Tomás Straka: ¿Está a tiempo Venezuela de evitar la explosión?

Venezuela arde. Maduro se atrinchera mientras numerosos países desconocen la Constituyente. Los líderes opositores son encarcelados y la población teme por su futuro. ¿Se puede detener la espiral de locura?

Muchos venezolanos creían que el 30 de julio llegaría algo parecido al fin del mundo. La elección de una Asamblea Constituyente dotada de poderes absolutos lleva más lejos las sentencias que suspendieron el proceso de referéndum revocatorio a Nicolás Maduro en octubre del año pasado, y aquella que en marzo de este año disolvía en la práctica a la Asamblea Nacional en manos de la oposición. Es decir, dotaba por la vía judicial, de todo el poder a un gobierno que venía de una abrumadora derrota electoral y que según los sondeos no está en condiciones de ganar ninguna otra elección. Cien días de protestas, intensificadas desde que el 1 de mayo Maduro anunció la convocatoria a una Constituyente saltándose los pasos estipulados por la ley y los principios de la igualdad y la universalidad del voto, no lo detuvieron en su empeño. Tampoco lo hicieron los llamados de muchas naciones, las sanciones de los Estados Unidos o los intentos de negociación encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero. Con el apoyo firme de las Fuerzas Armadas, el 30 de julio se hicieron las votaciones. En la madrugada el Consejo Nacional Electoral anunció que algo más de ocho millones de personas habían participado de los comicios. Maduro se declaró ganador. Una Constituyente con todos los poderes está por instalarse y la mayoría de los venezolanos se preguntan angustiosamente qué es lo que vendrá.

Casi todos los analistas apuntan que se producirá un aumento de la conflictividad. Lo ocurrido el mismo día de la elección fue un muy mal presagio: el 30 de julio ha sido el más sangriento de los cien días que llevan las protestas, con dieciséis personas muertas en diversos acontecimientos. Dos días después, fueron nuevamente encarcelados los líderes opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López, hasta el momento en situación de arresto domiciliario. A esto se le suma el debate por la cifra de electores anunciada por el Consejo Nacional Electoral. Esos ocho millones de votantes han resultado muy difíciles de creer. Son casi tantos como la votación más alta obtenida por Hugo Chávez, justo cuando todos los sondeos indicaban un rechazo del 70% a la Constituyente y una intención de voto de sólo el 13%. Pero el gobierno tenía frente a sí el monumental acto de protesta del 16 de julio, cuando siete millones y medio de personas salieron a la calle a firmar contra la iniciativa de la Constituyente. La forma en la que ese acto le quitó legitimidad y se la dio a la oposición, puede medirse por la reacción internacional que desató. Necesitaba superarlos de alguna manera y el 30 de julio fue el momento para medir fuerzas. Todos los observadores imparciales coinciden en que perdió la competencia. Las estimaciones hablan de una participación de dos millones y medio de electores. Los más optimistas dicen que fueron cinco millones.

La consecuencia es que los gobiernos de Estados Unidos, Colombia, Reino Unido, Panamá, Brasil, Argentina, Paraguay, México, Costa Rica, Chile, Suiza y España, han decidido no reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Recientemente, la Unión Europea ha hecho lo propio. Una lista de veintiocho países más han manifestado su preocupación y muchos anuncian que aplicarán sanciones. Pero nadie ha ido tan lejos como la administración de Donald Trump. Primero le impuso sanciones financieras a trece altos funcionarios. Después, lo hizo directamente con Nicolás Maduro. Finalmente, ya ha anunciado que estudia imponer otras medidas, probablemente en el área petrolera. Los especialistas indican que Trump tiene un buen margen para moverse en esta dirección sin afectar los precios del combustible. Para explicarlo de forma muy simple: en su empeño de diversificar el mercado y disminuir la dependencia de Estados Unidos, Venezuela redujo progresivamente la venta de crudo a ese país, que hoy ronda los setecientos mil barriles. Sin embargo, como el resto de la producción se divide entre lo que se vende a otros mercados por convenios que no pagan de inmediato o no lo hacen en efectivo (Petrocaribe), o está ya hipotecada a China que pagó por adelantado, los barriles que van a Estados Unidos se volvieron cada vez más importantes ya que son los que producen flujo de caja. Además, no hay manera de hallar colocación para ellos en otra parte. Tal vez se logre con algunos, como lo consiguió ISIS o como lo hacen las mafias nigerianas a través de ciertos brokers, pero sería a un precio aún menor al existente y nunca en las cantidades suficientes (aunque tal vez sí para mantener rica a la cúpula y armar a las Fuerzas Armadas). Por el contrario, para Trump resulta relativamente fácil buscar otros proveedores o librar algo de su reserva estratégica (cosa que además le daría efectivo, que también necesita) porque desde hace tiempo compra menos petróleo venezolano. Queriendo ser menos dependiente de Estados Unidos, Venezuela obtuvo justo lo contrario.

Las sanciones planteadas hasta ahora son solo algunas del largo menú. Estas se extienden desde la posibilidad de no venderle gasolina a Venezuela – que por la situación de la estatal PDVSA debe importarla–, a no proveerle los disolventes para los crudos pesados y extrapesados que constituyen la mayor parte de sus reservas. Pero sobre todo pueden hacerle la vida imposible a la cúpula (y a muchos de los cuadros medios, porque ya se habló de sancionar a todos los que participaron en el proceso Constituyente) y las transacciones financieras del país. Los tenedores de bonos, pieza clave del financiamiento del Estado, y los socios mayores o menores en otros negocios, tienen razones para estar preocupados.

Aún es difícil saber cómo se moverán Maduro y sus aliados –especialmente Rusia–, o si la Constituyente dará algún paso para ganar algo del respaldo popular. De momento, el panorama es el de una Asamblea Constituyente sin una amplia base social y desconocida por muchos países (entre ellos, aquel que nos da los dólares de los que vivimos); un presidente declarado dictador por Estados Unidos; una oposición legitimada y mayoritaria, pero con pocos recursos para enfrentarse a las Fuerzas Armadas; una protesta social creciente, que responde a dinámicas autónomas a la agenda de la oposición; un conflicto que cada vez es más internacional y una situación económica y social que ya es enorme y sólo parece que se agravará, sobre todo si se imponen la sanciones. La combinación de todos esos gases inflamables es lo que viene ahora en Venezuela. Ojalá, como saben hacerlo los bomberos cuando hay fugas, alguien logre evitar la explosión.