Al abordar los efectos previsibles del Informe, la doctora Katya Salazar afirmó que: “Estos hallazgos deberían motivar a la Corte Penal Internacional para que avance en la Investigación Preliminar y la convierta en una Investigación Oficial. También activará la apertura de investigaciones penales en diversos países del mundo, que cuentan en sus legislaciones penales con el Principio de Jurisdicción Universal, que permite la apertura de investigaciones en terceros países, cuando se han cometido crímenes atroces, sin necesidad de que el delito se haya cometido en este tercer país o que los responsables y las víctimas sean de esa nacionalidad. No es sencillo, por más que esté en la legislación, pero es importante estudiarlo. El caso de Pinochet es un buen ejemplo, lo mismo que el juicio en España contra un ex militar salvadoreño por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en El Salvador, hace más de 30 años”.
“El Informe será una fuente privilegiada de información para futuras investigaciones contra altas autoridades del régimen, que se llevarán a cabo en Venezuela en algún futuro”.
-Otra cosa muy importante del Informe -añadió Katya Salazar– es su referencia a la relación entre corrupción y crímenes de lesa humanidad. Y dice, en el punto 116, que muchos de los entrevistados, miembros o ex miembros del Gobierno, señalaron que una de las principales motivaciones para la comisión de delitos atroces es el aprovechamiento de los recursos del Estado. Todo indica que el robo ha sido la principal razón para la comisión de estos delitos. El Informe dice, además, que en este momento hay 85 procesos penales abiertos en 21 países del mundo por corrupción contra antiguos o actuales funcionarios estatales venezolanos. El mensaje principal es que, si queremos entender realmente qué pasó en Venezuela, no podemos separar el análisis de los crímenes de lesa humanidad del análisis de cómo funcionaron las redes criminales que administran el país. En un eventual proceso de transición, ambos asuntos deben estar presentes. Los dos, no solo los crímenes atroces, también la corrupción.
“Otro aspecto que, según el Informe, cruza todos los casos es el rol del Poder Judicial, que en Venezuela ha sido más grave que en cualquier otra dictadura, porque ha sido cómplice en muchos casos de las violaciones de Derechos Humanos mencionadas en el Informe. Esto va a ser fundamental para el proceso de transición”.
“La mayoría de las víctimas son los pobres, los olvidados”
-La primera contribución del Informe -advirtió Carlos Ayala, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembro de la Comisión Internacional de Juristas– es ser un paso adelante hacia la búsqueda de la justicia. La justicia es un proceso, no es un acto. Es una búsqueda de la verdad de lo sucedido y de los responsables.
-Este Informe -especificó el doctor Ayala– fue elaborado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidos. Es el órgano de Derechos Humanos de ONU el que el 27 de septiembre del año pasado dio el mandato para que se llevara a cabo este establecimiento de los hechos en Venezuela, “a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. Para ello se investigaron detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
“Es muy importante que la sociedad venezolana observe que hay un corte transversal en el perfil de las víctimas de los delitos de lesa humanidad: Por un lado están las víctimas generalizadas, en el marco de las protestas; luego, están las víctimas de la represión selectiva de miembros de la sociedad civil, políticos, comunicadores sociales; un tercer grupo lo componen los militares detenidos, torturados, desaparecidos y ejecutados dentro de la Dgcim; y el gran sector, cuantitativamente el mayor, es el de víctimas pertenecientes a la pobreza venezolana, los más olvidados, sobre quienes se lanzan operativos “de liberación”, en los barrios venezolanos, a quienes se saca de sus viviendas, a partir de unas listas que no se sabe quién elabora, para ser ejecutados”.
“Tendremos que buscar extranjeros, figuras imparciales”
Angelina Jaffé Carbonell, experta en Derecho Público Internacional, empezó citando “al juez de la Corte Suprema de Suráfrica, Richard Goldstone, quien tuvo un papel relevante en los tribunales de la ex Yugoslavia y de Ruanda, que dijo: ‘La verdad es una forma de justicia’”.
-Este Informe -expuso la doctora Jaffé– es una forma de empezar un proceso de justicia que tenemos que verlo a futuro. La primera comisión de la verdad que se dio en Venezuela fue en 1962, elaborada por el entonces Congreso Nacional de la República, presentada por Acción Democrática y refutada por el representante del Partido Comunista, Luis Miquilena. Ese informe reportaba los asesinatos causados por la lucha armada en campesinos, policías, trabajadores agrarios, etc. Cuando el chavismo llega al poder, crea una comisión de la verdad para reescribir lo que ellos consideraban una injusticia histórica, y Luisa Ortega Díaz presentó una exposición. Y en este momento hay una en curso, en la Asamblea Nacional Constituyente, que simplemente sirve para hacer la justicia que ellos aplican de liberar o no a ciertos presos políticos.
“Lo que quiero graficar con esto es que es muy difícil que lleguemos a lo que llegó esta Misión de Determinación de Hechos, a elaborar un informe imparcial, metodológicamente impecable. No es casualidad que sean tres expertos internacionales, que no son venezolanos. Esto lo digo porque, tal vez, en el futuro, nuestras divisiones y la dificultad de reconstrucción del tejido social sean tales que vamos a tener que buscar ayuda en figuras extranjeras. Un ejemplo es la Comisión de la Verdad de Guatemala, donde tuvieron que buscar al profesor Christian Tomuschat, de la Universidad de Tübingen, Alemania, para presidir esa comisión. De manera que este Informe nos debe hacer reflexionar sobre las dificultades internas que tenemos como sociedad para hacer justicia”.
“Las víctimas y las ONG están sufriendo retaliaciones”
“Un elemento crucial a la hora de reconocer la valentía de quienes ofrecen sus testimonios para el levantamiento de estos informes es hacer llamados a los países, a los gobiernos que nos acompañan, a las instancias internacionales, para garantizar que a las víctimas, a los familiares y a las organizaciones no se les persiga con retaliaciones, y no sufran consecuencias por su valentía y resiliencia. Mucho de lo expuesto en ese Informe fue narrado por víctimas que todavía están en el país, a merced de los opresores”, este fue el punto medular de la intervención de Miguel Pizarro, comisionado presidencial [del Gobierno interino] para la ONU.
-El Informe no es la autopsia de un régimen terminado, es la radiografía de un régimen en pleno ejercicio del poder. Mientras hoy hablamos, hay presos de la Dgcim en el ‘tigrito’; presos del Helicoide, en un sótano o los están llevando a ‘La Tumba’.
“En fin, el Informe es apenas un paso. Importante, pero solo un paso. Lo tenemos gracias al esfuerzo de organizaciones, de familiares y del trabajo diplomático, que nos llevó al cierre de este primer lapso. Pero la semana que viene tenemos un nuevo examen, en el Consejo de Derechos Humanos, donde tendrá lugar la renovación de los mandatos de la Misión de Verificación de Hechos, así como de la Oficina de la Alta Comisionada. Ahí habrá un nuevo juicio internacional a la dictadura de Nicolás Maduro, una nueva expresión de acompañamiento, pero lo más importante es que deben renovarse mandatos que permitan acercarnos a la justicia, a una reparación y a un cierre de este ciclo histórico”.
Violencia sexual en la Dgcim y el Sebin
La exposición de Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz en Venezuela (CEPAZ), se centró en la violencia sexual y las especificidades de género.
-La mayoría de las perpetraciones -dijo Beatriz Borges– fueron en contra de hombres. El Informe habla de 89 actos de violencia sexual, que ocurrieron sobre todo en el marco de la represión a las manifestaciones; 34 de los cuales se dieron en el curso de interrogatorios y detención de disidentes y opositores. Por eso, es preciso entender tanto a la Dgcim como al Sebin como elementos importantes a estudiar, ya que la mayoría de los casos de violencia sexual, el sexo coercitivo en los centros de detención, así como los abortos ocasionados por golpes a la mujer embarazada, se dieron en estos organismos.
“Las mujeres son, asimismo, víctimas secundarias al ser testigo de detenciones arbitrarias y ejecuciones de familiares y allegados. Estos eventos han producido serios daños sicológicos, agravados por la imposibilidad de acceder a la justicia. Por el contrario, al buscar justicia, estas mujeres son víctimas de persecución y amenazas”.
La intervención de cierre corrió a cargo de Humberto Prado, comisionado presidencial [del Gobierno interino] para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, quien se dirigió a las viudas allí presentes para encomiar la relevancia de su rol de denuncia. “Ustedes son la voz de todas las víctimas. No desmayen. Ustedes pueden darles ánimos a otras víctimas que no han hablado todavía por miedo. Tarde o temprano, habrá justicia”.