Trump ante la justicia: un buen augurio para el estado de Derecho en EEUU

La primera acusación penal de un expresidente de EEUU ofrece lecciones importantes para el mundo y, más en concreto, para los aliados estadounidenses.

Estados Unidos tiene una constitución escrita y no escrita. La constitución escrita, adoptada en 1789, es interpretada y reinterpretada por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y la Corte Suprema de EEUU tiene la última palabra sobre el significado real de las palabras escritas. La constitución no escrita es un conjunto mucho más amplio de precedentes y entendimientos tácitos, de equilibrios alcanzados para preservar la paz.

Cualesquiera que sean los fundamentos del caso judicial contra el expresidente Donald J. Trump (el proceso legal en Estados Unidos determinará eso), acusar a un expresidente ha cruzado una enorme línea no escrita en la política y en la historia legal estadounidense.

Para su mayor crédito, los tribunales estadounidenses han juzgado y condenado durante mucho tiempo a políticos, en todos los niveles, por delitos. Pero, en general, los fiscales han perseguido a miembros del partido rival solo cuando la evidencia era tan convincente que pocos, en cualquier lado de la división política, debatieron los pruebas de su caso. Anduvieron con cuidado, para no ser acusados de parcialidad.

Los padres fundadores de Estados Unidos consagraron la doctrina de la «separación de poderes» en la Constitución de Estados Unidos. Esto fue diseñado para prevenir muchos abusos, incluyendo permitir que una mayoría política temporal procesara al partido minoritario en los tribunales penales. Las costumbres de los fiscales surgieron de la estructura de la propia constitución.

El presidente John Adams insistió en que Estados Unidos debe ser «un gobierno de leyes y no de hombres», consagrando un principio de neutralidad política de los tribunales.

Desde el nacimiento de Estados Unidos, los sucesivos presidentes se han asegurado de que un poder judicial neutral interprete y haga cumplir las leyes aprobadas por la legislatura e implementadas por la rama ejecutiva.

Es esta América que amamos y que inspira confianza en el mundo entero, basada en los principios de justicia, igualdad y estado de derecho, deben seguir siendo la base de la acción judicial: toda persona se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, y nadie está por encima de la ley.

Todo el mundo está mirando y es una lección de historia que ya no pertenece solo a los estadounidenses, sino que concierne a todo el mundo, especialmente a Israel en este mismo momento.

Ahora, consideremos a Israel y su propia constitución no escrita.

Si bien la relación entre EE UU e Israel a menudo se describe como un «vínculo inquebrantable», la tensión entre los gobiernos de EE UU e Israel nunca había sido tan palpable. Por supuesto, a lo largo de los años, los presidentes estadounidenses y los primeros ministros israelíes no siempre han estado de acuerdo. Pero los desacuerdos se expresaron en privado, porque Estados Unidos consideró unánimemente a Israel como un aliado excepcional como ningún otro y que debía seguir siéndolo.

Desde la declaración de independencia de Israel, en 1949, todos los inquilinos de la Casa Blanca coincidieron en que «la seguridad de Israel es parte de la de Estados Unidos» y que los futuros de EE UU e Israel están conectados, entrelazados y completamente unidos.

En primer lugar, la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo en que el Holocausto, con sus advertencias ignoradas y el abominable exterminio de millones de judíos, es una tragedia que nunca se puede permitir que se repita. De este modo, desde en su nacimiento, el Estado de Israel ha estado protegido y ha contado con el compromiso de Estados Unidos con su defensa de forma continua y entusiasta. Este compromiso honra a América.

En segundo lugar, y esto es de suma importancia, Israel fue y sigue siendo la única sociedad democrática de la región que se adhiere a los valores reivindicados por Estados Unidos para ejercer su liderazgo sobre el mundo libre.

El Gobierno de Netanyahu corre el riesgo de romper este pacto tácito.

Si irrita a la Administración Biden con su política actual, inspirada y alimentada por sus socios de coalición de extrema derecha, de enterrar cualquier solución política con los palestinos, no será la única causa de la crisis actual. Netanyahu ya ha seguido la misma política en sus gobiernos anteriores y las protestas de los presidentes estadounidenses, Clinton y Obama, no se han aireado abiertamente.

Esta vez, el presidente Joseph R. Biden habló públicamente sobre un asunto de política interna de Israel.

Esto simplemente no tiene precedentes en las relaciones entre los dos países: es un desacuerdo muy público con un líder israelí y se trata de una cuestión de su sistema judicial. La legislación propuesta por Israel debilitaría la independencia del poder judicial de muchas maneras, pero lo más importante sería que reduciría los poderes de la Corte Suprema para controlar y equilibrar las acciones del gobierno. Amenazará la cohesión y la seguridad nacional de Israel, ya que Israel enfrenta amenazas significativas de Irán y sus representantes en Siria, Líbano, Yemen, Irak y ahora en el norte de África.

En lugar de eso, y lo que es más importante, Netanyahu debe encontrar un camino a seguir, y puede hacerlo siguiendo el camino sabio que él mismo ayudó a abrir con sus vecinos árabes: los Acuerdos de Abraham.

Volviendo al espíritu de los acuerdos, animados por la idea de una prosperidad compartida que unificaría a los países árabes, rompería la resistencia de quienes se mostraban escépticos ante los acuerdos con Israel, al mismo tiempo que fomentaría una opinión pública árabe favorable a Israel.

Ese es el verdadero desafío de Netanyahu y, si puede resolverlo, consolidaría su legado histórico. No debe distraerse con pequeñas reformas que pueden destruir no solo cualquier idea de paz y prosperidad en la región, sino también amenazar la relación estratégica con EEUU.