Tulio Hernández: Una nación llamada despojos

No había terminado de diluirse el olor a pólvora en las calles de Caracas luego del enfrentamiento entre las bandas criminales de la Cota 905 y la Guardia Nacional, cuando otro conflicto armado, esta vez en Apure, viene a demostrar que el Gobierno ya ni siquiera puede preservar la seguridad y la integridad del territorio nacional. Por aferrarse al poder a como dé lugar, ha ido cediendo el control de la nación a los gobiernos autocráticos de Eurasia, a grupos terroristas colombianos y del medio oriente, y a mafias, bandas criminales y clanes del narcotráfico. Un país desmembrado espacialmente donde sus habitantes ya no se reconocen, entre sobrevivir o huir, solo quedan despojos.

La degradación moral y el carácter delictivo de la llamada revolución bolivariana han llegado al límite de exponer la vida de militares venezolanos en la tarea de proteger los grupos irregulares de la disidencia de las FARC dirigidas por Jesús Santrich, Iván Márquez y alias “El Paisa”.

Porque -toda la prensa especializada lo sabe- ese el trasfondo del enfrentamiento ocurrido, desde el pasado 19 de marzo, entre tropas del Ejército venezolano y grupos irregulares de la guerrilla colombiana en la frontera del estado Apure (Venezuela), con el departamento de Arauca (Colombia).

El gobierno del dictador Nicolás Maduro ha sido hasta el presente la gran alcahueta de los grupos guerrilleros colombianos -el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC- que siguen activos y se negaron a participar, o burlaron, el proceso de paz dirigido por Juan Manuel Santos.

La dictadura no solo permite su presencia en territorio venezolano, sino que los financia, apoya logísticamente y, tal como lo demuestra desde hace años la Fundación Redes, le asigna funciones de distribución de las bolsas CLAP; tareas de control dentro de los procesos electorales; entrada a las escuelas rurales para reclutar nuevos miembros; manejo de emisoras de radio fronterizas, y resguardo de comunidades indígenas de los estados Apure y Amazonas.

De modo que lo ocurrido desde la noche del 19, el enfrentamiento armado iniciado en las vecindades de la localidad apureña de La Victoria, no es producto de la decisión de liberar el territorio venezolano de la guerrilla colombiana sino una estrategia para sacar de juego a la disidencia de la “Nueva Marquetalia” como se autodenomina la guerrilla de Santrich.

La operación de las Fuerza Armadas Nacionales, que lideran el ministro Padrino López (nunca un apellido fue tan acertado) y el comandante estratégico operacional Remigio Ceballos, no es para combatir a la guerrilla en su totalidad, sino a un grupo de guerrilleros que adversan a Santrich, Márquez y “El Paisa”, los socios del gobierno de Maduro en el negocio de la droga y en la estrategia de desestabilizar a Colombia y al gobierno de Iván Duque.

Entre quienes disienten, sostienen varios medios colombianos, está el grupo de Gentil Duarte, aliado a Jorge Eliécer Jiménez Martínez alias “Arturo”, quien junto a Fabián Guevara Carrascal alias “Ferley” controlaban el territorio de Apure a la altura de Arauquita.

Sus campamentos son los que han sido atacados por la FANB. Es como si la policía de Estados Unidos, en un film de acción policial, atacara a la mafia rusa no para acabar con el delito sino para limpiarle el terreno de competidores a la mafia italiana.

El resultado de los enfrentamientos ha sido dramático para la población local que ha tenido que huir en estampida para no quedar crucificada en medio de la balacera. De acuerdo a las declaraciones del alcalde de Arauquita, Etelivar Torres Vargas, el municipio colombiano vecino, la mañana del lunes 22 habían llegado a los refugios abiertos, para recibir a quienes huyen, 168 venezolanos. A las 5 de la tarde ya habían arribado 1.200, y mientras escribo esta nota, miércoles 24 en horas de la tarde, el diario El Tiempo de Bogotá, publica una declaración de José Miguel Vivanco, Human Rights Watch (HRW), quien manifestó a través de Twitter su preocupación por los venezolanos que se desplazaron a Colombia huyendo de los enfrentamientos, en una cifra que  calcula ya ha llegado a tres mil.

La información oficial sobre la confrontación está saturada de hermetismo y, como siempre, de medias verdades, manipulaciones y fake news. La primera gran mentira, es la versión de que la operación militar, hecha con aviones de guerra K8, helicópteros y soldados en tierra, granadas y ametralladoras, que llenaron de pánico a la población apureña, fue una respuesta a grupos irregulares que trataban de ingresar a Venezuela desde Colombia.

Lo verdad es que todos los vecinos sabían, incluso portales internacionales como Infobae, que una semana atrás había movilización de militares y equipo de guerra a la zona controlada desde hace ya largos meses por un campamento de las FARC comandado por alias “Ferley”, en una zona conocida como Tres Esquinas.

Estamos ante una calamidad triple. Primero, para los venezolanos, que como si no fuera suficiente con haber tenido que emigrar de la Emergencia Humanitaria Compleja que azota a Venezuela desde el 2017, ahora tienen que huir, como los colombianos de otra época, por una confrontación bélica.

En segundo lugar, para las autoridades del municipio colombiano de Arauquita que tienen que tomar medidas de emergencia, abrir refugios, alimentar y atender sanitariamente a una migración inesperada. Y, en tercer lugar, para el gobierno colombiano, que ha tenido que movilizar tropas del Ejército, la Armada y la Aviación para proteger preventivamente su territorio.

No había terminado de diluirse el olor a pólvora en las calles de Caracas luego del enfrentamiento entre las bandas criminales de la Cota 905 y la Guardia Nacional, una escena de barbarie absoluta, cuando otro conflicto armado viene a demostrar que el Gobierno ya ni siquiera puede preservar la seguridad y la integridad del territorio nacional.

En las ciudades controlan, cada vez más, las bandas armadas. Por el oriente, Sucre, el territorio es dominado por los grandes clanes del narcotráfico. Por el sur oriente en Bolívar, por las mafias del oro y los garimpeiros que cometen el mayor ecocidio  en el llamado Arco Minero del Orinoco. Por el sur occidente la soberanía nacional está hipotecada por la presencia de elenos y faracos usando a jóvenes venezolanos como combatientes en una franja que incluye Amazonas, Apure, Barinas, Táchira y Zulia.

Y en el subsuelo, las reservas petroleras ya no son venezolanas sino un reparto entre chinos, iraníes y rusos. Por ahora, como soberano y propio, solo nos queda el espacio aéreo. Porque una buena parte de las reservas internacionales, que los chavistas convirtieron en barras de oro, están secuestradas en el Reino Unido. Y las empresas, algunas veces prósperas que tuvimos en el exterior, como Citgo en Estados Unidos y Monómeros en Colombia, están en una situación incierta que cualquier cosa con ellas puede ocurrir. Venezuela se desangra con cinco millones de sus pobladores desterrados. Y ahora se descompone espacialmente perdiendo su territorio por obra de una cúpula de gobierno conformada por civiles de ultra izquierda y militares golpistas que, por ambición e incompetencia, por aferrase al poder a como dé lugar, han ido cediendo el control de la nación a los gobiernos autocráticos de Eurasia, a grupos terroristas colombianos y del medio oriente, y a mafias, bandas criminales y clanes del narcotráfico que nos hacen cada vez menos nación, menos país y menos unidad territorial. Cada vez más despojos.