Tulio Álvarez / Pase lo que pase: no hay salida electoral

Escribo contento por haber cumplido la promesa que me hice a mí mismo de no comentar u opinar sobre el evento convocado por el régimen para este 20 de mayo. Tampoco recomendé comportamiento alguno a los allegados que me plantearon un falso dilema. Considero que ya era suficiente con lo dicho en pasadas elecciones para formar criterio y que el foco del problema es distinto. En consecuencia, cualquier manifestación personal resultaría inocua y, aun peor, podría obstaculizar algún aporte para el día después.

Desde la perspectiva de la destrucción de la economía, la marginalización de la sociedad y la crisis humanitaria no habrá un nuevo amanecer después del simulacro, pase lo que pase. No se trata de la sustitución de Nicolás Maduro, ni siquiera se limita a la extirpación de esos tumores rojos y purulentos que han hecho metástasis en el sistema político y que algunos aun llaman revolución. Venezuela vive un deslave socio-cultural y una inversión de valores que nos está colocando al borde de la desintegración nacional. Entonces, un cambio de presidente, equipo de gobierno o partido no basta. Creo que está petición de principio ha debido ser la base de cualquier decisión estratégica pero, estemos claros, estos no son tiempos de racionalidad.

Otro elemento clave es la consideración de que aquí vivimos una crisis política en un enfrentamiento por la legitimidad entre el gobierno y la oposición. Falso de toda falsedad. Se trata de un pueblo que se enfrenta a un régimen autoritario con vocación total que viola sistemáticamente los derechos humanos, al punto de desconocer toda recomendación y decisión de los organismos regionales y mundiales, colocándose al margen de la ley internacional.

El único efecto práctico del teatro del 20-M es en el plano internacional. Efectivamente, a partir de esta fecha, el régimen de Maduro certificó por sí mismo que la crisis venezolana no tiene salida electoral y la comunidad de naciones toma nota de tal situación. La base de tan rotunda afirmación tiene fundamento en los siguientes antecedentes:

1. El fraude electoral inaugural ejecutado en el marco del referendo revocatorio del mandato de Chávez Frías el año 2004. Después continuaría una cadena de procesos fraudulentos que se prolongaría hasta la muerte del líder rojo.
2. La forma en que se celebró la tramoya de elección presidencial en abril de 2013, la inelegibilidad de Nicolás Maduro, dada su doble nacionalidad y condición de vicepresidente en ejercicio y el artero desmantelamiento de la protesta por el fraude, lo que implicó la entrega de un resultado que culminó con un supuesto resultado que favoreció a Maduro con 50.6% de los votos contra el 49.1% de Capriles.
3. La utilización del control institucional sobre el Estado para anular el resultado de la elección parlamentaria del 9 de diciembre de 2015. En este inusitado pero justificado resultado la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó 112 de los 167 escaños en el Nacional a pesar de todas las manipulaciones y ventajismos concebibles.
4. Inmediatamente se activa el plan B del Estado Forajido, el 30 de marzo de 2017, despojando de todo poder al Parlamento sobre la base de un desacato del órgano que representa al Pueblo de Venezuela a los dictámenes de la cofradía judicial del PSUV. También, en mayo de 2016, Maduro declara el estado de emergencia asumiendo poderes legislativos de facto, incluido el derecho a imponer medidas de seguridad en áreas más allá de lo económico.
5. Desconocimiento de las decisiones tomadas por el pueblo convocado en Asamblea Ciudadana, el 16 de julio de 2017, en el que cerca de ocho millones de venezolanos se activaron para manifestarse en forma vinculante contra el régimen y su plan de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
6. La inmediata irrupción el 30 de julio de 2017 de un remedo de Asamblea Constituyente convocada en contra de la Constitución y los parámetros básicos del Derecho Constitucional Democrático para terminar de usurpar los poderes legislativos. En el simulacro electoral el CNE certificó una votación de 8.1 millones representativa del 41.5% del registro electoral a pesar de ser un hecho notorio que un pueblo desarticulado pero hastiado de tanta miseria no participó en el proceso. Si fueron capaces de tamaña manipulación, a pesar de todas las evidencias, qué les podía impedir volver a aplicar tan cínico mecanismo más si cuentan con activa participación de candidaturas a conveniencia.
7. El 15 de octubre de 2017, el PSUV gana 18 de las 23 elecciones para gobernador con las mayores evidencias de fraude e, inclusive, dejando sin efectos la elección del Gobernador del Estado Zulia ante su negativa a someterse ante la ANC. A finales del año, el PSUV arrebata la mayoría de las alcaldías y la gobernación del Estado de Zulia. Además, el CNE aprovecha para obligar a reiterar el registro a los partidos que no participaron en las elecciones municipales, inhabilitándolos en la práctica. Esta estrategia coincide con la inhabilitación de los principales o más representativos candidatos opositores.
8. Y ahora, el sainete pretende imponer que volvieron a votar más de ocho millones de venezolanos. Prueba irrefutable de fraude.

Se evidencia de la relación de acontecimientos y del montaje que se produjo el 20-M que está cerrada toda vía electoral. Pero además la crisis humanitaria en Venezuela deriva en una masiva migración masiva que ha sido calificada por Shannon O’Neil, representante de Latin America at the Council on Foreign Relations, como la mayor crisis de refugiados en el hemisferio en la historia moderna. El número de refugiados venezolanos crece exponencialmente y, combinada a la actitud belicista del régimen y sus alianzas con el narcotráfico, pone en riesgo la paz y seguridad de la región. Esta grave situación ha sido confirmada por la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR y define un número aproximado de cuatro millones de compatriotas que han huido el país.

Mi convicción es que el manotazo dado hoy por Maduro lo termina de aislar pero, lo más relevante, define la imposibilidad de una salida electoral al colapso que vive Venezuela. Ante tal situación, bajo la aplicación de los artículos 1(3) y 2(4) de la Carta de la ONU, regulatorios de la promoción de derechos humanos y la posibilidad de actuar para solucionar una crisis humanitaria, está dado el supuesto de hecho para una intervención internacional en nuestro país. Una dolorosa situación que se torna inevitable ante la comisión de crímenes de lesa humanidad, delitos económicos transnacionales y la abierta violación de la ley internacional. Y que no quepa duda, los crímenes que se cometen en Venezuela serán juzgados, pase lo que pase.