Tres deportados en una semana

El diplomático y dirigente opositor Milos Alcalay fue impedido de ingresar a Managua y expulsado a Panamá por el gobierno de Daniel Ortega. Esta medida no sorprende a nadie. Por el contrario resulta “lógico” que un régimen construido con la ayuda política del gobierno venezolano, y con el soporte económico de sus dólares petroleros, corresponda agradecido a su financista violando los derechos de quien fuera Embajador en la ONU y de aquellos que le invitaron a participar en un encuentro de la Liga Mundial de la Libertad y la Democracia. Al fin y al cabo,  Ortega ha copiado el modelo venezolano del siglo XXI que permite monopolizar el poder, cercenar las libertades de propios y extraños y ser reconocido, a pesar de ello, como legítimo y democrático miembro de la actual  comparsa interamericana.

Lo que si podemos apreciar como dato preocupante en el asunto Alcalay, es la actitud del gobierno de Panamá. En ese país fue tratado como persona indeseable y deportado después de someterlo a total incomunicación.

Es cierto que el Presidente Juan Carlos Varela reanudó las relaciones diplomáticas y comerciales rotas el 5 de marzo de este año luego de los enfrentamientos entre Martinelli y Maduro.

El nuevo mandatario dejó de lado las consideraciones políticas, principistas o ideológicas, que dignamente defendió su antecesor, para darle prioridad al cobro de la gigantesca deuda contraída por Venezuela con la Zona Libre de Colón. Y por cierto, la P.D.V.S.A  roja-rojita busca en Panamá y en otros países que sean amigos, los bancos seguros para protegerse de las demandas que por varios miles de millones de dólares  cursan en su contra en instancias internacionales.

El pragmatismo del Presidente Varela se comprende, pues si algo demuestran gran parte de los gobiernos de América Latina, es el desapego por los valores y principios proclamados como soportes éticos y jurídicos de la comunidad internacional. Sin embargo, y a pesar de las anteriores consideraciones, lo que resulta increíble es la desproporcionada reacción frente al inesperado visitante, quien en contra de su voluntad arribó al aeropuerto internacional de Tocumén.

El maltrato sufrido por nuestro distinguido compatriota constituye un acto vejatorio contra un pacífico viajero, que en ningún momento violó las leyes ni observó una conducta inadecuada o irrespetuosa para con la autoridad panameña. Se trata de una figura pública ampliamente conocida en las cancillerías de América Latina y el mundo, y de un activo dirigente de la oposición democrática venezolana. No ignoraban los funcionarios de inmigración su condición y rango, ni los motivos políticos de la arbitraria medida del gobierno de Ortega. El trato respetuoso y el manejo adecuado y prudente de tan delicado incidente era, por tanto, la única actitud que correspondía al gobierno de un país democrático, civilizado y tolerante. Igualmente, es importante destacar que este tipo de decisiones no las toman funcionarios de mediano rango, sino que son sometidas a consulta con las instancias superiores de Cancillería y del Ministerio de Relaciones Interiores. Por ello, no es aventurado afirmar que, de manera consciente y para no despertar la iracundia de Maduro, la administración de Carlos Valera marcó clara distancia con la oposición venezolana.

Los otros deportados, son Lorent Gómez Saleh y Gabriel Vallés. Estos jóvenes líderes han sido figuras destacadas en la valerosa resistencia del movimiento estudiantil y popular de nuestro país. En este caso el atropello es más grave y condenable que el perpetrado contra el embajador Alcalay. A los jóvenes activistas se les califica como “peligrosos para la seguridad de Colombia”, se les detiene y expulsa y se les entrega al SEBIN, organismo policial que previamente notificado les apresa en el puente internacional Simón Bolívar.

Contrastando con el silencio de la MUD, en Bogotá distintos sectores han reaccionado con indignación frente a la actitud de Juan Manuel Santos y  de su Ministra de Relaciones Exteriores, y les señalan como responsables de lo que pudiera ocurrirle a Saleh y Vallés en la cárcel venezolana.

Quienes en Colombia se oponen a la injusta medida consideran ilegal y arbitrario el procedimiento utilizado, al no permitir a nuestros compatriotas defenderse de las graves y desproporcionadas acusaciones. Además consideran que la expulsión, aún si fuera justificada, al tratarse de dirigentes políticos opuestos a un gobierno que les persigue, tenía que haber sido ordenada hacia a otro país en el que no corrieran riesgo ni la integridad ni la libertad personal de los afectados.

Por otra parte, las declaraciones oficiales emitidas para justificar el procedimiento demuestran el rigor con el que se actúa contra los perseguidos del régimen madurista, y la magnitud del compromiso, o complicidad, de dos gobiernos que han decidido darse mutuo apoyo y estrechar mecanismos de colaboración en una agenda común, más amplia de lo que algunos quieren ignorar haciendo gala de aparente ingenuidad.

En Colombia Santos detiene y  entrega al SEBIN a los jóvenes dirigentes de oposición, a quienes no se les decomisa armamento, ni se les puede acusar de atentados violentos contra personas o propiedades en territorio colombiano. Por el contrario, en Venezuela Maduro no captura y tampoco expulsa hacia Colombia a narco- guerrilleros y delincuentes de ese país establecidos en nuestras fronteras, en donde controlan el tráfico de drogas, secuestran, extorsionan y asesinan impunemente. Tampoco Santos solicita su extradición, y desde el comienzo de su primer gobierno consolida la permanencia narcoguerrilera en Venezuela, al retirar la denuncia que su antecesor Uribe formuló en la OEA en donde demostró con pruebas irrefutables la existencia de numerosos campamentos de las FARC y ELN, que sirven de bases de entrenamiento de terroristas provenientes de distintas partes del mundo.

Vale la pena recordarle a la MUD, aunque no escucha nunca, que la canciller Holguín es en nombre de Santos y su gobierno, y como miembro de UNASUR, acompañante “de buena fe” en los congelados diálogos de paz. Quizás para no molestarla prefieren silenciar  el atropello, y marcar distancia con unos opositores que si consideran legítimo y democrático luchar para que Maduro se vaya.