Todo lo que necesita saber sobre las inhabilitaciones de candidatos

Las inhabilitaciones a los adversarios políticos del chavismo y el madurismo se usan, prácticamente, desde que el fallecido presidente Hugo Chávez llegó al poder en 1998. Con el tiempo, se ha vuelto una práctica recurrente y sencilla para sacar a un potencial ganador del camino electoral en cualquier terreno.

La última vez ocurrió en 2020 en Barinas, cuando el oficialismo se sacó de la chistera la inhabilitación del ganador de la gobernación, Freddy Superlano y a su esposa, Aurora Silva, sin ninguna explicación ni investigación, ante la evidente derrota del entonces gobernador Argenis Chávez.

De acuerdo con la organización no gubernamental, Acceso a la Justicia, la inhabilitación está concebida “como una medida adicional a la sanción de destitución, que se trata de una medida disciplinaria que comporta la ruptura de la relación de servicio establecida entre el funcionario y la administración”.

Fue en 2001 cuando la inhabilitación perdió su facultad de sanción adicional para un funcionario incurso en irregularidades administrativas que fuese destituido, y se aumentó de manera desproporcional el número de años de la sanción y pasó de 3 a 15 años, gracias a una propuesta del entonces diputado oficialista y exmagistrado Luis Velásquez Alvaray, quien ahora está en el exilio.

Para Jesús Castellanos, politólogo y consultor de la Red Electoral Ciudadana, las inhabilitaciones forman parte de un esquema de “ventajismo institucional electoral perverso, que ha sido cuestionado por la Unión Europea y obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a hacer lo que dicte la Contraloría General de la República”.

-¿Cómo empezaron las inhabilitaciones a los candidatos a elecciones?

-En 2001, la Asamblea Nacional vigente aprobó una ley llamada: “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal”, aparentemente inocua. Este instrumento legal fue sancionado en 2001 y reformado parcialmente a finales de 2010. Fue en 2008 cuando el entonces contralor general de la República, el fallecido Clodosbaldo Russián, sacó a la luz la “Lista Russián” a través de la cual inhabilitó a 400 ciudadanos por supuestas irregularidades administrativas. Fue el propio Russián quien envió esa lista al CNE; el pequeño detalle es que 80% de los inhabilitados eran opositores. Ese 2008, el 23 de noviembre, se realizaron elecciones de gobernadores y alcaldes y ninguno de los señalados en la lista pudo postularse.

-¿Cuántos tipos de inhabilitaciones hay?

-De acuerdo con un informe del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), el sistema automatizado de objeciones del Poder Electoral establece tres categorías: inhabilitado político, inhabilitado administrativo e inhabilitado por interdicción civil. En ningún caso, los inhabilitados pueden postularse a cargos de elección popular y, además, los inhabilitados políticos no pueden votar. Antes de aprobarse la “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal”, sólo los ciudadanos con sentencia judicial definitivamente firme podían ser inhabilitados. El sistema automatizado de postulaciones tiene los famosos códigos 7 y 8 (inhabilitado político para postularse y votar e inhabilitado para postularse, respectivamente) para impedir la postulación de los candidatos.

-¿Se violan los Derechos Humanos de ciudadanos y candidatos?

-Sí. Todos los ciudadanos tienen derecho a postularse en condiciones de igualdad según establece el Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. La Constitución venezolana de 1999 garantiza el derecho de los ciudadanos a participar libremente en los asuntos públicos y de ser elegido para cargos de elección popular por medio del sufragio. También se viola el derecho de los ciudadanos a elegir a los candidatos de su preferencia y se disminuye la oferta electoral.  “Las inhabilitaciones no son un problema de un grupo de políticos que quieren y no pueden. Su radio lesivo se amplía al conjunto social. Cada vez que inhabilitan a uno, sin debido proceso y bajo aparente motivación partidista, sea quien sea el ciudadano, represente a la corriente que represente dentro del espectro político, las perdedoras son la integridad de nuestros procesos electorales y la calidad de nuestra democracia”, afirma el OEV en uno de sus informes.

-¿Quiénes son los candidatos postulados a la Primaria que están inhabilitados?

*La coordinadora general del partido Vente Venezuela y exdiputada, María Corina Machado, fue inhabilitada el 15 de julio de 2015 por un año. Se desconoce si la Contraloría envió alguna comunicación al CNE para informar sobre el vencimiento de su inhabilitación. El consultor electoral de la Red Electoral Ciudadana explicó que atendiendo a la autonomía del Poder Electoral, el organismo tiene la potestad de habilitar a Machado porque ya se cumplió el período de inhabilitación. “No se requiere un consentimiento para habilitarla, pero nadie garantiza que la Contraloría luego diga que el plazo eran 15 años y no un año”, advirtió.

*El exgobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, fue inhabilitado el 7 de abril de 2017 por 15 años, por seis casos; entre ellos, haber recibido donaciones de las embajadas de Gran Bretaña y Polonia y reconducir el presupuesto de su gobernación e invertir recursos en propaganda televisiva.

*El exdiputado y expresidente del extinto gobierno interino, Juan Guaidó, tiene dos inhabilitaciones por parte de la Contraloría. La primera fue dictada en marzo de 2019 por 15 años y la segunda en febrero de 2021, ambas por supuestas irregularidades en su Declaración Jurada de Patrimonio como parlamentario.

-¿Por qué se siguen usando las inhabilitaciones sin sentencias firmes?

-El Tribunal Supremo de Justicia aprobó en 2008 y 2019 dos sentencias que le dan piso legal a las inhabilitaciones. En 2008, la Sala Constitucional avaló el polémico artículo 105 de la “Lista Russián” que permite inhabilitar sin que haya sentencia firme; y en 2019 la Sala Político Administrativa del Poder Judicial ratificó que el contralor tiene plena potestad para inhabilitar ciudadanos y “no vulnera en modo alguno los derechos y garantías consagradas en el Texto Fundamental, relativas al debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de tipicidad de las sanciones”.

-¿Cuántas personas han sido inhabilitadas por la Contraloría?

-Entre 2002 y 2021 (13 años), la Contraloría ha inhabilitado a 1.401 funcionarios públicos y en 2021, descalificó a 28 integrantes de la Asamblea Nacional de 2015, por “negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio”, de acuerdo con la data recabada por la ONG Acceso a la Justicia.

-¿Los inhabilitados pueden revertir la medida?

-Una de las tácticas que más emplea la Contraloría es que se saca de la manga la carta de inhabilitación cuando el candidato menos se lo espera -o se lo esperaba-, porque la oposición mayoritaria ya sabe que siempre existe esta posibilidad. Según la ley, las inhabilitaciones de los candidatos deben ser publicadas en la Gaceta Oficial y comunicadas al interesado y a los organismos competentes. Sin embargo, los datos sobre las inhabilitaciones no son públicos desde hace cinco años y solo el Contralor sabe con certeza las fechas de finalización de las inhabilitaciones y/o cuando ha instruido al Poder Electoral a eliminar el conocido código 8 en el Sistema Automatizado de Postulación”. “Tan sorpresivas son las inhabilitaciones que el candidato de la MUD (oposición) a la Gobernación de Barinas en 2021, Freddy Superlano, se enteró de la supuesta resolución de la Contraloría cuando numéricamente ya era el virtual ganador. Nunca fue notificado de su inhabilitación antes del día de las elecciones y la resolución nunca fue publicada en la Gaceta Oficial, pero ni siquiera notificada al CNE. “Inhabilitado(a), y no podrá ser postulado(a)”, le apareció a la esposa de Superlano, Aurora Silva, en el Sistema Automatizado de Postulaciones, en letras blancas sobre un recuadro rojo, cuando intentó inscribirse como candidata al proceso de repetición de esa elección. Su sustituto acordado por la coalición opositora MUD, Julio César Reyes, también fue inhabilitado”, recordó el OEV en su informe. En las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes, la Contraloría inhabilitó a 27 ciudadanos y 15 eran candidatos del Partido Comunista de Venezuela, quienes no tenían abierta ninguna investigación penal.

-¿Qué pasaría si quien gana la Primaria el 22 de octubre está inhabilitado por la Contraloría?

-Pablo Quintero, politólogo y asesor de campañas electorales, afirmó que es muy probable que quien gane la Primaria esté o sea inhabilitado por el Gobierno. “La oposición debe estar preparada para ese escenario y lograr, de alguna manera, consolidar sus relaciones con la Comisión Técnica de la Unión Europea. Tiene que haber un compromiso de que todos los dirigentes de toda la oposición van a negociar el levantamiento de esas inhabilitaciones. Insistió en que la ciudadanía y los políticos deben estar coordinados de manera estratégica para construir un movimiento electoral y social de todos los sectores, para generar algún tipo de fuerza política que permita negociar frente al Gobierno. “La oposición no hace nada tratando de pedir un levantamiento de inhabilitación, si no tiene acompañamiento social”, dijo. Explicó que los adversarios de Maduro están a merced de un Gobierno autoritario y no tienen control de nada. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Primaria informó hace unas semanas que incluirá en su reglamento qué hacer si quien resulte ganador está inhabilitado.

Las inhabilitaciones a los adversarios políticos del chavismo y el madurismo se usan, prácticamente, desde que el fallecido presidente Hugo Chávez llegó al poder en 1998. Con el tiempo, se ha vuelto una práctica recurrente y sencilla para sacar a un potencial ganador del camino electoral en cualquier terreno.

La última vez ocurrió en 2020 en Barinas, cuando el oficialismo se sacó de la chistera la inhabilitación del ganador de la gobernación, Freddy Superlano y a su esposa, Aurora Silva, sin ninguna explicación ni investigación, ante la evidente derrota del entonces gobernador Argenis Chávez.

De acuerdo con la organización no gubernamental, Acceso a la Justicia, la inhabilitación está concebida “como una medida adicional a la sanción de destitución, que se trata de una medida disciplinaria que comporta la ruptura de la relación de servicio establecida entre el funcionario y la administración”.

Fue en 2001 cuando la inhabilitación perdió su facultad de sanción adicional para un funcionario incurso en irregularidades administrativas que fuese destituido, y se aumentó de manera desproporcional el número de años de la sanción y pasó de 3 a 15 años, gracias a una propuesta del entonces diputado oficialista y exmagistrado Luis Velásquez Alvaray, quien ahora está en el exilio.

Para Jesús Castellanos, politólogo y consultor de la Red Electoral Ciudadana, las inhabilitaciones forman parte de un esquema de “ventajismo institucional electoral perverso, que ha sido cuestionado por la Unión Europea y obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a hacer lo que dicte la Contraloría General de la República”.

-¿Cómo empezaron las inhabilitaciones a los candidatos a elecciones?

-En 2001, la Asamblea Nacional vigente aprobó una ley llamada: “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal”, aparentemente inocua. Este instrumento legal fue sancionado en 2001 y reformado parcialmente a finales de 2010. Fue en 2008 cuando el entonces contralor general de la República, el fallecido Clodosbaldo Russián, sacó a la luz la “Lista Russián” a través de la cual inhabilitó a 400 ciudadanos por supuestas irregularidades administrativas. Fue el propio Russián quien envió esa lista al CNE; el pequeño detalle es que 80% de los inhabilitados eran opositores. Ese 2008, el 23 de noviembre, se realizaron elecciones de gobernadores y alcaldes y ninguno de los señalados en la lista pudo postularse.

-¿Cuántos tipos de inhabilitaciones hay?

-De acuerdo con un informe del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), el sistema automatizado de objeciones del Poder Electoral establece tres categorías: inhabilitado político, inhabilitado administrativo e inhabilitado por interdicción civil. En ningún caso, los inhabilitados pueden postularse a cargos de elección popular y, además, los inhabilitados políticos no pueden votar. Antes de aprobarse la “Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal”, sólo los ciudadanos con sentencia judicial definitivamente firme podían ser inhabilitados. El sistema automatizado de postulaciones tiene los famosos códigos 7 y 8 (inhabilitado político para postularse y votar e inhabilitado para postularse, respectivamente) para impedir la postulación de los candidatos.

-¿Se violan los Derechos Humanos de ciudadanos y candidatos?

-Sí. Todos los ciudadanos tienen derecho a postularse en condiciones de igualdad según establece el Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. La Constitución venezolana de 1999 garantiza el derecho de los ciudadanos a participar libremente en los asuntos públicos y de ser elegido para cargos de elección popular por medio del sufragio. También se viola el derecho de los ciudadanos a elegir a los candidatos de su preferencia y se disminuye la oferta electoral.  “Las inhabilitaciones no son un problema de un grupo de políticos que quieren y no pueden. Su radio lesivo se amplía al conjunto social. Cada vez que inhabilitan a uno, sin debido proceso y bajo aparente motivación partidista, sea quien sea el ciudadano, represente a la corriente que represente dentro del espectro político, las perdedoras son la integridad de nuestros procesos electorales y la calidad de nuestra democracia”, afirma el OEV en uno de sus informes.

-¿Quiénes son los candidatos postulados a la Primaria que están inhabilitados?

*La coordinadora general del partido Vente Venezuela y exdiputada, María Corina Machado, fue inhabilitada el 15 de julio de 2015 por un año. Se desconoce si la Contraloría envió alguna comunicación al CNE para informar sobre el vencimiento de su inhabilitación. El consultor electoral de la Red Electoral Ciudadana explicó que atendiendo a la autonomía del Poder Electoral, el organismo tiene la potestad de habilitar a Machado porque ya se cumplió el período de inhabilitación. “No se requiere un consentimiento para habilitarla, pero nadie garantiza que la Contraloría luego diga que el plazo eran 15 años y no un año”, advirtió.

*El exgobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, fue inhabilitado el 7 de abril de 2017 por 15 años, por seis casos; entre ellos, haber recibido donaciones de las embajadas de Gran Bretaña y Polonia y reconducir el presupuesto de su gobernación e invertir recursos en propaganda televisiva.

*El exdiputado y expresidente del extinto gobierno interino, Juan Guaidó, tiene dos inhabilitaciones por parte de la Contraloría. La primera fue dictada en marzo de 2019 por 15 años y la segunda en febrero de 2021, ambas por supuestas irregularidades en su Declaración Jurada de Patrimonio como parlamentario.

-¿Por qué se siguen usando las inhabilitaciones sin sentencias firmes?

-El Tribunal Supremo de Justicia aprobó en 2008 y 2019 dos sentencias que le dan piso legal a las inhabilitaciones. En 2008, la Sala Constitucional avaló el polémico artículo 105 de la “Lista Russián” que permite inhabilitar sin que haya sentencia firme; y en 2019 la Sala Político Administrativa del Poder Judicial ratificó que el contralor tiene plena potestad para inhabilitar ciudadanos y “no vulnera en modo alguno los derechos y garantías consagradas en el Texto Fundamental, relativas al debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de tipicidad de las sanciones”.

-¿Cuántas personas han sido inhabilitadas por la Contraloría?

-Entre 2002 y 2021 (19 años), la Contraloría ha inhabilitado a 1.401 funcionarios públicos y en 2021, descalificó a 28 integrantes de la Asamblea Nacional de 2015, por “negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio”, de acuerdo con la data recabada por la ONG Acceso a la Justicia.

-¿Los inhabilitados pueden revertir la medida?

-Una de las tácticas que más emplea la Contraloría es que se saca de la manga la carta de inhabilitación cuando el candidato menos se lo espera -o se lo esperaba-, porque la oposición mayoritaria ya sabe que siempre existe esta posibilidad. Según la ley, las inhabilitaciones de los candidatos deben ser publicadas en la Gaceta Oficial y comunicadas al interesado y a los organismos competentes. Sin embargo, los datos sobre las inhabilitaciones no son públicos desde hace cinco años y sólo el Contralor sabe con certeza las fechas de finalización de las inhabilitaciones y/o cuando ha instruido al Poder Electoral a eliminar el conocido código 8 en el Sistema Automatizado de Postulación”. “Tan sorpresivas son las inhabilitaciones que el candidato de la MUD (oposición) a la Gobernación de Barinas en 2021, Freddy Superlano, se enteró de la supuesta resolución de la Contraloría cuando numéricamente ya era el virtual ganador. Nunca fue notificado de su inhabilitación antes del día de las elecciones y la resolución nunca fue publicada en la Gaceta Oficial, pero ni siquiera notificada al CNE. “Inhabilitado(a), y no podrá ser postulado(a)”, le apareció a la esposa de Superlano, Aurora Silva, en el Sistema Automatizado de Postulaciones, en letras blancas sobre un recuadro rojo, cuando intentó inscribirse como candidata al proceso de repetición de esa elección. Su sustituto acordado por la coalición opositora MUD, Julio César Reyes, también fue inhabilitado”, recordó el OEV en su informe. En las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes, la Contraloría inhabilitó a 27 ciudadanos y 15 eran candidatos del Partido Comunista de Venezuela, quienes no tenían abierta ninguna investigación penal.

-¿Qué pasaría si quien gana la Primaria el 22 de octubre está inhabilitado por la Contraloría?

-Pablo Quintero, politólogo y asesor de campañas electorales, afirmó que es muy probable que quien gane la Primaria esté o sea inhabilitado por el Gobierno. “La oposición debe estar preparada para ese escenario y lograr, de alguna manera, consolidar sus relaciones con la Comisión Técnica de la Unión Europea. Tiene que haber un compromiso de que todos los dirigentes de toda la oposición van a negociar el levantamiento de esas inhabilitaciones. Insistió en que la ciudadanía y los políticos deben estar coordinados de manera estratégica para construir un movimiento electoral y social de todos los sectores, para generar algún tipo de fuerza política que permita negociar frente al Gobierno. “La oposición no hace nada tratando de pedir un levantamiento de inhabilitación, si no tiene acompañamiento social”, dijo. Explicó que los adversarios de Maduro están a merced de un Gobierno autoritario y no tienen control de nada. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Primaria informó hace unas semanas que incluirá en su reglamento qué hacer si quien resulte ganador está inhabilitado.