Tulio Álvarez: El enterrador
Será que el difunto imaginó que el enterrador de su proyecto, Constitución incluida, iba a ser el mismo a quien le dio el testigo de la revolución y ungió como su sucesor más adecuado. En cierta forma el lógico desastre de Maduro se justifica en la cadena de infames errores de su predecesor. Pero conste que con esta afirmación no pretendo restarle méritos al felón.
Fijémonos que el Gran Usurpador anunció primero la convocatoria de una Asamblea Comunal Constituyente en la que las Comunas y los CLAPs se constituirían en los electores de los constituyentistas, en ese remedo propuesto como proceso constituyente. Parece que sus palabras fueron infelices, al menos en cuanto a la oportunidad de anunciar el juego, porque inmediatamente, los interpretes de su pensamiento, trataron de corregir para después disfrazar la intención en los decretos.
Pero lo dicho, dicho quedó, así como no se puede borrar el plan “Comuna o Nada. Chávez Vive” en el que el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales define las Comunas como entes identificados con el Partido Socialista Unido de Venezuela que tiene como una de sus tareas la organización de “mesas de acompañamiento”, coordinadas por un servidor público designado por ese ministerio, quien deberá impulsar actividades de “Homenajes a Hugo Chávez en el sector, barrio o el caserío, para rendir tributo al comandante eterno como inspiración de la Revolución Bolivariana” (página 16, del plan político estratégico comuna o nada, Chávez vive primera fase).
Tampoco se borra la realidad de que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPs) están integrados por unidades de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). En pocas palabras, el Gran Usurpador concibe los procesos constituyentes como procesos internos de su partido. Pero lo más escandaloso es la insistencia en la permanencia de la Constitución de 1999, cuando el artículo 347 de la misma indica en forma indubitable que el producto final de una Asamblea Nacional Constituyente siempre será una nueva Constitución. Esto implica que el enterrador eliminará el único elemento tangible de estas dos décadas; reivindicado por los desesperados militantes que hablan de democracia participativa, como si fuera un invento con derechos de autor garantizados.
Pero no solo destruirá lo que ellos insisten en llamar Quinta República sino que la propuesta se opone en perfecta sincronía con la Sexta anunciada. Me explico. Cualquier convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, necesariamente, debe ser sometida a referendo para que el pueblo se pronuncie en torno a si la aprueba o no. En ese referendo deben ser sometidas a la aprobación popular las bases comiciales que regirían la elección de los integrantes de la Asamblea, así como, el tiempo de duración de la misma. Luego de aprobada la convocatoria y bases comiciales se dá la elección popular de todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Que debe ser por sufragio democrático; es decir, libre, universal, directo y secreto.
Pero como el Gran Usurpador se autodenomina convocante, todo es distinto. Él solo tiene iniciativa para la convocatoria, esto es la facultad de iniciar el proceso constituyente, pero no es quien convoca a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. En lugar de que el pueblo apruebe las bases como se hizo en 1999, nombra la comisión de amigos en la que ni siquiera hay un profesor de derecho constitucional; menos aun quiere elección universal de los miembros o que se apruebe en referendo el texto final. No quiere ningún tipo de elección real.
Por eso, dicta los Decretos Nos 2830 y 2831 del 1º de mayo de 2017, publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6295, los cuales prevén una Comisión Presidencial para elaborar o aprobar las bases comiciales que permitirían la instalación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. También establece una Consulta como teatro para forzar un diálogo a conveniencia. Su pretensión es imponer unas bases de convocatoria propias de Regímenes Totalitarios de tipo fascista.
En los dos comunicados que la Cátedra de Derecho Constitucional aprobó los días 2 y 4 de mayo, el primero de los cuales sirvió de base al pronunciamiento de Luis Almagro, Secretario General de la O.E.A., se destaca lo que todo venezolano sabe. El Gran Usurpador colonizó la Defensoría del Pueblo, al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia. A la Asamblea Nacional, le ha impedido su funcionamiento y comprometido su viabilidad, a través de múltiples sentencias de la Sala Constitucional, desconociendo la soberanía popular. Como la Constitución actual no se lo permite, quiere enterrarla.
Lo tragicómico es que el Gran Usurpador culpa a la Constitución de su fracaso. En los considerandos del Decreto 2830 admite el incumplimiento sistemático de la Constitución; específicamente, justifica su Proceso Constituyente Sexto-Republicano en la búsqueda de “La Paz”, el perfeccionamiento del sistema económico hacia la “Venezuela Potencia”, la “ampliación de las competencias del Sistema de Justicia para erradicar la impunidad de los delitos (…) así como de los delitos contra la patria y la sociedad tales como la corrupción, el contrabando de extracción; la especulación; el terrorismo; el narcotráfico; la promoción del odio social…”, para solo mencionar algunos de los considerandos. Y lo hace precisamente él como enterrador de la paz, la economía y la Justicia.
Cómo desearía él volver atrás y borrar los dichos de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, máximo representante del Ministerio Público e integrante del Consejo Moral Republicano. Ella ha sostenido que “se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del orden del Estado” (31 de marzo de 2017), “quiero expresar mi profundo rechazo por el ejercicio de la violencia como arma política” (25 de abril de 2017), “no podemos pedir un comportamiento legal y pacífico a los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo a la ley” y que “no se puede pedir paz, si el gobierno está fuera de la Ley”(2 de mayo de 2017). Estas declaraciones se emiten en el marco de declaratorias inconstitucionales de Estados de Excepción, la prórroga abusiva de las mismas, la ruptura del orden constitucional; la brutal represión y la flagrante violación de la Soberanía popular.
Al dictar sus decretos comenzó la cuenta regresiva. Solo se sostiene por la represión de los cuerpos de seguridad del Estado y la violencia de los grupos paramilitares determinados, organizados, financiados y patrocinados por su régimen. Pretende colocarnos a todos a las puertas de una conflagración civil. El enterrador está dispuesto a hundir a su propia gente con él. Evoca a Hitler exigiendo a sus partidarios el suicidio. Pero ya hemos visto que su plan está fracasando estruendosamente. Los factores democráticos no se prestaran para su teatro. Falta saber si sus generales se van a inmolar con él.
Tulio Álvarez
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