Mientras VENEZUELA se ha hundido más y más en una crisis económica, política y humanitaria, sus vecinos de la región y los Estados Unidos le han dado la espalda, negándose a adoptar medidas colectivas significativas con el fin de presionar al régimen autoritario de Nicolás Maduro, en lugar de esconderse detrás de llamados al «diálogo» con la oposición democrática. Ahora, los líderes de la región están siendo claramente desafiados por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, quien dice que la estrategia ha sido un fracaso irresponsable y que la acción colectiva es imprescindible para restaurar la democracia venezolana. El gobierno de Obama ignoró al Sr. Almagro cuando hizo un llamamiento similar el año pasado. La administración Trump debería escucharlo.

El Sr. Almagro, ex canciller uruguayo, no es el fascista de extrema derecha que la propaganda de Maduro describe. Es, más bien, un demócrata liberal de izquierda que se ha comprometido con la defensa de la Carta Democrática Interamericana, un tratado adoptado por las 34 naciones  pertenecientes a la OEA en 2001 que prevé una acción – incluyendo la suspensión de la membresía en la OEA – cuando los Estados incumplen normas democráticas tales como las elecciones libres, la libertad de reunión y la libertad de expresión.

El régimen venezolano, dice un informe de 73 páginas emitido el pasado martes por el Sr. Almagro, «está en violación de todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana.» En sus propias palabras, su informe está «lleno de abusos, violaciones de los derechos, de las libertades civiles, políticas y electorales, pobreza, hambre, privación de libertad, tortura, censura, y todo un catálogo de violaciones de la dignidad política, social y personal «.

Incluso los defensores más serviles del régimen fundado por Hugo Chávez reconocen este descenso en el caos, que el Sr. Almagro dice ha producido una «crisis humanitaria. . . a una escala sin precedentes en el hemisferio occidental «. Durante el año pasado, el debate se ha centrado en qué hacer al respecto. El gobierno de Obama, junto con varios gobiernos latinoamericanos, respaldó firmemente una misión de mediación dirigida por tres hombres de Estado de izquierda a la cual más tarde se unió el Vaticano. Los líderes de la oposición, que habían estado demandando un referendo para remover a Maduro de su cargo, fueron objeto de una fuerte presión por parte de Washington para negociar con el régimen.

Como lo describe brillantemente el Sr. Almagro, la iniciativa del diálogo fue un fracaso absoluto. El gobierno no cumplió ninguna de sus promesas y en cambio aumentó la represión; la oposición terminó dividida y desacreditada. Concluye el Sr. Almagro: «No podemos permitir que la premisa de un falso diálogo continúe siendo utilizada como una cortina de humo para perpetuar y legitimar. . . lo que se ha convertido en un régimen dictatorial «.

El Sr. Almagro ha pedido al consejo permanente de la OEA suspender la membresía de Venezuela a menos que el régimen esté de acuerdo en celebrar elecciones generales en un plazo de 30 días, liberar a los presos políticos y establecer un canal para la asistencia humanitaria internacional, entre otras medidas. Sin dejar de reconocer los límites de tales medidas multilaterales para detener la caída del país, afirma que «la condena de sus pares es la herramienta más poderosa que tenemos.»

La suspensión requeriría una mayoría de dos tercios en el Consejo de la OEA, y Venezuela tiene influencia sobre una serie de pequeños estados, a los  que suministra petróleo a un precio con descuento. Sin embargo, una posición firme de la administración Trump podría hacer una diferencia. Trump debería alinearse con el jefe de la OEA, y con la causa de la democracia en América Latina.

Traducción: Marcos Villasmil

NOTA ORIGINAL:

The Washington Post

Trump has a chance to correct Obama’s mistake on Venezuela

Editorial Board

AS VENEZUELA has plunged deeper and deeper into a economic, political and humanitarian crisis, its regional neighbors and the United States have stood back, refusing to adopt meaningful collective measures to pressure the authoritarian regime of Nicolás Maduro and instead hiding behind appeals for “dialogue” with the democratic opposition. Now the region’s leaders are being bluntly called out by the secretary general of the Organization of American States, Luis Almagro, who says the strategy has been a feckless failure and that collective action is imperative to restore Venezuelan democracy. The Obama adminisration ignored Mr. Almagro when he made a similar appeal last year. The Trump administration should listen to him.

Mr. Almagro, a former Uruguayan foreign minister, is anything but the right-wing fascist that Mr. Maduro’s propaganda describes. He is, rather, a leftist liberal democrat who has committed himself to defending the Inter-American Democratic Charter, a treaty adopted by the 34 OAS nations in 2001 that provides for action — including the suspension of OAS membership — when states breach democratic norms such as free elections, freedom of assembly and free speech.

The Venezuelan regime, says a 73-page report issued Tuesday by Mr. Almagro, “is in violation of every article of the Inter-American Democratic Charter.” As he put it, his report is “brimming with abuses, rights violations, curtailment of civil, political and electoral freedoms, poverty, hunger, deprivation of liberty, torture, censorship, and the whole catalogue of violations of political, social and personal dignity.”

Even the most servile apologists for the regime founded by Hugo Chávez acknowledge this descent into chaos, which Mr. Almagro says has produced a “humanitarian crisis . . . at a scale unheard of in the Western Hemisphere.” For the past year, debate has centered on what to do about it. The Obama administration, along with several Latin American governments, strongly backed a mediation mission led by three left-leaning statesmen and later joined by the Vatican. Opposition leaders, who had been pressing for a recall referendum to remove Mr. Maduro from office, came under heavy pressure from Washington to negotiate with the regime.

As Mr. Almagro vividly describes it, the initiative was an abject failure. The government fulfilled none of its promises and instead increased repression; the opposition was left divided and discredited. Concludes Mr. Almagro: “We cannot allow the premise of a false dialogue to continue to be used as a smokescreen to perpetuate and legitimize . . . what has become a dictatorial regime.”

Mr. Almagro is calling on the OAS permanent council to suspend Venezuela’s membership unless the regime agrees within 30 days to hold general elections, release political prisoners and establish a channel for international humanitarian assistance, among other measures. While recognizing the limits of such multilateral measures to arrest the country’s slide, he says “peer condemnation is the strongest tool we have.”

Suspension would require a two-thirds majority on the OAS council, and Venezuela has leverage over a number of small states that it supplies with oil at a discounted price. But a strong stand by the Trump administration could make a difference. Mr. Trump should align himself with the OAS chief — and with the cause of democracy in Latin America.