Todos quieren la plata de las pensiones

El debate sobre los recursos de las pensiones y su uso está acaparando la atención en varios países de América Latina. En el caso de Chile y Perú se discute la conveniencia de aprobar nuevos retiros de las cuentas de los afiliados, y en Colombia se sigue hablando de los ajustes al sistema para aumentar su cobertura y que sea más sostenible y equitativo.

En Chile, el tema escaló a un punto crítico. La Cámara de Diputados de ese país negó la semana pasada una propuesta para que los afiliados pudieran retirar por quinta vez los recursos que tenían depositados en los fondos privados. A pesar de que existían dos propuestas, una del parlamento y otra del gobierno —este último decía que los recursos solo se podían destinar para pagar deudas—, al final pesaron mas las voces de rechazo.

Los chilenos han retirado de los fondos de pensiones alrededor de 50.000 millones de dólares, recursos que tuvieron un gran impacto en la reactivación de la economía, pero que están mermando los ahorros destinados para la vejez. El último y cuarto retiro aprobado, por un 10 % adicional, fue en septiembre del año pasado, impulsado por la oposición de centro izquierda. En Chile hay mucho inconformismo con los fondos de pensiones creados durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, en 1981, porque, a diferencia de Colombia, no se reconoce una pensión mínima, con lo cual las mesadas son muy bajas.

En Perú también siguieron este ejemplo. Una comisión del Congreso aprobó el pasado 13 de abril un nuevo retiro extraordinario de pensiones para enfrentar los efectos de la pandemia y la desaceleración económica por la invasión de Rusia a Ucrania. Este sería el sexto retiro de los fondos de pensiones aprobado en Perú desde el 2020, para un total de 26.000 millones de dólares. Perú, al igual que Colombia, adoptó el sistema de pensiones chileno.

El retiro de los ahorros ha generado un intenso debate. Hay quienes dicen que es una política equivocada, “hambre para mañana” de millones de personas de la tercera edad que se jubilarán y no tendrán ahorros suficientes porque se los “comieron” anticipadamente. Otros señalan que es mejor disponer de esos dineros ya y no esperar muchos años, cuando, de todas maneras, recibirán unas mesadas muy bajas. En Colombia, afortunadamente, no han recurrido a esta medida extrema, pero sí crece el debate sobre una reforma pensional, que no se puede postergar más.

SI bien el país adoptó el modelo chileno, al crear las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que entraron a competir con Colpensiones, sí se garantiza la pensión mínima —no se entregan pensiones inferiores al salario mínimo—. Sin embargo, los dos sistemas tienen sus pros y contras. En el régimen de prima media se otorgan subsidios elevados, lo que genera inequidad y lleva a que las mesadas, en muchos casos, sean superiores a las que reconocen las AFP, donde la pensión depende de lo que se haya ahorrado durante la vida laboral y no del promedio del ingreso salarial de los últimos diez años, como en Colpensiones.

Los candidatos se han pronunciado sobre la necesidad de hacer una reforma, pero no todos coinciden en cómo hacerla. Hay consenso en que se debe entregar una ayuda a los más de tres millones de adultos mayores que hoy no reciben pensión porque no cumplieron con los requisitos de edad ni cotización. Se habla de entregarles mensualmente entre $ 300.000 y $ 500.000.

El candidato Gustavo Petro levantó una polvareda cuando planteó trasladar recursos de las AFP por cerca de $ 18 billones a Colpensiones para un bono pensional de $ 500.000 a los más vulnerables que no tienen pensión. Sergio Fajardo habla de aumentar el programa Adulto Mayor de $ 85.000 a $ 500.000, pero esos recursos saldrían de una reforma tributaria. Federico Gutiérrez sostiene que entregará a los adultos mayores que no logren pensionarse $ 330.000 mensuales. Íngrid Betancourt es la única que habla de subir la edad de jubilación.

Actualmente, las AFP tienen recursos de los ahorros de sus afiliados y de la rentabilidad generada por cerca de $ 360 billones, un monto considerable que equivale al 30 % del producto interno bruto (PIB) y al 20 % del total de ahorros de los colombianos. De ellos, una buena parte corresponde a la rentabilidad; según Asofondos, el 70 %.

Más allá del destino de los recursos, el nuevo gobierno debe pensar en cómo ampliar la cobertura, porque solo uno de cada cuatro trabajadores accederá a una pensión. Hay que equilibrar más los dos sistemas, evitando las grandes diferencias entre ellos, y se debe pensar en aumentar la edad de jubilación, que hoy es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Este es un tema al que siempre se oponen las centrales obreras sin tener en cuenta el aumento en las expectativas de vida y el hecho de que en el sector público los empleados tienen la opción de trabajar hasta los 70 años. ¿Porqué esa discriminación con muchos trabajadores del sector privado que sí quieren seguir laborando?

El debate está servido. Ojalá las propuestas no sean populistas y para tener contenta a la galería, sino que consulten la realidad y se evite ir a los extremos, como Chile y Perú, donde el remedio puede ser peor que la enfermedad.