Trump, Bolsonaro y la diplomacia: Cuando la justicia se convierte en moneda de cambio

La reciente amenaza del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 50 % a las exportaciones brasileñas, si el gobierno de ese país no levanta los cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro, representa mucho más que una maniobra económica o un gesto de respaldo a un aliado ideológico. Estamos ante un acto de injerencia directa en los asuntos internos de un país soberano, que degrada el comercio a un mero instrumento de chantaje y pone en riesgo no solo la institucionalidad democrática de Brasil, sino también el ya frágil equilibrio del orden internacional.

La amenaza plantea un intercambio inaceptable: justicia a cambio de impunidad, principios a cambio de favores. Se trata de una forma de presión que trasciende cualquier marco normativo y que, de prosperar, sentaría un precedente devastador.

Este tipo de intervención rompe la línea que separa la diplomacia legítima del intervencionismo autoritario.
Condicionar las relaciones comerciales al cierre de procesos judiciales equivale a tratar a cualquier Poder Judicial de cualquier país como una variable negociable entre jefes de Estado, diluyendo las fronteras entre los poderes del Estado y desnaturalizando la lógica misma de la justicia, que deja de ser independiente para volverse una herramienta subordinada a intereses políticos externos.

La presión no es simbólica: un arancel de esa magnitud tendría consecuencias severas sobre la economía brasileña, especialmente en sectores estratégicos como el agrícola y el minero. El mensaje es claro: o protegen a Bolsonaro, o pagan el precio.

Este episodio se inscribe dentro de una tendencia que Trump encarna con claridad: la instrumentalización de la política exterior como mecanismo para proteger aliados ideológicos, sin reparar en consecuencias éticas o legales. Ya lo hizo al condicionar la ayuda militar a Ucrania a una investigación contra el hijo de Joe Biden; ahora lo repite en América Latina con una presión sin precedentes sobre el sistema judicial brasileño. También forzó concesiones en territorios ucranianos, a empresas estadounidenses interesadas en explotar tierras raras, a cambio de gestiones de paz con Rusia, y recientemente amenazó con suspender la ayuda militar a Israel si su justicia no absuelve a Netanyahu.

En este contexto de creciente tensión diplomática y comercial, también anunció la imposición de un arancel del 30 % a las exportaciones de la Unión Europea y México, con entrada en vigor prevista para el 1 de agosto. Esta medida, superior a las tasas previamente anunciadas, refleja el aumento de la agresividad y la volatilidad de la política comercial estadounidense, con la advertencia explícita de que cualquier réplica por parte de la UE o México provocará un incremento adicional de los gravámenes. 

Ante esto, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, respondió con firmeza, asegurando que se protegerán los intereses europeos.

La ofensiva arancelaria no se limita solo a Europa y México, Brasil y Canadá también son objeto de represalias comerciales específicas. En el caso brasileño, el aumento al 50 % tiene una motivación claramente política: se trata de una represalia por el juicio contra Bolsonaro, acusado de participar en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. A México y Canadá, en cambio, se les impone aranceles del 30 % y 35 %, respectivamente, bajo el argumento de no combatir adecuadamente el tráfico de fentanilo, opioide responsable de miles de muertes en Estados Unidos.

Esta escalada pone en riesgo la relación comercial más intensa del mundo: la que existe entre la UE y Estados Unidos, con un intercambio anual cercano a los 870.000 millones de euros y un déficit estadounidense que ronda los 200.000 millones. Pese a los esfuerzos diplomáticos recientes, no se ha alcanzado un acuerdo antes del plazo fijado por Trump, quien ha postergado sucesivamente la entrada en vigor de esas medidas.

La amenaza trasciende lo económico y revela tensiones políticas profundas que socavan la estabilidad del sistema multilateral de comercio. En Bruselas crece la percepción de una relación cada vez más asimétrica, con Estados Unidos imponiendo condiciones y recurriendo a medidas coercitivas para doblegar a sus socios.

Para Brasil, esta situación genera una nueva fuente de tensión interna que podría debilitar aún más la ya frágil relación entre los poderes del Estado. El gobierno de Lula da Silva enfrenta una disyuntiva crucial: resistir y asumir las consecuencias económicas, o ceder y comprometer la legitimidad institucional del país.

En cuanto a Estados Unidos, esta política erosiona, aún más, su legitimidad global. La imagen de una nación que alguna vez se erigió como defensora del Estado de derecho y la democracia liberal se deteriora con cada acción que demuestra que sus principios pueden torcerse para proteger a un aliado o castigar a un adversario.

Cuando la principal potencia mundial actúa como si estuviera por encima de las normas, el sistema internacional basado en reglas pierde legitimidad, el mayor peligro se encuentra en que ese modelo se replique indiscriminadamente.

Si Trump logra condicionar decisiones judiciales extranjeras a sus intereses, otras potencias, como China, Rusia o incluso actores regionales, podrían adoptar la misma lógica.

Con lo cual la legalidad internacional se desmorona y la impunidad se vuelve parte del comercio exterior y los juicios dependen de simpatías políticas, degradando el orden multilateral, los tribunales pierden autoridad, y la diplomacia se convierte en un campo de extorsión.

En ese vacío, otros actores ganan protagonismo. China, que no impone condiciones políticas a sus aliados, aparece como un socio más predecible para gobiernos que priorizan la inversión sin fiscalización. Rusia refuerza su discurso de que el modelo occidental es hipócrita y estrecha lazos con regímenes que privilegian la lealtad sobre la legalidad. Turquía, Irán, Arabia Saudita y otras potencias intermedias observan con atención este nuevo escenario, donde la impunidad puede negociarse.

La respuesta de Lula da Silva no fue la confrontación verbal, sino la diplomacia activa. Convocó al cuerpo diplomático, reforzó vínculos regionales y abrió aún más la puerta hacia China, consciente de que, en un contexto de sanciones y presión, la única salida viable era diversificar alianzas. así mismo, cerró acuerdos con Pekín por más de 4.500 millones de dólares en áreas como infraestructura, litio, hidrógeno verde, semiconductores y trenes eléctricos. El yuan comenzó a ganar espacio en el comercio bilateral, en lo que muchos analistas ven como un paso hacia la desdolarización parcial del sistema internacional.

Brasil no solo resistió el arancel, lo convirtió en una oportunidad estratégica. Desde su rol como presidente pro tempore del bloque BRICS, transformó una amenaza unilateral en catalizador de una reconfiguración global. Aceleró negociaciones para establecer un sistema de pagos independiente del SWIFT, impulsó un fondo común para infraestructura y propuso una red de cooperación energética entre países del Sur.

El mensaje fue contundente: el Sur Global no tolerará más amenazas económicas por motivaciones políticas.

La amenaza arancelaria tuvo efectos inmediatos. El precio del café brasileño aumentó un 17 % en una semana. El acero y la carne fueron redirigidos a mercados como India y Vietnam. Empresas estadounidenses en Brasil solicitaron protección a sus embajadas. Las acciones de importadoras cayeron en Wall Street. Todo ello como consecuencia de un arancel sin justificación técnica, pero con enormes repercusiones geopolíticas.

En cuestión de días, Brasil pasó de ser blanco de presión a ejemplo de resistencia, dejando claro que la era del poder vertical está en declive. El Sur puede responder, puede construir, puede resistir sin aislarse y crecer sin someterse.

Y no está solo, desde Sudáfrica hasta Indonesia, desde México hasta Turquía, muchos países comienzan a reevaluar los costos de una relación excesivamente asimétrica con Estados Unidos. Si Trump insiste, es probable que su estrategia de sanción política vía comercio se repita. Y si eso sucede, más países podrían seguir el camino brasileño: no para confrontar, sino para reequilibrar.Tengo la impresión de que el conflicto entre Brasil y Estados Unidos no es un hecho aislado, forma parte de una transformación profunda. El orden liberal del siglo XX se resquebraja, y lo que emerge no es el caos, sino un nuevo mapa multipolar. Un escenario donde los países buscan márgenes de soberanía, donde el dólar pierde centralidad y donde los bloques regionales trazan sus propias rutas.

Brasil, en este nuevo tablero, ocupa un lugar central. No solo por su tamaño, su economía o sus recursos, sino por haber respondido con sensatez, firmeza y visión estratégica.
Las primeras reacciones internacionales no se hicieron esperar, desde Europa, especialmente en Francia y Alemania, surgieron críticas a la injerencia estadounidense y se reafirmó la importancia de proteger la autonomía de los sistemas judiciales. 

En América Latina, sectores políticos y académicos de México, Chile y Argentina siguen con atención el pulso entre Lula y Trump, conscientes de que una rendición brasileña podría abrir la puerta a presiones similares en sus propios países. En este caso, la defensa del orden institucional frente a la extraterritorialidad del poder político-económico podría convertirse en un símbolo.

No se trata solo de Brasil ni de Bolsonaro. El desenlace de esta confrontación marcará el tono de las relaciones internacionales en los años venideros. Si Brasil, la mayor economía latinoamericana, miembro de los BRICS y referente regional, logra proteger su soberanía judicial frente a una amenaza de tal magnitud, otros países podrían inspirarse en ese ejemplo. Si, por el contrario, cede, el mundo entrará en una fase de diplomacia coercitiva, donde la ley, los tribunales y la ética serán reemplazados por la capacidad de presión de los más poderosos.
Un mundo donde la justicia se negocia a cambio de aranceles no será más libre, ni más estable, ni más justo. Será más peligroso, más fragmentado, más sometido a la ley del más fuerte.

La injerencia de Trump no es una excentricidad aislada; es una advertencia de lo que puede venir si la política internacional se rige por la lógica del chantaje y no por el respeto a los principios.

Hoy es Brasil, mañana podría ser cualquier otro país. La democracia no se defiende con discursos, sino con límites claros. Y cuando esos límites se cruzan, no siempre pueden restaurarse. El siglo XXI aún no tiene dueño, pero ya tiene señales, y una de ellas es esta: el Sur ya no se calla.