Todas las CC.AA. salvo Cataluña rechazan en bloque la propuesta de financiación de Montero
Hacienda les espeta que si no quieren el nuevo modelo se queden con el actual y las autonomías acusan al Gobierno de chantajearlas
La ministra María Jesús Montero saluda a la consellera catalana Alicia Romero
«Sistema de castas», «palabrería», «chantaje», «decepcionante», pocas veces el tradicional desfile de consejeros autonómicos tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera fue tan duro y tan unánime. Uno tras otro la consejera de la Comunidad de Madrid, el consejero de Murcia, el de Castilla-La Mancha, el de Galicia, la de Extremadura, del PP, del PSOE, han manifestado su rechazo frontal a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno, negociado de forma exclusiva con la Generalitat y pactado con ERC. Solo la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alicia Romero, ha valorado el esfuerzo realizado por el Gobierno para presentar una propuesta concreta tras 17 años de espera y ha mostrado su apoyo a la propuesta.
El repudio casi total de los gobiernos autonómicos a la propuesta del Ministerio de Hacienda augura un camino aún más complicado del que ya se preveía para la norma, amenazada con recursos de constitucionalidad por los gobiernos autonómicos del PP. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trató de despachar el asunto durante su reunión de este miércoles con las comunidades autónomas recordando que la adscripción a este modelo será voluntaria y que toda aquella región -de momento 14 de 15- que no quiera sumarse al mismo puede quedarse en el sistema actual. «Aquí no es obliga a nadie a adscribirse al modelo. Si quieren seguir en el anterior no hay ningún problema porque podemos avanzar en paralelo porque ya lo tenemos previsto», ha dicho Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión.
El argumento ha sido muy mal recibido por los consejeros autonómicos, especialmente por el socialista de Castilla-La Mancha que ha tachado la maniobra de chantaje y ha afeado a la ministra que condicione la mejora de financiación que plantea el sistema a aceptar un sistema planteado a su juicio para contentar a los nacionalistas.
Las autonomías del Partido Popular han avanzado que explorarán todas las vías jurídicas disponibles para obligar a la ministra de Hacienda a «volver a la casilla de salida» y reiniciar la negociación de la reforma del sistema desde una perspectiva multilateral y no creando una especie de «sistema de castas», como lo ha calificado la consejera de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que ha sido la más firme en asegurar que no se van a adscribir a este sistema.
Para Montero la posición de las autonomías del Partido Popular responde a una pose política, que enfatizan ante la certeza, ha asegurado, de que renunciar a los nuevos recursos que les proporciona el sistema «les puede perjudicar en sus territorios». Respecto a la de Asturias y Castilla-La Mancha ha preferido pasar de puntillas, revelando que Asturias se ha mostrado dispuesta a negociar el modelo dentro de la reunión.
En realidad todas las comunidades autónomas se han mostrado dentro de la reunión dispuestas a negociar el modelo, es más, han exigido a Montero que renegocie el modelo, sobre bases distintas y en un diálogo multilateral, según han recalcado varios consejeros del PP.
Montero, que el pasado viernes deslizó que a estas alturas ya no cabía mucho margen para alterar los parámetros básicos del sistema, ha sido este miércoles, quizá tras el desengaño de la reunión con las autonomías, algo más abierta. «Una negociación es una negociación y no se puede avanzar a qué punto puede llegar», ha dicho, aunque se ha negado a especificar si Hacienda estaría dispuesta o no a alterar la distribución de recursos que se ha acordado con la Generalitat de Cataluña y que constituye una línea roja en el acuerdo alcanzado con el gobierno de Illa y con ERC.
Más tensa que en otras ocasiones, la vicepresidenta ha cargado contra Feijóo, al que atribuye la firme posición en contra del sistema de las autonomías del PP, y ha despachado con cajas templadas las preguntas de los periodistas respecto a si el eventual rechazo de todos los gobiernos autonómicos a su propuesta -constatado tras la reunión de este miércoles- podría erosionar la legitimidad de una reforma que se ha negociado y diseñado de manera bilateral. Ha aprovechado para recordar que la aprobación de la reforma del sistema de financiación autonómica no depende del mayor o menor apoyo de las comunidades autónomas sino de alcanzar una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados.
